La Legislatura aprobó la toma de un préstamo de 200 millones de dólares y la oposición habló de “cheque en blanco”

La Legislatura del Chubut dio ingreso a la Ley de Emergencia Económica y aprobó la Ley de Obligaciones Tributarias para 2024, y en el tema central del día, aprobó este jueves la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar un préstamo de hasta 200 millones de dólares para destinarlos al pago de compromisos de deuda y a completar o iniciar obra pública nueva.

Fue luego de un extenso debate en el que el oficialismo pidió un voto de confianza y herramientas al nuevo gobierno para resolver la crisis financiera y justicialismo cuestionó falta de información y transparencia.

La votación fue por 19 votos del bloque Despierta Chubut (16), el Pich (2) y Familia chubutense (1), y 7 votos negativos, 6 del bloque de Arriba Chubut, con la ausencia de la diputada Wiilliams y uno del Frente de Izquierda.

El texto de la ley aprobada es el siguiente:

Artículo 1º: Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público, incluyendo sin limitación emisiones de títulos de deuda, contrataciones de préstamos y/o el otorgamientos de avales, fianzas y garantías por hasta la suma de dólares estadounidenses doscientos millones (U$S 200.000.000), o su equivalente en otras monedas, como así también consolidaciones, conversiones, renegociaciones, refinanciaciones y/o canjes de deuda, en los términos y condiciones que establezca conforme el artículo 3 de la presente Ley.

Artículo 2º: Los fondos obtenidos mediante las operaciones de crédito público autorizadas por la presente Ley serán afectados: (i) al repago de los servicios de la deuda originados en, y/o a la realización de operaciones de administración de pasivos con relación a, el Bono para Obra Pública y Cancelación de Deudas de Chubut con vencimiento en 2030 (“BOCADE”) y otras deudas por operaciones de crédito público de la Provincia; y/o (ii) al financiamiento o refinanciamiento de obras públicas nuevas o en ejecución.

Artículo 3°: Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, a realizar todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley, incluyendo, sin limitación:

a) la realización de las operaciones de crédito público autorizadas en la presente Ley y de todas las emisiones de títulos de deuda necesarias para instrumentarlas, incluyendo las operaciones de consolidación, conversión, renegociación, refinanciación y/o canje de deuda de los títulos públicos existentes y sus garantías.

b)  la realización de los trámites correspondientes y la suscripción de la documentación necesaria a fin de instrumentar las operaciones de crédito público que se detallan en la presente Ley.

c) la afectación en garantía, cesión en pago y/o en propiedad fiduciaria de los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o el régimen que en el futuro lo reemplace, y/o de las regalías hidrocarburíferas, y/o de cualquier aporte especial, y/o de cualquier canon extraordinario de producción, y/o del Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable, y/o los recursos propios de libre disponibilidad, en todos los casos netos de coparticipación a los municipios, a efectos de instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas en la presente Ley.

d) la inclusión en la normativa y en los documentos pertinentes necesarios para instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas en la presente Ley, de la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, la determinación de la ley aplicable a las operaciones de crédito público autorizadas por la presente norma incluyendo leyes extranjeras, la renuncia a cualquier inmunidad soberana y/o defensas de no justiciabilidad y/u otros compromisos habituales para operaciones con títulos en los mercados internacionales.

e) el dictado de las normas que establezcan los términos y condiciones de las operaciones autorizadas por la presente Ley, incluyendo pero no limitándose a la determinación del monto del endeudamiento y su destino, dentro del monto total y destino de financiamiento fijado en la presente Ley, así como la fecha de emisión, amortización y tasa de interés aplicable, moneda de denominación, suscripción y pago, plazo y/o garantía, entre otros.

Artículo 4°: Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar todas las normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias que fueran necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 5°: Todos los actos, contratos y operaciones que se realicen como consecuencia de lo dispuesto en la presente Ley se encontrarán exentos del pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales existentes y a crearse en el futuro.

