Los diputados de Chubut ante la zonificación minera: cómo se plantea la votación y hasta dónde influye Alberto Fernández

RAWSON (ADNSUR) - El tema viene sobrevolando la agenda política hace 17 años, y después de todas las idas y vueltas, de iniciativas fracasadas y de opiniones cambiantes, llegó el momento para que la provincia del Chubut tome una definición en torno a dos proyectos reales y concretos: uno para habilitar la explotación minera a gran escala en dos departamentos de la meseta, y otro directamente para prohibir la actividad.

La responsabilidad está en manos de 27 diputados, pero primero depende de 9, porque la comisión de Recursos Naturales tiene que resolver el miércoles si el proyecto 128/20 obtiene dictamen para ser tratado el jueves 10. Los tiempos se acortan, los ánimos se crispan, y llega el momento de tomar una postura que en ningún caso será sencilla y que traerá consecuencias para todos, de un lado y del otro.

El abecé de la técnica legislativa marca que la posibilidad de sacar un despacho en mayoría de los miembros de la comisión en realidad está supeditada a si luego habrá un número suficiente para que la ley sea aprobada por el pleno de la Cámara. De nada le serviría a los impulsores de la propuesta tener un dictamen que después no logra los votos necesarios y termina siendo rechazado en el "recinto virtual". Por esa razón, en estas horas las negociaciones son intensas, los teléfonos arden, y circula un recuento parcial de votos que cambia minuto a minuto, en un resultado que a priori es ajustadísimo.

Y en este contexto de tira y afloje, de marchas y escraches en la calle, y de chats vía zoom o Whatsapp, ¿cómo juega el gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuál es el papel del gobernador Mariano Arcioni y de su vicegobernador, Ricardo Sastre? ¿Cuánto influye la dirigencia de los partidos locales, como el caso del PJ?

Lo primero a dejar en claro es que en este tema, como ocurre con muy pocos –por caso la legalización del aborto-, en la cabeza del legislador inciden no sólo las cuestiones partidarias, políticas o dogmáticas, sino también las posturas individuales, las intrafamiliares, y -sobre todo en una comunidad chica- la repercusión social. Y es así porque no hay otro asunto que genere ese nivel de interés de la opinión pública, que hace recordar la votación de la Resolución 125 hace más de una década en el Congreso, con un alto rating en vivo por TV, inédito en este tipo de casos.

Una cosa es, para un diputado, resolver una ley presupuestaria, o votar un préstamo -el día que se votó el endeudamiento por 650 millones de dólares pasó casi desapercibido para el común de la gente pero las consecuencias se sufrirán hasta 2030-, o tratar el pliego de un ministro de la Corte, todos temas importantes de Estado pero que no despiertan repercusión en el ciudadano común; y otra muy distinta es tratar un asunto que se discute en todas las mesas familiares y explota en la calle y en las redes sociales. Cambia el nivel de exposición, y eso se nota en los nervios de los legisladores, que en muy pocos casos se animan a atender un teléfono o responder un mensaje, y mucho menos a brindar una entrevista pública.

Por eso, analizar la relación de fuerzas en este tema en particular no es sencillo, porque los involucrados no quieren hablar, y son pocos los que se animan a dar una respuesta en off, siempre con el pedido de reserva de la fuente y de no exponer a aquellos que en muchos casos pueden sufrir escraches en sus domicilios y en otros hasta algún atentado, como dicen que le ocurrió a una diputada a la que le cortaron la energía de su casa el último jueves durante el desarrollo de la sesión. Mientras tanto, infinidad de listados con posibles resultados van de un lado a otro, y son permanentes los llamados para preguntar cómo vota tal o cual.

Hecha esta introducción, hay que decir que surgen dos escenarios posibles –hablando siempre de la zonificación, ya que la Iniciativa Popular no está en la agenda de los diputados de la comisión por ahora-: uno es que el tema llegue al recinto y se fuerce una votación con final incierto hasta último momento, con el riesgo de un fracaso que cierre la puerta a la minería por mucho tiempo, algo que es temido tanto por la Nación como por la Provincia. La otra alternativa es que se acceda a los planteos que exigen más tiempo para debatir el tema e introducir reformas, posponiendo el tratamiento este jueves.

Si ocurriera esto último, a su vez generaría otras dos opciones: uno sería esperar al período 2021 para dar un debate extenso, amplio y participativo; y otro, sería extender el período ordinario 20 días, con un margen mayor de negociación que pudiera mostrar un consenso más amplio de quienes proponen modificaciones al proyecto. Ésta última opción, que empezó a sonar en las últimas horas de parte de actores con una mirada no tan alejada del oficialismo, surge como la puerta de escapatoria a la encrucijada que significa apostar todo por el 10 de diciembre.

