Fue intendente en Chubut, lo procesó Bonadío y quiere ser concejal "por los fueros"

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / Escuchá la entrevista) - Marina Martin, una ex concejal del Chusoto en Río Mayo, denunció que los concejales y el intendente de Río Mayo, Gabriel Salazar, están incumpliendo la ley de Corporaciones Municipales debido a que el jefe comunal, que no puede desempeñar el cargo desde el año 2016 tras haber sufrido un cuadro similar a un ACV, se postuló para concejal en una de las listas del PJ. A entender de la denunciante, el jefe comunal en uso de licencia médica buscaría sostener fueros políticos en virtud del procesamiento que pesa sobre él por parte del juez Claudio Bonadío, que lo investiga –junto a otros ex intendentes de la región- por la gestión en el manejo de fondos vinculados al programa GIRSU, para erradicación de basurales clandestinos.

Desde marzo de 2016, el intendente Gabriel Salazar sufrió un cuadro de salud que le impidió continuar desarrollando el cargo para el que había sido electo en diciembre de 2015. Por ello, se encuentra en uso de una licencia “por tiempo indeterminado”, por razones de salud, desde hace más de 3 años, por lo que el cargo es desempeñado por Gustavo Hermida. Este es concejal y al momento de los hechos se encontraba cumpliendo funciones en el Ejecutivo, como secretario del intendente.

El planteo que formula Marina Martin se vincula con lo que establece la ley XVINº46, ya que “si no está pudiendo cumplir ni puede terminar su mandato como intendente, tampoco puede ser candidato para ocupar otro cargo electivo. Además, hasta la fecha jamás ha presentado el certificado médico para justificar la licencia, ni tampoco presentó el certificado de alta”.

En base a esta situación, Martin intimó por carta documento a los integrantes del Concejo Deliberante de Río Mayo, para que presenten la documentación que dé marco legal a la situación, bajo apercibimiento de iniciar una denuncia judicial contra los ediles.

“Si el intendente presentó el alta médica, el lunes se tendría que presentar a cumplir sus funciones en forma normal”, plantea la denunciante.

Intendente procesado

En febrero de este año, el juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes como “partícipes necesarios” de un presunto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de tratamiento de residuos urbanos. Entre esos ex funcionarios, se encuentran Gabriel Salazar y también el actual diputado provincial electo por el PJ y ex intendente de Esquel, Rafael Williams.

Entre 2013 y 2015, 190 municipios se repartieron unos 600 millones de pesos destinados a financiar Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). El juez Claudio Bonadío investiga el destino real de esos fondos, por lo que entre junio y diciembre de 2018 pasaron por el juzgado casi un centenar de actuales y ex jefes comunales, funcionarios municipales y nacionales para presentar declaración, ante la sospecha de una posible malversación de fondos.

A entender de Marina Martin, la candidatura de Salazar en la lista de concejales que participará de las PASO el próximo 11 de agosto, en una de las listas del PJ, apuntaría a “mantener los fueros políticos” frente a dicha investigación de la justicia federal. “Todos sabemos que el juez Bonadío lo  procesó y están esperando que cesen los fueros para seguir la causa”, explicó la denunciante.

La destitución de otro intendente

Marina Martin fue concejal de Río Mayo en el período 2007-2011, por el PROVECH y se reconoce como militante dasnevista. En aquella gestión, que asumió con 21 años de edad, participó de un proceso que derivó, en agosto de 2009, en la destitución del entonces intendente, Rubén Fri, que había accedido al cargo por su mismo partido. El proceso fue realizado por incumplimiento de deberes de funcionario público y la destitución quedó firme, incluso confirmado luego por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.