Artículo 6°: Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer las modificaciones o adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley, en el marco de lo previsto por la Ley de Administración Financiera (Ley II Nº 76).

Artículo 7°: Declárese la presente Ley de orden público.

Artículo 8°: La presente Ley entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 9°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Debate

El debate fue iniciado por la miembro informante del oficialismo, Jaqueilne Caminoa, quien dijo que el proyecto se origina en “el endeudamiento de gestiones anteriores y obras a financiar especialmente en materia educativa” y sostuvo que “a este gobierno le cae la estructura de la deuda, es una complicación grande, los vencimientos empiezan a jugar en contra de las finanzas provinciales”.

Explicó que “la principal es la del Bocade de 2016 luego reestructurada, que patea vencimientos pero no ha bajado el capital de esa deuda” y “desde 2016 solamente se ha pagado un 23 % y debemos más del 76 %”.

En 2024 “se inician algunos vencimientos, el primero es de 34 millones y será una constante trimestral durante este año” dijo Caminoa, agregando que “también el Tidech tiene un vencimiento de 7 millones”.

“También preocupa la deuda con el fondo Fiduciario que se ajusta por inflación. Vence este año por lo que debería pagar el total de la deuda, esto dificulta llevar un salario digno a los trabajadores”, concluyó, a lo que pidió que luego se leyera un extenso informe técnico elaborado desde la comisión con “un técnico” asesor.

Por su parte, el oficialista Luis Juncos dijo “tenemos una deuda generada por gestiones anteriores que ha ido complicando la cuestión financiera en los últimos años, la deuda se ha ido refinanciando y generando compromisos”.

Planteó “no podemos esquivar la responsabilidad que tenemos todos, de darle los elementos al gobierno entrante para que pueda salir de esta difícil situación” e insistió “tenemos la obligación de darle esta herramienta”.

Dijo que el estado de Chubut “es una bomba financiera y tenemos que dar los elementos para desactivarla, porque si no va a estallar en enero” y agregó “entiendo que la oposición cuestiona el capítulo de la obra pública, que hoy está paralizada, podría ser la herramienta para hacerla”.

Oposición

Desde Arriba Chubut, Emanuel Coliñir indicó que “prestemos atención a los pedidos de informe que se hicieron respecto a este tema (sobre acreedores y estado de la deuda), quiero mocionar para que vuelva a la comisión así lo tratamos con la seriedad que corresponde”.

Explicó que “queremos acompañar y dar una mano, venimos demostrando respeto, pero tiene un límite, que es la falta de información” a lo que señaló “entendemos que están apurados, pero podría volver por una semana y discutirlo en profundidad”. El presidente Gustavo Menna hizo votar la moción de que vuelva a comisión, y fue rechazada.

Luego Gustavo Fita afirmó que en la oposición “no tenemos la información, y así no se puede tratar con seriedad” y cuestionó al gobernador Ignacio Torres por anuncios “demagógicos” ya hablar de transparencia que no se verificia en los hechos.

“Se terminó la campaña, vemos un discurso barato, demagógico y veremos si vamos  tratar los temas importantes o vamos a ser una escribanía de lo que manda el gobernador”, disparó, y le contestó al gobierno que “con la ley de emergencia están usando el bono hidrocaburifero para gastos corrientes” justamente lo que dicen combatir.

Desde el FIT, Santiago Vasconcelos indicó que “es evidente que Chubut está al borde de la quiebra, porque si para afrontar los próximos vencimientos tenemos que obtener fondos de algún lado, quiere decir que hoy no están disponibles, quiere decir que es muy grave”.

“De esta situación son responsables todos los gobiernos que hubo, sobre todo los últimos tres períodos” dijo, y agregó “las victimas de la situación nunca fueron beneficiarios de la deuda, los acreedores siempre cobraron en tiempo y forma”.

