Jueces cuestionaron “la conducta política” de quienes ratificaron el veto a la ley de financiamiento universitario
Los magistrados cuestionaron duramente la decisión de los diputados nacionales.“Se priorizó la visión economicista del gasto público, relegando la inversión presupuestaria en el sistema educativo universitario, lo que traerá consecuencias perjudiciales", lamentaron.
Con 84 votos a favor, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró el miércoles mantener el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. Hay más de 10 universidades en todo el país tomadas en forma de protesta y los docentes universitarios llevan adelante hoy un paro total de actividades.
Desde el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) , manifestaron a través de un comunicado su “preocupación y malestar ante la conducta política y social de las/os diputadas/os nacionales que con su voto negativo, con su abstención o con la no concurrencia al recinto legislativo convalidaron la amenaza de desfinanciamiento de la educación universitaria estatal”.
En el texto del comunicado, advirtieron sobre las consecuencias de esta decisión y que podrán generar una “catástrofe educativa”, ya que significara directamente una falta de recursos para la educación universitaria . “Tendrá consecuencias directas sobre el nivel educativo, y sobre estudiantes, docentes y no docentes, además de impactar negativamente en la movilidad social ascendente, que ha sido una de las características esenciales del acceso a la universidad estatal en nuestro país”, afirmaron.
De esta forma, las juezas y jueces ratificaron la postura que habían manifestado en su declaración del pasado 2 de octubre, cuando pidieron al presidente de la Nación que promulgara esta ley y exhortaron al Congreso a no convalidar un veto.
“Asistimos a la vulneración de un derecho social esencial como lo es la educación, mediante conductas de representantes legislativos electos”, lamentaron desde el Capítulo Argentina de COPJAU.
Finalmente, lamentaron que “se priorizó la visión economicista del gasto público, relegando la inversión presupuestaria en el sistema educativo universitario, lo que traerá consecuencias perjudiciales en un contexto social económicamente incierto, con índices desfavorables de pobreza”.
El Capítulo Argentina de COPJU está encabezado por César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, Misiones. Lo acompañan el vicecoordinador Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el secretario Maximiliano Francisco Benítez, defensor general de la provincia de Entre Ríos; y las y los vocales María Alejandra Villasur García, jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); Mariana Beatriz Pucciarello, defensora ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA; Rómulo Rubén Abregú, asesor de incapaces de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; y Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA.
Con información de Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), editada y redactada por un periodista de ADNSUR