Las mujeres no logran el empate en la Justicia, pero una los madrugó a todos en el Congreso

Dos por una no es igual a 2 y 2

La sorpresiva movida del gobernador Arcioni el viernes último, con la terna propuesta para el Superior Tribunal de Justicia, dio lugar a varios cuestionamientos, al no cumplir lo que se había previsto respecto de generar equidad de género en la corte provincial, al proponer dos hombres y una sola mujer. Es que con esta postulación, quedarían en la conformación actual cuatro hombres y una sola mujer. Y si bien aún falta la propuesta de un nombre, ya que son 4 las vacantes en la actualidad (que debería postular a la primera minoría, conformada por el PJ), la integración no será equitativa, ya que a lo sumo quedará en 4 hombres y 2 mujeres. Muy lejos de la búsqueda de igualdad de género que se venía reclamando desde distintos sectores.

¿Una crítica desde gobierno nacional?

Uno de los cuestionamientos provino del abogado trelewsense Eduardo Hualpa, quien expresó en redes sociales que la propuesta “mantiene una desigualdad de 63 años, es abiertamente ilegal y profundamente antidemocrática. Tiene parecido con la de Macri del 2016 de nombrar jueces en comisión en la CSJN”.

Hualpa se desempeña como coordinador regional de un organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, por lo que su posición no sólo es individual, sino también de una institución dependiente del gobierno nacional.

Y agregó: “Como profesor de derecho constitucional donde sigo enseñando que vale la pena luchar por el respeto a la ley, llamo la atención y solicito que cese esta grave violación democrática”.

Repercusiones hacia dentro de Juntos por el Cambio

La movida de Arcioni también provocó impactos en el radicalismo. Es que el nombre de Silvia Bustos propuesto por Arcioni para el Superior habría sido un acuerdo cerrado con el intendente de Rawson, Damián Biss, lo que fue valorado por un sector del radicalismo que vio con muy buenos ojos el nombre de la actual jueza de Faltas de Rawson.

Sin embargo, en sectores cercanos a Nacho Torres se dejó entrever la contrariedad con ese acuerdo, por falta de consenso; incluso el descontento también estaría por el lado de Mario Cimadevilla y se dejó trascender que en estos ámbitos se impulsaban otros nombres, entre ellos el de Carina Estefanía.

Falta la audiencia pública

En relación al Superior Tribunal de Justicia, todavía resta cumplir con la audiencia pública en la que los postulantes serán evaluados, lo que deberá hacerse con cada uno de los postulantes impulsados por el gobernador Arcioni. El único antecedente de esta instancia es cuando el entonces gobernador Mario Das Neves impulsó el pliego de Mercedes García Blanco, en un acuerdo con Néstor Di Pierro, pero el resultado no fue satisfactorio y se rechazó la postulación.

Rosa los madrugó, aunque se enojen en el PJ

Otra iniciativa del gobierno provincial, que fuera adelantada en forma exclusiva por ADNSUR el domingo de la semana pasada, es el proyecto para recuperar el índice de coparticipación que le corresponde a Chubut, a partir de una iniciativa que impulsa la diputada nacional y candidata a senadora Rosa Muñoz, por ChuSoTo.

Aunque desde el PJ salieron a cuestionar la iniciativa, ya que tanto Carlos Linares como Juan Pablo Luque la tildaron de “electoralista” y cuestionaron que la legisladora no hubiera impulsado el proyecto en los cuatro años anteriores. lo cierto es que tampoco se les ocurrió a los dirigentes justicialistas. Vale recordar que el Frente de Todos tiene dos diputados nacionales y tres senadores que responden a esa estructura a nivel nacional, pero tampoco se les ocurrió en todo este tiempo impulsar un proyecto de esa naturaleza, en el que todos coinciden que nadie podría oponerse, ya que se trata de un derecho legítimo de la provincia.

Nacho quedó a contramano de Horacio y Lilita

El precandidato a senador de Juntos por el Cambio, Nacho Torres, salió rápidamente a avalar el pedido de juicio político que impulsaron diputados de su bloque en contra del presidente Alberto Fernández, a partir del escándalo del cumpleaños de Fabiola en plena pandemia, el año pasado.

