La quita de reembolsos por puertos perjudicará a la actividad petrolera

El decreto 2229, firmado en noviembre de 2015, restableció los beneficios vigentes a través de la ley 23.018, sancionada en el año 1984, que había fijado beneficios para equilibrar los mayores costos que implica la producción en la región patagónica. Dicho régimen fue reduciéndose gradualmente, hasta desaparecer por completo en el año 1996. Al restablecerse en su concepción original, el sistema volvió a reintegrar montos según la siguiente escala: Río Negro y Puerto Madryn 8%; Comodoro Rivadavia 9%; Puerto Deseado 11% ; Puerto San Julián 11% ; Puerto Punta Quilla 12% ; Puerto Río Gallegos 12% ; Puerto Río Grande 12%; Puerto Ushuaia 13%.

Las autoridades nacionales comenzaron a advertir que esto provoca un desequilibrio con puertos de Mar del Plata y otros de la provincia de Buenos Aires, por lo que si bien el gobernador Mario Das Neves cuestionó la semana pasada este tipo de especulación (llegó a retar a un funcionario suyo, Osvaldo Sala, por “leer diarios de Bahía Blanca”, donde se publicaron las declaraciones del funcionario nacional) y aseguró que no se permitirá la eliminación del sistema, es indudable que el tema ha comenzado mínimamente a analizarse en el gobierno nacional (el funcionario en cuestión dijo que habrá novedades “en 30 días”).

En esta región, los reembolsos alcanzan a la exportación de petróleo, particularmente en el caso de Chubut, que es la principal exportadora de crudo del país. El 9% de reembolso se aplica sobre el precio final del barril de petróleo, una vez descontada la penalización por calidad, las regalías y otros tributos. De este modo, el sistema permite recuperar a las exportadoras de crudo entre 3 y 4 dólares por barril exportado.

La incidencia puede ser más importante aun teniendo en cuenta que a fin de año se anuncia que desaparecerá el esquema de precio interno, por lo que se dejará fluir al mercado de crudo en línea con los precios internacionales.

Por eso adquieren mayor relevancia las iniciativas para reducir al máximo la venta externa del crudo que se produce en la región, para insertarlos en circuitos de refinación para combustibles líquidos, tanto naftas y gasoil como fuel oil para su conversión en energía eléctrica.