“Como ministro, siento satisfacción porque va en línea con el discurso público del gobernador Torres y las medidas que se han tomado para acabar con el delito (reforma al Código Procesal, Ficha Limpia, etc), entre los que la corrupción es el más grave”, señaló, en diálogo con el programa ‘Me invitó un amigo’, que se emite por Seta TV y ADNSUR.

“Una condena a funcionarios corruptos siempre es motivo de festejo -añadió-. Como fiscal que investigó la causa, me siento muy feliz porque he trabajado mucho con esta causa, porque cuando empecé me quedé sin equipo y trabajé solo. La sentencia de hoy reconforta y da ánimo, con un mensaje a la comunidad de que el funcionario que, en lugar de tutelar el patrimonio de la sociedad, lo quiere hacer propio, va a tener la sanción respectiva”.

Iturrioz consideró que el caso será paradigmático, al recordar que el fiscal Olazábal dijo que lo ocurrido durante el juicio corroboró que las penas a aplicar tendrán que ser de cumplimiento efectivo, tal como reflejó esta agencia semanas atrás.

“EL TRIBUNAL VA A DAR PENAS MÁS CERCA DE LOS 6 AÑOS DE PRISIÓN”

“Pareciera que las penas de cumplimiento efectivo de prisión están reservadas para aquellos de condiciones económicas menos favorecidas de la sociedad, pero el gran mensaje que deja esta sentencia es que no hay diferencia en cuanto a la condición socio económica de quienes delinquen. Ojalá que la pena sea de cumplimiento efectivo”, expresó el ministro.

“Quien aprovechó la oportunidad para hacerse de recursos económicos, más si esa persona había jurado defender los intereses de la sociedad, la sanción debe ser al máximo -apuntó-. Estoy seguro de que la sanción va a ser más cercana a 6 años de prisión (el máximo) que a los 2 años”.

Iturrioz valoró el trabajo del fiscal Cristian Olazábal, al tiempo que insistió en que “las penas deben ser mucho más severas con los funcionarios que con los empresarios, porque si hay funcionarios probos, no hay corrupción”.

Finalmente, anticipó su expectativa de que en el futuro cercano, en la discusión legislativa se eleven los montos mínimos y máximos de años de prisión para delitos vinculados a la función pública.

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