La falta de clases acentúa la desigualdad entre los alumnos de Chubut: gremios y gobierno en una negociación que parece ir a otro fracaso

RAWSON (ADNSUR) - El presente de Chubut es negro desde hace mucho tiempo, pero cuando se observa lo que está ocurriendo con la formación educativa de nuestros chicos en los últimos años, es lícito preguntarse si hay motivos para creer que el futuro que nos espera será mejor. 

Como provincia, estamos haciendo todo lo posible para condenar a nuestros hijos a un futuro de ínfimas posibilidades. Presos de un sistema absolutamente perverso y mezquino, los chubutenses del mañana deberán remar contra la corriente para paliar las desventajas que tienen frente al resto del país, e incluso dentro de nuestros límites, porque se acentuaron las diferencias entre los sectores que pueden pagar sus estudios y una gran mayoría que queda fuera del sistema.

La escuela pública cumplió en nuestro país desde el siglo XIX el rol de un elemento igualador, que hoy se ha perdido totalmente. Así se verifica en el éxodo de alumnos a las matrículas de las escuelas privadas, como consecuencia de padres que habían apostado a esa educación estatal de antaño, y que ahora huyen despavoridos para tratar de que sus hijos recuperen el tiempo perdido. 

Ante esta realidad, se repiten acusaciones de unos contra otros apuntando con el dedo a los responsables, mientras no aparecen las soluciones, y es evidente que el problema va a continuar. Por incumplimientos salariales, los auxiliares decretaron este viernes un nuevo paro, precisamente el día que debían abrirse las escuelas, mientras que los docentes vienen de retenciones de servicios desde hace años. 

Todos reclaman que se les paguen los salarios atrasados, y además piden un nuevo incremento salarial, en una provincia que no puede pagar los haberes acordados en 2019. Si los responsables sindicales no aprenden de los errores del pasado y vuelven a exigir cláusulas de imposible cumplimiento, el futuro de los chicos continuará hipotecado. Para salir del atolladero, hace falta una dirigencia que esté a la altura de la crisis que vive la provincia.

Respecto a la responsabilidad que le cabe al gobierno, hay que decir que en su entorno reconocen que no tienen la menor idea de dónde van a sacar el dinero para pagar lo que deben hacia atrás, al tiempo que por lo bajo se quejan de que los maestros siguen cobrando todos los meses sin trabajar, pero no se animan a tomar cartas en el asunto. Esta semana continuará un diálogo de oídos sordos, en el que nadie quiere escuchar al otro. Mientras tanto, los chicos deberán seguir esperando, y viendo cómo se esfuma su futuro.

Y nos estamos centrando solamente en el daño al porvenir de quienes no podrán acceder al conocimiento, sin mencionar el daño psicológico y hacia adentro del funcionamiento de cada familia por la falta de clases presenciales, de una rutina diaria, de un contacto social entre los mismos alumnos. 

Estas consecuencias se verifican ya mismo, con cuadros depresivos en muchos pibes que se agravaron desde el inicio de la pandemia. Ocurre que sería complejizar aún más el análisis hablar de la pandemia, los protocolos, la limpieza, y las estrategias para evitar futuros contagios. Porque más allá de que todo esto existe y es real, los chubutenses sabemos bien que nuestro problema es otro, más profundo que el Covid, y viene desde hace años.

CRÓNICA DEL DESASTRE EDUCATIVO

En Chubut, más allá de que los reclamos salariales no son nuevos y podríamos repasar hacia atrás hechos significativos que afectaron el dictado de clases incluso llegando a los gobiernos radicales, podríamos circunscribir la gravedad del problema a niveles alarmantes a partir de 2018, cuando Mariano Arcioni hacía pocos meses que había tomado el poder luego de la muerte de Mario Das Neves, en una provincia agobiada por las deudas.

En aquel año se perdieron casi la mitad de los días de clases por un paro fuertísimo en reclamo de paritarias por aumento salarial, en medio del inicio del “pago escalonado”, con marchas multitudinarias y carpa de gremios estatales. El ciclo escolar terminó “a los ponchazos”, sin recuperar los días de clase perdidos y mucho menos los contenidos.

En 2019, año electoral, el primer semestre fue normal porque se cerraron aumentos del 40 % al básico y una cláusula gatillo actualizada con la inflación de manera trimestral, que fue imposible de pagar desde el vamos, a partir de julio. Desde agosto volvió el pago escalonado y el segundo semestre fue desastroso, ya que se perdió toda la última etapa de clases. 

