La Legislatura de Chubut aprobó la derogación de la ley del Fondo Ambiental Pesquero

Con los votos del Oficialismo y Chubut Unido, la Legislatura aprobó la derogación de la Ley del Fondo Ambiental Pesquero (FAP).

No hubo sorpresas, y tal como había anticipado ADNSUR, en la sesión de este jueves quedó sancionada la Ley 66/22 a través de la cual se eliminó el FAP, también conocido como el canon por cajón de langostino. La condición que establece la norma es que los empresarios paguen la deuda acumulada a lo largo de cuatro años, eximiendo de esta obligación a los trabajadores, que se movilizaron en un importante número para manifestarse en las afueras del edificio legislativo.

La votación final tuvo una mayoría de 16 votos afirmativos de los bloques de Chubut al Frente y Chubut Unido, más el aporte de los bloques unipersonales de Carlos Eliceche y Sebastián López. En tanto hubo 8 abstenciones de las bancadas de la UCR y el PJ, y un solo voto negativo, de la legisladora de Camioneros, Tatiana Goic.

Previo a la votación, hubo una extensa exposición de fundamentos desde cada bloque, donde predominaron las críticas a los funcionarios del Poder Ejecutivo que no pusieron en cumplimiento la ley y que no informaron a la Cámara el detalle de los montos adeudados y de los deudores.

La ley consta de los 10 artículos que fueron anticipados ayer en exclusiva por esta agencia de noticias, en un dictamen conjunto de tres comisiones que incluyó varios agregados y aclaraciones al proyecto original.

En la sesión, que fue presidida por el vicegobernador Ricardo Sastre, los diputados se tomaron una hora y media para desarrollar los fundamentos de su posicionamiento, detallados a continuación.

A FAVOR

El proyecto corregido tuvo 16 votos afirmativos. Uno fue de Carlos Eliceche, quien señaló “en Puerto Madryn la pesca tiene una incidencia fundamental en el desarrollo, y tenemos una historia de crecimiento y hemos vivido momentos muy difíciles”. El legislador aseguró que la pesca es “la segunda fuente de ingresos y generación de empleo para la provincia, voy a acompañar la derogación de esta ley con mi voto”.

Eliceche, sin embargo, sostuvo: “Llegamos a esta instancia después de mucho tiempo, y esto se pudo haber subsanado con la voluntad de los funcionarios del Ejecutivo, no tienen la culpa los trabajadores. Tienen responsabilidad los funcionarios” ya que desde 2018 “Ambiente y Pesca han dejado pasar cuatro años sin tomar una sola decisión”.

“La única información válida llega hasta noviembre de 2021, no hay constancia de qué se ha descargado luego de esa fecha. Me queda la duda del proceder de estos funcionarios durante tanto tiempo y llevarnos a esta situación de angustia. Si se hubiesen cumplido las normas vigentes esto se podría haber solucionado”, concluyó el diputado madrynense.

Luego la presidenta de Chubut Unido, Leila Lloyd Jones, dijo que su bloque “va a acompañar la derogación, hemos oído responsablemente todos los planteos, especialmente a los trabajadores de pesca, que fueron incluidos en esta reforma, y no habían sido tenido en cuenta en el proyecto original”.

“También escuchamos el reclamo de los trabajadores de la actividad pesquera, que sufren descuentos por estos gravámenes”, dijo la diputada, y admitió “estamos hablando de una ley que no ha sido operativa, ya que quienes debieron sancionar el incumplimiento nunca lo hicieron”.

En el oficialismo, el petrolero Carlos Gómez recalcó que “este acuerdo ha sido solicitado y refrendado por todos los sindicatos de la pesca. Estamos apoyando un acuerdo este acuerdo, los trabajadores de pesca fueron escuchados y consiguieron el compromiso de que se respete su derecho adquirido”.

También instó “a las cámaras empresarias que así como piden más incentivos para sostener fuentes de trabajo, también cumplan con el pago de los impuestos, han sido denunciados ante la Afip por evasión de más de 400 millones por ahora”.

El presidente de bloque, Juan Pais, por su parte, admitió que “lamentablemente debo compartir las responsabilidades de funcionarios de pesca y ambiente” pero destacó que “existe coherencia por parte del gobernador, porque al momento de votarse esta ley, la vetó, pero la mayoría de los diputados de aquel entonces decidieron insistir con la ley”.

Recordó que “el propio gobernador Arcioni remitió un proyecto de ley para derogar el FAP, eliminando la doble imposición, pero algunos diputados en aquel momento no estaban de acuerdo, no hubo consenso”. También destacó “el trabajo de las tres comisiones para clarificar y mejorar el proyecto de ley originalmente remitido”.

Puso de relieve Pais que “el estado no deberá pagar los honorarios a los abogados de las empresas que estaban en litigio, se salvó la autonomía de los municipios involucrados, se incluyeron previsiones ante posibles incumplimientos, se escuchó a los trabajadores de la secretaría de pesca, y se aclaró que los trabajadores del sector no deben contribuir al pago de la deuda”.

