21 lecciones para el siglo XXI”.

La frase abre justamente su último libro. Desde la lupa del escritor da una mirada sobre lo que ocurre en nuestras pequeñas rutinas, resulta interesante discernir entre aquello que es irrelevante y  dónde reside la claridad nos dará poder.

Tanto a nivel nacional como en Chubut, la agenda pública estalló este año con las investigaciones que giraron en torno a una corrupción sin precedentes. Un mismo método para iguales objetivos: sobreprecios en la obra pública y coimas para engordar los bolsillos de la caja política y funcionarios de turno. Historia conocida y que sigue.

Entre la maraña de audiencias, exfuncionarios acusados, funcionarios de turno salpicados y candidatos para 2019 acorralados por las denuncias; la semana pasada pisó la misma agenda la admisibilidad en el Consejo de la Magistratura de la investigación contra los dos fiscales que encabezan la investigación en Chubut, Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, y del juez Sergio Piñeda por la presunta detención ilegal del exministro de Familia, Martín Bortagaray.

En abril se conocerán las conclusiones sobre si actuaron bien o se apartaron del derecho al detener a un ministro en funciones.

Se trata del mismo  juez y los dos fiscales que tuvieron a su cargo la imputación y todo el proceso preliminar en la causa conocida como “Revelación”, en la que hay 40 imputados por un circuito de coimas entre empresarios y funcionarios públicos. Los tres podrían quedar del lado de los acusados por irregularidades en su desempeño.

Tal como informó ADNSUR, la denuncia ante el Consejo de la Magistratura es porque ordenaron la detención y allanaron las oficinas de Martín Bortagaray en la Casa de Gobierno, cuando éste se desempeñaba aún como ministro de Familia. Y aquí el error:  el artículo 248 de la Constitución Provincial garantiza fueros para ministros en funciones, impidiendo su detención o ser allanados, aunque sí puedan ser investigados.

En la maraña de causas judiciales y detenidos en Chubut que giran alrededor de esta investigación, ¿qué es irrelevante y qué pone claridad sobre las formas y las cuestiones de fondo? ¿cuál es el poder en juego y a quién beneficia? Como ya dijimos, en lo estructural de la corrupción el paralelo entre los “Cuadernos de la corrupción” a nivel nacional con las “Planillas de excel en Chubut”  no solo hay similitudes sino nexos y actores comunes.

Un nombre que pasó desapercibido abre un nuevo puente de conexiones entre empresarios y funcionarios chubutenses, y el expediente del juez Bonadío. En el marco de ésta última, una de las declaraciones del financista Ernesto Clarens dio, con un nombre, una pista sólida: Jorge Macelo Vallarino. Poco conocido en Chubut, mantiene sociedades con empresarios de esta provincia con firmas vinculadas  publicidad, estudios de mercado y medios.

En Chubut, el nombre de Vallarino resonó en las últimas semanas a  partir de la declaración del empresario Fernando Quistani, desde donde surgieron más elementos para avanzar en la investigación de la causa llamada "Revelación Dos". Quistani abrió el archivo y le apuntó a la anterior gestión provincial.

Entre las pruebas que adjunta Quistani para que se corroboren, figura una carta documento firmada por el abogado y exfuncionario del exgobermador Marín Buzzi, Federico Ruffa, quien habría sido titular de una gestoría que reclama la ejecución del pago de tres cheques de Quistani que habían rebotado por falta de fondos.

Según Quistani, quién contrato a Ruffa para esta tarea fue la cueva financiera ubicada en Buenos Aires denominada Maviluc Gestiones SA. Esta cueva creen que era el lugar donde se tomaban los cheques de las coimas para ser cobrados. Era manejada por el empresario Vallarino, a quien en su declaración durante la causa de los cuadernos  del juez Bonadío, el empresario Clarens apunto como el recaudador y, según el giro de la investigación en Chubut,  también habría sido operador en esta provincia durante la última gestión kirchnerista.

Esa cueva era conocida por el manejo de billetes de 500 euros que casi no existían en el mercado y según han declarado otros empresarios ante los fiscales de Revelación,  han coincidido que era el lugar donde iban a parar los cheques.

La lupa sobre los fiscales y el juez, que deberán en Chubut responder por su responsabilidad en el seguimiento de las causas, no debería correr el eje sobre la verdadera cuestión de fondo: poner luz sobre la estructura de un sistema que merece ser desarticulado, con vicios de una política todavía vigente frente a la anonadada –y no pocas veces cómplice- mirada de la sociedad civil.

Tanto a nivel nacional como en esta provincia, las causas detonaron en sus comienzos el corazón del poder. Las esquirlas tocan ahora a los propios investigadores que deberán responder por el respeto a las leyes y a la propia Constitución en el fragor de las detenciones. Será tarea presente y futura, sí, separar lo irrelevante de lo que no para no perder la claridad del rumbo.

Ahí residirá el poder verdadero de mantener en cauce los verdaderos objetivos, con corruptos presos, funcionarios judiciales ajustados a la ley y una sociedad civil enfocada en futuros candidatos concentrados en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

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