La nueva Ley Tributaria y la decisión de cobrar el Impuesto Inmobiliario Rural que traerá polémica con el campo    

RAWSON (ADNSUR) - Ya está presentado en la Legislatura el proyecto de la nueva ley que regulará las tasas impositivas durante 2021, la primera etapa en el plan de incremento de ingresos que va a requerir otra ley en breve que será la creación de la Agencia de Recaudación Provincial, para centralizar el cobro de impuestos. El dato fundamental a tener en cuenta dentro de esta iniciativa pasa por un sector en particular: el campo. La idea del gobierno es que por primera vez desde 2004 se comience a pagar en Chubut el Impuesto Inmobiliario Rural, que estuvo suspendido por fundamentos basados en sucesivas crisis por sequías y ceniza volcánica. Desde este sector, los voceros de las sociedades rurales argumentan que la mayoría de los productores no están en condiciones de tributar, y que esto podría agravar la crisis en el ámbito rural. En esta nota, los ejes de la polémica, que ahora está en manos de los diputados.

Según la mirada del equipo económico de la gestión de Mariano Arcioni que trabajó en el proyecto, se debe cortar con la decisión de no cobrar el impuesto a ninguna parcela de la provincia, lo que genera que en vez de discriminar a los verdaderos afectados, se termine favoreciendo de manera injusta a grandes propietarios que en muchos casos tienen lujosas mansiones de descanso, y en otros, les sobra espalda para pagar una suma que encima, es irrisoria.

Los especialistas en materia tributaria creen que hay propietarios poderosos que se terminan amparando en pequeños productores que realmente sufrieron pérdidas, y gracias a ellos, nunca tuvieron que abonar un sólo peso en los últimos 17 años, culpa de un estado ineficiente, que no cuenta con datos fehacientes para hacer una discriminación. Esperan que con los nuevos parámetros, la recaudación se incremente en esta materia unos $ 150 millones en 2021.

Pero la propuesta se encuentra con una advertencia de los ruralistas, quienes sostienen que cobrar de manera indiscriminada va a provocar el cierre de muchos establecimientos que no podrán soportar, porque están al límite. El desafío es lograr una ley que pueda discriminar a los que pueden tributar, y a los que no.

Lo que los diferentes actores coinciden es que hay que encontrar un punto intermedio, porque de lo contrario seguirá ocurriendo lo que pasa hoy, donde un empresario millonario como Paolo Rocca, no paga un solo pesos por su campo paradisíaco con pista de aterrizaje cerca de El Turbio. La misma situación se aplica al campo de 1.350 hectáreas que pertenece a Marcelo Tinelli, quien ni siquiera está obligado a pagar la irrisoria suma de $ 12 mil por año que marca la ley actual. Incluso Tierras del Sud Argentino, el campo de la familia Benetton, tiene voluntad de pago y de hecho tributa parte de sus impuestos a municipios como El Maitén y Cholila, pero la provincia se da el lujo de no cobrarle desde hace 17 años.

 
CÓMO SE COBRARÁ

En su momento ya informamos a través de este espacio que el Impuesto Inmobiliario Rural se aplica a todos los inmuebles situados en territorio chubutense pero que no están dentro de ningún ejido municipal, y el cálculo se hace sobre la valuación fiscal de 2010 multiplicada por el coeficiente de variación de referencia, que este año se debió haber multiplicado por 3, y que la nueva ley que está en Legislatura lo lleva a multiplicarlo por 4, con una alícuota que por ley es del 12 por 1000.
Según la ley vigente, con los valores actuales se debería haber pagado lo siguiente en cifras anuales: 474 parcelas con impuesto menor a $ 1.000; 664 parcelas pagan entre $ 1.000 y $ 5.000; 524 parcelas con valores entre $ 5.000 y $ 10.000; 789 parcelas entre $ 10.000 y $ 20.000; 330 parcelas entre $ 20.000 y 30.000; 182 parcelas entre $ 30.000 y $ 40.000; 94 parcelas entre $ 40.000 y $ 50.000, 145 parcelas entre $ 50.000 y 100.000 pesos; y 70 parcelas más de $ 100.000 al año.

En la nueva ley que espera tratamiento, además de multiplicar el coheficiente de referencia por 4 en vez de 3, se va a establecer un mínimo de $ 30.000 por campo, lo que alcanzaría al menos a unos 2.500 establecimientos de un total de 4 mil (más del 60 %), mientras que el resto pagaría lo que marque la alícuota. De esta manera, un campo de 1.200 hectáreas que hoy debería pagar 12 mil pesos al año, con la nueva ley va a pagar al menos $ 30.000 de mínimo.

Un dato clave es que se va a hacer una distinción con los pequeños productores: los campos con menos de 2.500 animales estarán exentos de pagar el tributo en un 100 %, siempre y cuando no reciban ningún otro ingreso por otra actividad, y sean exclusivamente productores agropecuarios inscriptos.

Esto quiere decir que en algún campo que pueda cobrar servidumbre por algún emprendimiento minero o eólico, así como los superficiarios que cobran regalías por cuestiones hidroeléctricas o petroleras, no estarán incluidos en esta exención. Con estos cambios, el gobierno cree que da respuesta tanto al planteo de los ganaderos como a la necesidad de aumentar los ingresos, pero desde el campo no están tan de acuerdo.

