La postura de la FECh ante el Pacto Fiscal y la Emergencia
A través de documentos, la Federación Empresaria de Chubut plasmó los puntos prioritarios que solicitaron las cámaras pymes de toda la provincia.
COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) Durante la reunión mantenida ayer miércoles con autoridades provinciales, desde la Federación Empresaria de Chubut (FECh) se acercaron sendos documentos con la postura sobre la Emergencia Económica y el Pacto Fiscal. La FECh plasmó su aporte para buscar los consensos y caminos alternativos frente a la crisis económica y financiera que atraviesa la provincia.
En relación con el Pacto Fiscal, la entidad empresaria dejó expresado “la necesidad de una reforma en la distribución de fondos que hoy recauda Nación y que desde hace años viene perjudicando al conjunto de las provincias”.
Agregan en el texto acercado al gobernador que “en el caso de Chubut, el reclamo es aún más justificado dado el perjuicio que para nuestros intereses públicos provinciales significó la reforma en la coparticipación que se realizó en 1987”.
Respecto al diálogo mantenido con el arco político, la entidad que representa a las Cámaras Pymes de toda la provincia, fundamenta: “Sin renunciar a seguir buscando una reparación histórica que compense las pérdidas ocasionadas en coparticipación desde 1987, rescatando el objetivo de bajar la presión tributaria en el país y provincias, y teniendo en cuenta la actual realidad económico-financiera del Estado Provincial, se requieren apoyos directos facilitados por el gobierno nacional para encarar soluciones que le permitan a la Provincia superar la situación en la que estamos inmersos”.
Y manifiestan que “la Federación Empresaria del Chubut (FECh), en ese marco restrictivo con variables macroeconómicas absolutamente no controlables, solicita de los señores legisladores la ratificación del Pacto Fiscal firmado por el gobernador Mariano Arcioni”.
Emergencia Económica
Respecto a la Ley de Emergencia Económica, la FECh expuso su diagnóstico: “Transitamos una reiteración de estas situaciones de emergencia económica, que afectan al conjunto de la sociedad provincial y de manera especial al sector empresario, que debe continuar respondiendo a sus compromisos, obligaciones, mantenimiento de puestos de trabajo y que en muchos casos desde largo tiempo viene siendo acreedor sin resultados del Estado Provincial”.
Sobre esa base, indican que “la necesidad de revertir la grave e insostenible situación económico-financiera de nuestra Provincia, es que la FECh hace un llamado a los señores legisladores, para que, a partir de un serio diálogo e intercambio de opiniones con quienes tienen responsabilidades en el Poder Ejecutivo, aporten ideas concretas y realizables para lograr consensos que faciliten la sanción de la herramienta legal que se plantea como absolutamente necesaria, para encarar urgentemente un reordenamiento de las finanzas públicas provinciales”.
Aunque aclaran, que deberá ser prioritario el cumplimiento del pago de la deuda con proveedores del Estado: “En nuestra condición de entidades representativas del sector PYME de Chubut, no podemos dejar de puntualizar que, en la aprobación de la Emergencia Económica, deberá contemplarse el respeto al derecho que asiste a los proveedores del Estado, en su gran mayoría PYMES locales. Sostenemos que la solución a la que se arribe deberá prever prioritariamente la cancelación de deudas con proveedores locales y en los casos que corresponda, la entrega de documentos negociables”.
“Paralelamente se deberá garantizar, a la fecha de pago, el mantenimiento del valor de las acreencias del proveedor. También deberá asignarse al Banco del Chubut en este esquema, una participación acorde a su condición de banco del Estado Provincial”.
Para concluir, desde la Federación Empresaria de Chubut sostienen: “Lamentablemente la actual coyuntura económica –financiera, puede actuar como un condicionante que, quizá derive en la toma de decisiones que signifiquen resignar en Chubut, algunas posiciones mantenidas durante muchos años. Su evaluación y mejor resolución, será responsabilidad de quienes por mandato popular tienen responsabilidades diligenciales no transferibles”.