En el medio, el fallecimiento de dos docentes en un accidente, la furia expresada en los incendios de Legislatura y Casa de Gobierno, y un fin de año para el olvido: cuando el gobierno se había animado a aplicar descuentos por los paros (se pagaba apenas 20 días tarde, algo que hoy parece una utopía), la represión contra una marcha se llevó puesto al entonces Coordinador de Gabinete, Federico Massoni.

El nuevo ministro de Educación, Andrés Meiszner (antes habían pasado Graciela Cigudosa con escándalo judicial de por medio, y un breve intervalo de Leonardo De Bella) decidió dar marcha atrás con los descuentos –mostrando un gobierno sin firmeza en las decisiones- y el mensaje de “acá no ha pasado nada”, con otro fin de ciclo lectivo sin recuperar días perdidos ni contenidos.

Y ni hablar de 2020, año totalmente perdido para la escuela pública, en el que ya antes de la pandemia, la dirigencia docente había anunciado que no se iban a iniciar las clases en marzo (a pesar de que ser el único sector del estado al que se le habían depositado los retroactivos de la cláusula gatillo). Para colmo de males, llegó la cuarentena que dejó en suspenso el dictado de clases hasta que se implementó el sistema de clases virtuales por Classroom. 

Como la demora en el pago de salarios se acentuó, la mayoría de los maestros continuó con las retenciones de servicio, por lo que algunos alumnos tuvieron algo de clases y otros nada, y se terminó el ciclo lectivo sin saber cuál era la evaluación de las materias. Por lo tanto, se llegó a 2021 sin desaprobados, y hay un mensaje dentro de cada escuela de que pasan casi todos de año sin acreditar nada, salvo aquellos que terminan la primaria y la secundaria.

LA TRIPLE DESIGUALDAD

Todo el resumen expresado anteriormente, viene a cuento para analizar el terrible panorama que muestra la educación de Chubut, que se convirtió como dijimos en una provincia que condenó a sus pibes -que es obvio decir que no tienen absolutamente ninguna culpa en todo esto-, a tener que afrontar un futuro en total desventaja. Y esto es así porque no van a tener igualdad de oportunidades con el resto, una desigualdad que para muchos chicos, será por partida triple.

Primera desigualdad: los alumnos de las escuelas públicas de Chubut hace tres años que no tienen clases de manera normal, lo que los pone en una enorme desventaja a futuro con sus pares del resto del país que en estos años desarrollaron el ciclo lectivo con todos los contenidos. Las consecuencias ya comenzaron a sufrirlas los egresados de los últimos años al intentar acceder a las universidades o al tratar de ingresar al mercado laboral. Y esto será aún peor en lo que viene.

Segunda desigualdad: dentro de la misma provincia del Chubut, los alumnos de escuelas públicas quedaron en evidente desventaja contra el mínimo porcentaje de los alumnos que pertenecen a las familias que pueden pagar la cuota de las escuelas de gestión privada, en las que –con algunos matices- en general se cumplió con los días de clases. 

El resultado inevitable a futuro será que esto aumentará aún más la brecha de oportunidades entre ricos y pobres a futuro, condenando a los hijos de los sectores medios o bajos, o a las familias que habían decidido apostar a la educación estatal. El conocimiento se convirtió en privilegio de unos pocos, mientras la inmensa mayoría pasa de año sin saber prácticamente nada.

Tercera desigualdad: se observa desde el año pasado y cada vez en mayor número dentro de la comunidad de la misma escuela pública, y consiste en que muchos padres, desesperados ante la inminente pérdida de otro ciclo lectivo, se organizan en grupos para contratar a los mismos docentes que están de paro para pagarles una jugosa suma extra “por afuera”, para que los chicos no sigan perdiendo el tiempo y avancen con el programa, algo sólo accesible a quienes pueden contar con esa posibilidad económica. 

Proliferan en estos días estos grupos de Whatsapp preguntando quién suma a su hijo a estas clases informales, por izquierda, y costosas. Una locura, que es una muestra más de lo mal que estamos como sociedad, naturalizando lo que es totalmente anormal.

¿UN CALLEJÓN SIN SALIDA?

Llegados a este punto, tenemos que ser sinceros con nuestros lectores, y hablar de las sensaciones –basadas en información, y no en intuición- respecto al futuro de esto que se dio en llamar pomposamente una “Mesa de Diálogo” a través del anuncio del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en su visita a Rawson. 

La verdad es que se había generado tal expectativa en la convocatoria, que el gobierno se encargó desinflarla ya desde el vamos, al sentar a la reunión únicamente a la ministra de Educación, Florencia Peratta, sin ningún otro actor político del gabinete.