ADVERTENCIAS

Uno de los voceros del sector ganadero, el presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Osvaldo Luján, dijo a ADNSUR tiempo atrás que “la mayoría de los campos no está en condiciones de afrontar ningún impuesto”, y recordó que “hay una ley vigente que establece una distinta graduación del impuesto inmobiliario, que va desde una exención al 100% para los campos de hasta 6.000 animales, una exención del 50% hasta las 10.000 cabezas y el cobro del 100% del impuesto a los campos que tengan más de 10.000 animales”, por lo que “esperamos que al ponerse al cobro nuevamente, se tenga en cuenta el criterio que establece la ley”.

Explicó el dirigente ruralista que “estamos ante un problema muy importante, no solamente por la situación climatológica y la situación de emergencia que se ha dado en la provincia, si no por todos los problemas de fondo que traen aparejado en primer lugar el precio de la lana, que se ha reducido desde un promedio de 6 u 8 dólares, a 2 ó 2,50 dólares. Además de esto, hay que agregarle que tenemos un dólar distinto, que es casi en un 80 % con respecto al dólar real o el costo. Todo este tipo de cosas lleva a la desaparición de muchos establecimientos rurales”.

Luján precisó además que el 80 % de los establecimientos ganaderos no tienen más de 2.500 a 3.000 animales, al tiempo que recordó la propia provincia ha determinado que un punto de equilibrio para este sector se ubica en no menos de 3.500 animales. “Esto trae aparejado que muchos de los establecimientos ganaderos van a estar en una situación muy comprometida, tanto por la situación económica del país, el precio bajo de la lana y los costos. Todo esto se ve agravado por emergencia climática”, añadió.

En ese sentido, advirtió que si la ley se aplica mal, el problema podría agravarse, ya que “si se caen los establecimientos ganaderos, la gente del campo se va a la ciudad y el polo lanero de Trelew no tendría capacidad para poder trabajar. Las medidas hay que analizarlas en su conjunto, en forma integral”.

Para el dirigente, la mayoría de los productores no podría pagar el impuesto porque “solamente el costo laboral y las cargas sociales de un empleado se lleva más del 50% de la producción, el otro 25% se lo lleva el costo de la esquila, y no le hablo de los costos de mantenimiento, insumo y todo lo demás. O sea, hoy ningún establecimiento ganadero, por lo menos en el 80% con menos de 3.000 animales, va a estar en condiciones de abonar ningún impuesto”.

 
RELEVAMIENTO

Una cuestión fundamental para que todo el sistema tenga éxito y sea efectivo pero también justo, es contar con datos confiables y actualizados, justamente la mayor falencia en este sentido. Del relevamiento hecho por el gobierno surge que hay más de 4.000 establecimientos rurales registrados en la Dirección de Catastro; pero hay solamente 721 parcelas identificadas para el cobro de impuestos, ya que faltan datos claves, como por ejemplo sobre inmuebles con título pero sin mensuras, y otros con adjudicaciones en venta o simples ocupaciones.

Por ello, la indicación para revertir este panorama es trabajar en normalizar y completar la base de datos y establecer un mecanismo de actualización, proceso en el que deben intervenir todos los organismos que tienen injerencia, en un proyecto que será liderado por la nueva Agencia de Recaudación Provincial, junto con datos de Catastro, Registro de Propiedad Inmueble, Ministerio de Producción, del IAC y del IPA.

El otro problema relacionado con el anterior, es que no hay valuaciones fiscales confiables, porque el área de Catastro no tiene relevada las mejoras en cada campo, algo que deberá hacerse en breve con la nueva agencia. Por esa razón, la idea es utilizar todos los recursos para chequear, campo por campo, las mejoras no productivas.

Esto quiere decir que no se contemplará por ejemplo para determinar el valor de una propiedad, cuestiones como un galpón de esquila, o la casa de un peón, porque se considera que están destinadas al trabajo rural. Pero sí se apuntará a los nuevos metros cuadrados de una casa de descanso, una piscina, un quincho, o un apostadero de lanchas. Para que deje de pasar lo que ocurre hoy, que el monto a cobrar por un campo paradisíaco con lago y una mansión, del orden de las 1.350 hectáreas, tenga una tarifa del orden de los 12 mil pesos anuales.

OTRAS ÁREAS

Respecto al contenido del resto de la Ley Tributaria, se incrementaron todas las tasas retributivas de servicio un 50 % del módulo, teniendo en cuenta que ya se habían subido un 50 % en septiembre, y también se elevaron algunas alícuotas de actividades particulares, pero con un límite marcado por el Consenso Fiscal que establece topes y fue firmado por la provincia.

Respecto a la expectativa generada para aumentar ingresos en otras áreas, con tributos que hoy no se están recaudando, las fuentes consultadas explicaron que primero como paso previo se deberán modificar las leyes vigentes de manera paulatina, a partir de la creación de la Agencia de Recaudación, que es la que centralizaría todo el cobro.

Actualmente, el Instituto Provincial del Agua se maneja con autoliquidación y no puede hacer seguimiento de los contribuyentes, por lo que de aquí en adelante se buscará que un organismo como el IPA haga el informe de cuánto debe pagar un contribuyente por su consumo de agua, y la futura agencia encargarse de la facturación y el cobro.

Algo similar ocurriría con otras áreas que hoy son agentes de retención y no llevan a cabo de manera eficiente, como Ambiente, Pesca y Trabajo. Para que todos los tributos sean centralizados en la Agencia de Recaudación, se deberían modificar las leyes de cobro, y después mantener el destino original de los fondos.

En resumen, se espera que la futura agencia vaya a tener un rol importante de dar autonomía de gestión para centralizar todo el cobro de los tributos que hoy la Dirección de Rentas no puede hacer, porque la fiscalización depende de otras áreas que no son eficientes, y que trabajan de manera aislada y sin coordinación.