Fuerte cruce entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich por la “ley mentira”

CAPITAL FEDERAL - El tuit inicial lo escribió Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación después de que Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, señalara que el llamado proyecto de “ley mentira” es inconstitucional: “EEUU, Alemania, Francia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Bulgaria e Italia. Estos son algunos de los países que aplican la ley en la que no se le puede mentir al juez. Lo que está mal @alferdez es mentir, es inmoral. Estos es verdadera Justicia”.

Un día después, Alberto Fernández respondió y aunque el tuit no muestra el tono, ‘suena’ enojado con la idea del Gobierno de establecer penas de un mes a cuatro años para quien en declaración indagatoria mienta. “Nadie está obligado a declarar en su contra”, se establece pero tanto Bullrich como el ministro de Seguridad, Germán Garavano, explicaron que no estar obligado a declarar en contra de uno mismo puede respetarse manteniendo silencio y no faltando a la verdad.

Fernández retrucó, también en redes sociales: “El Ministerio de Seguridad a su cargo deja que la policía mate por la espalda, la UIF espía a jueces y el Ministerio de Justicia limita el derecho de defensa en juicio. Eso es tan cierto, ministra, como que mentir está mal y es inmoral. Mándele un twit a Macri y recuérdeselo”.

A Bullrich le tomó unos minutos responder. “Su declaración sobre Seguridad es para defender a delincuentes, desproteger a las fuerzas federales acusándolos de asesinos, y mantener un sistema penal que avala la mentira. Con usted, los narcos y chorros, de fiesta. Mándele un tweet a @CFKArgentina y recuérdeselo”.

En el medio estalló una polémica entre el resto de los usuarios y los mensajes empezaron a viralizarse, a favor y en contra.

La polémica se generó luego de que el Gobierno anunciara un proyecto de ley para ampliar la ley de falso testimonio. En el proyecto que se presentó en medio de la campaña se prevé penas de prisión de un mes cuatro años a quien “siendo parte en un proceso judicial o procedimiento administrativo a sabiendas afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, en cualquier presentación oral o escrita hecha ante autoridad pública”.

El ministro de Justicia Germán Garavano también le contestó a Fernández. En declaraciones a Infobae aseguró que el proyecto “no limita en nada el derecho de defensa, es un proyecto de ley a debatir en el Congreso”. También dijo que “no parece muy democrática (esa declaración) cuando el nuevo código procesal apoyado por ellos ya elimina la indagatoria y no es necesario que declare el imputado”.

or su parte, fuentes de la UIF consideraron que se trata de “operaciones mediáticas falsas” y desmintieron “categóricamente" las insinuaciones sobre un supuesto involucramiento en tareas de espionaje. “La UIF de Argentina no hace espionaje, es un organismo encargado de investigar sospechas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Para ello, recibe información de fuentes locales e internacionales y cuenta a su vez con facultades legales para requerir información sobre las operaciones sospechosas que se encuentre analizando”, dijeron.

También explicaron que “la UIF tiene por ley el deber de guardar secreto sobre sus investigaciones y no revelar su existencia ni contenido a ningún tercero, menos aún a quienes puedan ser objeto de las mismas”. Consultadas las fuentes al respecto, dejaron trascender que el juez que inició la investigación presentó un requerimiento al organismo buscando saber si la UIF lo estaba investigando.

Las diferencias en materia penal no son nuevas. El kirchnerismo acusa de aplicar “la doctrina Chocobar” y avalar “el gatillo fácil” a los funcionarios del Gobierno. Esta semana además hubo otras dos polémicas, la primera la inició Axel Kicillof, candidato a gobernador, al señalar que en Buenos Aires hay quienes se dedican al menudeo y venta de drogas tras haber perdido el empleo. Luego Victoria Donda, candidata a diputada nacional, defendió a un vendedor callejero a quien la policía le solicitaba documentos. Según se informó luego, el joven tenía antecedentes penales. La posibilidad de que se pida DNI en la estación Constitución fue otro germen de polémica entre el Gobierno y el peronismo K.