“Nos mintió a todos los argentinos, un pedido de disculpas no alcanza”, dijo el joven legislador chubutense, que este año aspira a mudarse desde la Cámara Baja hacia la Cámara Alta. Extrañamente, quedó en offside frente a uno de sus referentes a nivel nacional, Horacio Rodríguez Larreta.

“Hay que estudiarlo más, no tengo el detalle de los causales del juicio político, a priori no me parecería”, dijo el jefe de Gobierno porteño, según publicó Clarín (que no podría sospecharse de defender al gobierno kirchnerista, precisamente).

No es por amor

Larreta no fue el único que se desmarcó del intento de juicio político. La volcánica Lilita Carrió también se había desmarcado de la iniciativa impulsada por Cristian Ritondo.

“No seamos funcionales a que Cristina lo culpe de perder las elecciones, lo obligue a renunciar y gobierne ella, porque entonces sí seremos Rusia y Venezuela”, fue la infaltable alegoría de la dirigente que suele hablar con Dios mano a mano, según suele afirmar ella misma. “Yo quiero que Fernández cumpla su mandato, que vaya preso después de su mandato y prefiero que no gobierne Cristina Kirchner y que empecemos a construir otro país”.

Otro round en un ring que concentra muchas luces

Torres volvió a aguijonear a su contrincante en la interna de JxC, Gustavo Menna, al cuestionar que mientras “una lista pidió amnistía y nosotros pedimos juicio político. Es una lectura clara de dos pensamientos distintos”, en alusión a la propuesta del diputado Gustavo Menna, quien luego de la difusión de las imágenes de las reuniones sociales en la Quinta Presidencial de Olivos, planteó que se debe dar una amnistía a quienes hayan sufrido algún proceso penal por haber violado las medidas de la cuarentena.

“Me sorprendió la iniciativa de la amnistía, que puede ser proselitista, pero yo estoy en las antípodas de ese pensamiento. El presidente tiene que someterse a la justicia tanto como cualquier hijo de vecino”, diferenció.

La réplica de Gustavo Menna llegó a través de una entrevista con RadioVisión, donde cuestionó a su adversario: “Gustavo respondió que él sí firmó el pedido de juicio político, pero Nacho no lo hizo”, contaron colaboradores del actual diputado nacional. Otro round de una interna que se pone cada vez más picante.

Se viene el tercero 

A propósito de la interna de Juntos por el Cambio, vale recordar que el tercero en discordia para el Senado, además de Torres y Ongarato, es Mario Cimadevilla. Quienes siguen de cerca esa carrera entre tres cuentan que por su buena campaña en redes sociales (aun cuando algunos lo tildaron de “dinosaurio”, en un divertido video que circuló también en esos ámbitos montando una escena de Jurasik Park), el ex senador respira confianza para la recta final de la campaña.

Por eso se asegura que en el oficialismo de la UCR, es decir el tándem Ongarato - Menna, hay una especie de ‘alerta amarilla’ por los votos que podría restarles Mario de cara al 12 de septiembre, donde sólo uno de los tres sectores pasará el filtro para las generales de noviembre.

Dudas por las 500 hectáreas que buscan regularizarse en la cordillera

En la cordillera siguen a la espera de una ley provincial para regularizar el dominio de tierras en zona de bosques, para poder acceder a los títulos de propiedad. Sin embargo, fuentes de Legislatura dijeron a esta agencia que esperan corroborar datos enviados por el intendente de Lago Puelo, que englobó un total de 500 hectáreas para regularizar, superficie que llamó mucho la atención a los diputados que siguen el tema.

Vale recordar que la justicia penal está investigando presuntas irregularidades en el manejo de fondos asignados por el gobierno nacional, tal como informó ADNSUR la semana pasada, lo que se suma las prevenciones que se adoptarán en el ámbito legislativo, desde donde se impulsará un relevamiento sobre las tierras a regularizar.

“Hay temor a entregar tierras a gente que no es de la zona”, se indicó. También debe compatibilizarse la situación con una ley impulsada en el ámbito nacional, que prohíbe la venta de tierras afectadas por incendio, por un plazo de 60 años posteriores a ese evento.