Finalmente advirtió que “los dirigentes sindicales del sector deben definir si estos convenios son justos para sus trabajadores” pero “no podemos regular contratos de trabajo de la actividad privada”.

Finalmente, la sastrista Mariela Williams dijo que “a mi ciudad voy a volver con la frente muy alta, porque siempre hemos estado de cara al vecino y al trabajador, y sabemos lo mal que lo han pasado los trabajadores en el conflicto de Alpesca. Siempre estuvimos parados en el mismo lugar, acompañando a los trabajadores”.

Remarcó además que “sería oportuno pensar cuál fue la génesis de este proyecto, porque ahora todos se rasgan las vestiduras, por qué no se piensa cómo se aprobó. Me asombran algunas opiniones de diputados que ni siquiera asistieron a la reunión de comisión”.

ABSTENCIONES

Las abstenciones vinieron del radicalismo y el justicialismo. El diputado Manuel Pagliaroni (UCR), explicó que se abstuvo en general, pero en particular acompañó el articulo 3 “que establece que los trabajadores del sector de la pesca no están obligados a pagar ningún tipo de tributo” y “también el articulo 5, que establece que parte de lo recaudado se destinara a los trabajadores de Pesca y Ambiente, si bien es insuficiente, hay un margen para que el ejecutivo puede solucionar el tema”.

Además votó “el 6, que otorga la posibilidad a los municipios de no aceptar y mantienen el derecho de hacer un reclamo” así como el 9, que es “la derogación de la ley, por entender que todos los actores que se han reunido han acordado solicitar esta medida, más allá de la percepción personal”, dijo Pagliaroni.

A su turno, Andrea Aguilera (UCR), planteó que “el FAP es un impuesto, no hay contraprestación, no hay un servicio, sólo la voluntad del estado de percibir un nuevo impuesto” por lo que “voy a acompañar la derogación, porque no deben crearse tributos que entorpezcan la actividad privada, hay que generar condiciones que incentiven a la inversión de los particulares”.

Sostuvo que “en esta provincia hay una ausencia de política ambiental, el ministerio no funciona” y añadió que “no hay documentos que prueben la certificación de la deuda devengada, no hay constancia de una autoridad del ejecutivo que establezca el monto exacto de la deuda, nada fue informado a la comisión”.

“El gobierno no ha cumplido con los mecanismos que le encomendaba la ley para cumplir con el tributo”, sentenció Aguilera, y agregó “la condonación es una facultad del ejecutivo, pero debe ser utilizada de manera restrictiva, a través de una ley”.

Dijo que “respecto a la condonación, no tenemos información de a cuánto asciende la deuda y quiénes son los deudores. Estos fondos pertenecen a todos los chubutenses, y se está afectando a los trabajadores de ambiente que no podrán seguir cobrando el adicional y también a los trabajadores pesqueros que sí habían pagado y habían cumplido”, por lo que instó a que “se instruya a Fiscalía de Estado, si corresponde accionar contra el actual ministro de Ambiente y el anterior”.

Por su parte, la diputada del PJ Frente de Todos, Belén Baskovc, fundamentó que “en general nos vamos a abstener, pero sí acompañamos el artículo 3 para que no paguen los trabajadores. Fue difícil trabajarlo sin información, en cuestiones económicas uno debe ser muy responsable. La implementación del FAP no funcionó, se judicializó, y hoy llegamos a la derogación”.

La diputada coincidió “en la falta de responsabilidad de los funcionarios públicos que nos hizo imposible cuantificar la deuda y dar una respuesta a los trabajadores que cobran un fondo estímulo” y concluyó “no nos queda claro quién se hará cargo del pasivo ambiental, entendemos a los empresarios, a los sindicatos, a los que no entendemos es a los funcionarios que no vinieron a explicar este proyecto”.

EN CONTRA

El único voto en contra fue de la diputada Tatiana Goic (Camioneros), quien con ironía destacó “la celeridad con la que se trabajó el tema, algo que es muy difícil en otros proyectos. Esto mostró cómo se puede trabajar rápidamente, mientras otros proyectos que están en comisión no avanzan. Somos pocas las diputadas que insistimos con la cuestión en educación y en seguridad alimentaria”.

Recordó que “cuando los trabajadores de la educación estuvieron acampando 6 meses en Rawson, la paz social no interesaba, como también ocurrió con los jubilados. Pero en cambio, con la pesca se pusieron a trabajar todos”.

Afirmó que “este impuesto (FAP) nunca fue cobrado, me gustaría saber cuántos ciudadanos pueden pagar lo que quiere, cuándo quieren y con condonaciones”, y sostuvo que “esto no se trata de los trabajadores, el problema real es quitarle el impuesto a las pesqueras, son generosos con plata ajena”.

“Nunca voy a acompañar un proyecto que le meta la mano en el bolsillo a los chubutenses, no es plata de ustedes. Tampoco voy a acompañar que la prioridad sea salir a derogar impuestos en una provincia que está fundida”, afirmó finalmente.