Afirmó que “los discursos de Torres se parecen cada vez mas a los de Arcioni, y no plantea resolver el problema de la deuda, esto lo agrava, porque pedimos mas deuda para pagar una deuda preexistente”.

“Ya tenemos las regalías comprometidas por el Bocade, un tercio van a la deuda, y adquirir nueva deuda para cancelar, por lo que vamos a tener nuevos acreedores, y que se de como garantía de pago otros recursos” señaló, y acusó “pretenden que votemos un cheque en blanco, esto afecta la soberanía de la provincia”.

“Es falso que es inocuo, presentarlo de esa forma está estafando a la población. La vamos a seguir pagando los chubutenses, porque Cittadini dijo que apenas está planificado construir una escuela”, a lo que señaló “es un plan de blanqueo al gobierno de Arcioni, por eso votaron en contra los pedidos de informe”.

Ida y vuelta

Luego volvió a pedir la palabra Jaqueline Caminoa, que aclaró que en 2016 con el Bocade “nunca se supo cual era el monto de la deuda, los proveedores no cobraron, sin embargo se votó, después se votó darle fondos a los municipios, y se salió al rescate de quienes usaron esa deuda para gastos corrientes” y expresó “necesitamos que los recursos genuinos puedan ser destinados a los trabajadores y a los alumnos”.

A su turno, Norma Arbilla del justicialismo, dijo que “intentamos mejorar el proyecto de ley con cuestiones que marcan limites a un nuevo endeudamiento, como es no aumentar el stock de deuda. Hoy estamos habilitando un cheque en blanco, queda en la voluntad del Ejecutivo y también planteamos limitar las comisiones, los intermediarios han cobrado montos escandalosos”.

Por su parte, Sergio Ongarato dijo que el ministro Cittadini “trajo un listado de obras listas para licitar que vienen de antes, no las que proyecta la gestión Torres”.

Coliñir volvió a pedir la palabra y acusó “están apurando el trámite, y no les importa contar con la primera minoría que tiene voluntad de darles una mano”. En su caso dijo que “no pensamos que el endeudamiento es malo, no pudieron explicar en comisión porque no saben que están votando, tuvieron que pedir a secretaria que lea un informe, porque no saben cuánto se debe”.

Luego dijo que el ministro de Economía “subestimó completamente la reunión, vino de paseo a hacer una presentación y no estaba preparado para responder. Le pedimos el impacto de las medidas nacionales en las regalías, y dijo que no tenía el cálculo”.

“No pueden defender este proyecto, están votando ciegos, pero tenemos que hacer respetar esta Cámara que viene siendo vapuleada por el gobernador en sus declaraciones. No aclararon qué porcentaje iría a obra y cual a deuda. La respuesta fue no tengo idea”, indicó.

Lo definió como “un proyecto rarísimo, de un nivel de irresponsabilidad gigante. El titular de Infraestructura dijo que había leído hace poco el proyecto y que se enteró que había obras. Nos comunican de manera informal que 30 millones serían para obra pública, pero el secretario no sabía a cuales”.

Cierre de presidentes

El debate fue cerrado por los presidentes de bloque. En el caso de Despierta Chubut, Daniel Hollman dijo “todos conocíamos el estado financiero de la provincia, y no somos una escribanía, nos interesa analizar los proyectos y trabajamos de manera transparente. No hay que desconocer las urgencias que tenemos, tenemos que ser concientes del estado financiero de la provincia”.

Además, destacó el compromiso y voluntad de los funcionarios de venir, “aunque las respuestas puedan ser considerados insuficientes”.

Luego el jefe de la bancada de Arriba Chubut, Juan País, dijo que su par Juncos “nos invitan a confiar, pero esto no es religión, pero nos piden un acto de fe. Se declama transparencia, se critica el ranking, y nosotros proponíamos transparencia, límites impuestos en el texto de la norma a las tasas, comisiones y gastos”.

