RAWSON (ADNSUR) - La Cámara de Diputados de la provincia volvió a sesionar este martes por la mañana y convirtió en ley dos iniciativas: la creación de un Programa de Acompañamiento a Personas en Finalidad de Vida, y la creación de una Escuela de Abogados del Estado.

Por otra parte, se aprobó un amplio pedido de informes sobre la situación del Instituto de Asistencia Social, y hubo un extendido homenaje en la Hora de Preferencia a la figura del ex Presidente Néstor Kirchner, al cumplirse 10 años de su fallecimiento, ocurrido nel 27 de octubre de 2010.

Escuela de Abogados del Estado

Tal como adelantó ADNSUR meses atrás, la iniciativa surge desde la Fiscalía de Estado para mejorar el nivel profesional de los letrados que prestan funciones en el Ejecutivo y entes descentralizados, y que podría abarcar también al Poder Legislativo.

El objetivo será brindar una serie de capacitaciones permanentes en la rama del Derecho Público y Administrativo a quienes se desempeñan hoy en organismos oficiales, y la creación de un Consejo Consultivo de especialistas para la selección de los profesionales que ingresen a futuro en el ámbito estatal provincial.

La escuela tendrá como objetivos “brindar a los abogados que forman parte del Estado Provincial, un conocimiento profundizado sobre materias de derecho público y otras afines a los requerimientos de la gestión del Estado Provincial, a través de la capacitación, actualización y perfeccionamiento sostenido y permanente” y también “promover el inicio de una reforma cultural en el ámbito de la Administración Pública que apunte a una gestión de calidad, en base a las necesidades de los operadores del derecho y de los miembros de la sociedad”.

Además se propone “estimular en los abogados, el sentido de pertenencia al Estado, y el compromiso con la abogacía pública, en defensa de los intereses públicos en una sociedad democrática”, así como “organizar cursos de postgrado teórico-prácticos, seminarios, jornadas, carreras de especialización jurídica destinados a los profesionales del derecho”, y también “incentivar el hábito de la investigación en los abogados del Estado, con el objeto de posibilitar mejoras en las regulaciones y prácticas administrativas”.

Último adiós

El proyecto prevé la creación del “Programa de Acompañamiento a las Personas en Situación de Finalidad de Vida” con el objetivo de que los pacientes sean acompañados de forma presencial o extraordinariamente de forma virtual de acuerdo a las circunstancias, por una persona de su entorno afectivo.

La iniciativa deberá hacerse efectiva "en todos los centros de atención de salud pública y privada de la Provincia del Chubut”. Algunas provincias ya han aprobado y comenzado a aplicar protocolos en igual sentido. 

En los argumentos del proyecto se sostiene que “el estricto aislamiento al que se somete a los pacientes positivos de COVID 19 que requieran ingreso hospitalario dada su evaluación clínica, impide que los familiares, inclusive del núcleo más cercano al paciente, puedan acceder a visitarlo bajo ningún termino. Esto pone en una situación extremadamente compleja a la familia e inclusive al propio paciente cuando el cuadro clínico empeora y la situación es determinada por los profesionales médicos, como irreversible o con pocas posibilidades de reversión”.

En el contexto de pandemia, “estas medidas buscan proteger la salud de los familiares como así evitar la propagación de contagios, reduciendo al mínimo los vectores potenciales de transmisión”. Sin embargo, “la despedida debe poder darse teniendo en cuenta medidas de seguridad que permitan, en definitiva, un acompañamiento humanizado de los últimos momentos de vida de un ser querido”.

Pedido al Instituto de Asistencia Social

En el proyecto, los legisladores de Juntos por el Cambio pidieron que el Instituto de Asistencia Social, en el plazo de 10 días corridos, adjunte los últimos cuatro ejercicios contables; y que “informe la cantidad de empleados que han prestado servicio desde el año 2003 a 2020, discriminado por año, por área de prestación de tareas y ciudad donde se asienta el lugar de trabajo”.

Además se le pidió “informar el detalle de los bienes inmuebles propiedad del Instituto, discriminados por ciudad, como así también el destino dado a cada uno de ellos”, así como precisar los “inmuebles locados por el Instituto, indicando domicilio, monto de cada locación, propietario de cada inmueble, fecha de vigencia del respectivo contrato”.

También se solicitó “informar respecto de las deudas que actualmente posee el Instituto, indicando nombre de cada acreedor, monto de la deuda y fecha en la cual se contrajo la misma”, y dar a conocer los “reclamos hacia el Instituto de índole judicial, administrativo y tributarios, indicando datos del reclamante, monto del reclamo, fecha de inicio del mismo y estado en el que se encuentra cada uno”.

Por último se pidió detallar “bienes muebles registrables propiedad del Instituto, indicando dominio, fecha de adquisición, tipo, destino asignado y funcionario a cargo si lo hubiera”; “aportes de carácter social brindado desde el inicio de la pandemia del COVID-19, indicando destinatario, fecha de entrega y bienes aportados”, así como “el organigrama del año 2020 del Instituto, detallando nombre de todos los funcionarios, asesores, sueldo bruto de cada uno” y, finalmente, que se informe “la planificación a los efectos de terminar con la situación deficitaria”.

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