Los gremios esperaban al ministro de Gobierno, José Grazzini, y al de Economía, Oscar Antonena, para hablar de números. La opinión pública creía que el Ejecutivo iba a tirar toda la carne al asador a dos semanas del inicio de clases para destrabar el conflicto. Sin embargo, después de un largo cuarto intermedio, el resultado después de una reunión de cinco horas fue una vaga propuesta de igualar la deuda dentro del sector educación a 30 días, pagando la masa salarial pendiente de diciembre al tercer y cuarto rango, pero sin especificar cómo ni cuándo. 

Es decir que aún no hubo propuesta para los auxiliares, con quienes habrá otra reunión aparte. Además, en el acta se planteó -increíblemente en una provincia que no puede pagar una deuda que se fue acumulando desde hace dos años- la exigencia de discutir un nuevo aumento salarial.

Los gremios unificaron su reclamo: se debe pagar todo lo pendiente y se debe negociar un aumento. Dos condiciones absolutamente imposibles de cumplir para el gobierno, porque primero debería reunir más de $ 12.000 millones en 15 días (pensando en todos los trabajadores estatales con el aguinaldo de diciembre incluido) y segundo debería comprometerse a pagar un aumento que sabe que no va a poder pagar y que además, a la hora de ir a pedir préstamos, se comprometió con Nación que no iba a dar.

Y si los gremios unificaron el planteo, ahora el desafío del gobierno es unificar su discurso, porque la propuesta de la ministra Peratta fue todo lo contrario de lo que había dicho públicamente el ministro José Grazzini: en la reunión del viernes se ofreció un pago de la deuda a nivel sectorial, cuando el titular de Gobierno había asegurado que cualquier oferta iba a ser general para todo el Estado. 

Salvo que haya que esperar ahora que se haga la misma propuesta a los otros sectores, lo que implicaría salir a buscar plata para pagar además a los judiciales, los legislativos, los viales, y los trabajadores de servicios públicos. Hasta el momento, esto no quedó claro, porque reina el silencio oficial.

Quienes conocen al ministro de Economía, Oscar Antonena, aseguran que ya comentó puertas adentro que no es proclive a que Chubut tome un nuevo endeudamiento (hay que recordar que para pagar la última masa salarial se tomaron letras por $ 1.035 millones), y se cree que si asiste a una reunión con los gremios va a plantear que el esfuerzo debe hacerse entre todos. Por otra parte, fuentes oficiales descartaron la la versión que circuló en las últimas horas de un supuesto ATN conseguido por el ministro Trotta para los docentes de Chubut.

Pasaron cuatro meses consecutivos en los que se viene pagando a los estatales una masa salarial completa, ya no de manera escalonada. Queda pendiente hacia atrás dos sueldos para los rangos más altos y un sueldo para el 60 % de los empleados, más el medio aguinaldo de diciembre para todos, y el retroactivo de varios sectores. Los miembros del gabinete que hablan con esta columna coinciden en una queja común: “los docentes siguen cobrando cada 30 días y no van a trabajar, y pretenden que nos endeudemos para pagarles a ellos sin garantizar el dictado de clases, sin hacerse cargo de la responsabilidad que tienen como maestros”.

Algunos de los funcionarios se animan a cuestionar por lo bajo la falta de decisión de no descontar días, porque reconocen que esto no va a cambiar. “¿Qué docente va a salir de la posición cómoda que tiene hoy, cuando cobra el sueldo todos los meses igual, vaya a o no vaya a dar clases? Si no aplicamos medidas drásticas, va a ser otro año perdido”, admite un miembro del equipo de gobierno. 

Si este planteo llega a la mesa de negociación, explotará todo por los aires, ya que la respuesta será que no hay ninguna comodidad en que se hayan acumulados dos sueldos y medio de atraso, lo que generó deudas y una pauperización de la vida cotidiana de los agentes públicos.

Con estos posicionamientos, no parece haber demasiada expectativa sobre el resultado de las reuniones que continuarán a partir del lunes. Si bien lo destacable es que el diálogo está abierto, está claro que todo depende de una inyección de fondos que hoy no existe. 

Ojalá nos equivoquemos, y éste sea el año del despegue de la educación en Chubut. Pero los actores siguen siendo los mismos que provocaron el desastre: los mismos nombres, los mismos planteos, los mismos intereses. Y en ese contexto, queda claro que los alumnos de Chubut no son prioridad para nadie, y no hay dudas de que son los más perjudicados en esta historia.