“Lo mas importante -continuó- es que expliquen al pueblo de Chubut cuanto se usará para deuda y cuanto para obra pública. Y que obras se harán con el saldo. El secretario de Infraestructura no nos pudo dar un listado de obras para luego hacer un control”.

Lamentó que “no obtuvimos respuestas y no podemos actuar solo con fe. Pedíamos condiciones mínimas que ya existieron en otros proyectos”. Y recordó que “el actual subsecretario de Finanzas actual era el mismo cuando se tomó el Bocade. Los vencimientos eran casi idénticos a los de 2024 y 2025”.

Vetos e ingresos

La Cámara votó además la nueva Ley Tributaria 2024 elaborada en la transición con actualizaciones de alícuotas para los distintos tributos, y aprobó a pedido del FIT, un pedido de informes dirigido al ministro de Educación sobre el Fondo de Compensación Salarial Docente.

Se preguntó respecto a la “acreditación de transferencia de los fondos, motivos de incumplimiento del decreto de complemento salarial” ya que “los docentes no pueden percibir desde diciembre 250 mil pesos, que es una miseria” pero “esos fondos debían ser girados y erogados para que pudieran llegar aunque sea al mínimo establecido por la paritaria, y en muchos casos no fue así, hay una promesa de que estarían ingresando por complementaria”.

Se notificaron tres vetos firmados por el gobernador Torres: uno veta totalmente el Proyecto de Ley sancionado el 30 de noviembre de 2023, que incorpora los artículos 61° quinquies, sexies, septies y octies, a la ley XVIII N°32, Ley de Creación del Régimen de Jubilación Especial para las personas con VIH y/o hepatitis B o C.

Otro veta totalmente la ley del 30 de noviembre de 2023, que regula el ejercicio de las profesiones de Licenciado en Niñez, Adolescencia y Familia y su equivalente Licenciado en Minoridad y Familia y de Técnico Superior en Niñez, Adolescencia y Familia y su equivalente Técnico Superior en Minoridad y Familia, en la Provincia del Chubut.

Y el tercero veta parcialmente el proyecto de Ley sancionado con fecha 30 de noviembre, por el cual se aprueba la Consolidación Legislativa de las normas sancionadas, promulgadas y publicadas entre el 1° de octubre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.

Ingresó además el proyecto de las diputadas Willatowski y Magaldi, del Bloque Despierta Chubut, por el cual declara la emergencia en los servicios, divisiones y secciones de anestesiología de los efectores del Subsector estatal de salud de la Provincia, por el plazo de doce (12) meses.

También tomó estado parlamentario distintos proyectos de Ley:

El N°111/23, presentado por la diputada Caminoa, del Bloque Despierta Chubut, por el cual sustituye el artículo 55 Quater, de la Ley XVIII N°32, Ley de Jubilación Ordinaria por Tarea Riesgosa del Personal Docente.

El N°109/23, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual abroga la Ley XVIII N°105, que establece el Régimen de Abstención del Débito Laboral para los agentes de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada y los Poderes Legislativo y Judicial.

El N°112/23, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual la Provincia declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial.

El N°113/23, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual se prorroga a partir del 06 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, la emergencia en los Servicios, Divisiones y Secciones de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de los efectores del Subsector Estatal de salud del Hospital Zonal de Trelew.

El N°114/23, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual se prorroga a partir del 01 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, la emergencia en los Servicios, Divisiones y Secciones de Anestesiología de los efectores del Subsector Estatal de la Provincia.

También ingresó el pliego del Consejo de la Magistratura, por la cual remiten el pliego correspondiente a la Dra. Eve Anahí Ponce, seleccionada para ocupar el cargo de Jueza Penal para la ciudad de Rawson.

Y finalmente, ingresó el pedido de Alfredo Pérez Galimberti y Gastón Martín, por la cual solicitan se inicie juicio político en los términos del artículo 198 de la Constitución Provincial y la Ley V N°79, contra el Dr. Daniel Esteban Báez.