CÓMO JUEGA NACIÓN

Una de las definiciones brindadas por el gobernador Mariano Arcioni en la conferencia de prensa del último jueves, fue que en este tema no hay ningún tipo de presión del gobierno nacional. La realidad es que para el gobierno de Alberto Fernández, la inversión minera en la meseta es algo a nivel estratégico muy importante, y casi emblemático, porque podría ser el puntapié para desarrollar otros emprendimientos mineros en provincias como La Rioja y Mendoza. Así lo admite un importante vocero de Casa Rosada que habla con esta columna, y que reconoce que hay mucha expectativa puesta en el arribo de estos capitales privados a Chubut. Por ello, no es casual que actores como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, o el Secretario de Minería, Alberto Hensel, hayan salido a “jugar” a favor de la iniciativa de una manera tan clara.

Estos mismos voceros de Balcarce 50, reconocen de todos modos que más allá del marcado interés para que se habilite la minería, la aprobación del tema y la sanción de la ley es responsabilidad de los actores de la política local, de una dirigencia chubutense que observan como caótica y con referentes jugando cada uno su propio juego, sin una conducción clara. No están satisfechos en el entorno del Presidente con la manera en que el gobierno de Chubut manejó el tema, en cómo lo presentó a la sociedad y en la manera en que salió a tratar de obtener los votos que le faltan. Hay temor de que la estrategia sea fallida, y que esto pueda comprometer seriamente el éxito de la ley.

De hecho, hay una figura clave en todo el armado, que ha despertado una mezcla de enojo y desconcierto en el entorno de Alberto Fernández, y es el vicegobernador Ricardo Sastre. Una fuente inobjetable confesó que el Presidente, quien mantuvo una conversación con el madrynense hace unos días en la que obtuvo el compromiso de palabra de aportar lo máximo posible para la sanción de la ley, no sale de su asombro cuando le hacen llegar los tuits de voceros muy reconocidos del sastrismo que dan a entender que la ley no saldría gracias al compromiso ambiental de Sastre y sus diputados, que en realidad son los que impiden el avance del lobby minero. “No entendemos la estrategia de poner un huevo en cada canasta, con el Presidente no se juega”, fue una de las frases que se escuchó en las últimas horas en Buenos Aires.

Todo parece indicar que la postura que adopten los tres legisladores del sastrismo sobre este tema puede marcar a futuro de manera definitiva la relación del vicegobernador con la Nación. Hay que recordar que se trata de un dirigente con muchas aspiraciones, ya sea como posible candidato a senador en 2021 o como aspirante a la gobernación en 2023, siempre dentro del justicialismo. Por si hacía falta una muestra más de todo lo que está en juego en una votación de este tipo.

GRIETAS EN EL PERONISMO

Ahora bien, ¿cómo entender que si el gobierno nacional está muy interesado en el desarrollo minero, sus legisladores nacionales, así como la dirigencia de su partido y la mayoría de sus diputados provinciales se manifiesta en contra? Un ministro del gabinete de Arcioni dijo a esta columna una teoría que se escucha en Fontana 50, según la cual, “aquí se observa la interna de la alianza nacional, con Alberto a favor, pero Cristina operando en contra porque Chubut está identificada como una provincia del massismo”. Ese análisis explicaría para el gobierno local las razones por las cuales hay objeciones no sólo desde la política, sino también de referentes de organismos científicos nacionales, que en definitiva también son funcionarios.

Una mirada muy diferente expresó a esta agencia otro importante actor del Frente de Todos de Chubut con vínculos en la “mesa chica” nacional, quien se mofó de las “teorías conspirativas adolescentes”, como calificó a las versiones que se escuchan en Rawson. Dijo que en realidad “Cristina tiene una mirada pro minera de toda la vida, pero antes que nada, tiene una mirada política, y nos dice que no avalemos nada que tenga amplio rechazo popular”. Con esto, quiere decir que la mirada de la mayoría del peronismo local es que no se puede tratar este tema con el apuro que pretende el oficialismo: “tenés en contra al 80% de los intendentes, la mitad de la Legislatura, casi todos los legisladores nacionales, hay marchas multitudinarias no sólo en Esquel o Rawson, sino también en Comodoro. Tenés que ser muy obtuso para tratar de insistir igual”.

Según este calificado actor que tiene vínculos con dirigentes de mucho peso en el ámbito nacional, el Frente de Todos es heterogéneo, funciona como una alianza donde confluyen distintas miradas en la que todo es discutible, por lo que no hay “bajada de línea” en Chubut. “El problema es la manera en que lo manejó el gobierno de Arcioni, que no le dejó margen a la política”, argumenta esta fuente cristinista, y pone como ejemplo que la Ley de Medios llevó dos años de debate por todo el país hasta que estuvo madura, y en el caso de la Legalización del Aborto, hubo 60 audiencias a lo largo de un año, “en la que los diputados escucharon y luego tomaron su postura, pero nadie puede decir que no se debatió”.

A pesar de estas voces disonantes, otro ministro del gabinete chubutense que habló con esta columna, se mostró muy confiado en que va a haber al menos 14 votos para sacar la ley este jueves, y ante las objeciones del PJ y el bloque de diputados, dijo que “en Nación opinan que la dirigencia del peronismo acá es nefasta”. Consultado por las opiniones públicas de miembros del Frente de Todos, como Nancy González y Santiago Igón, en contra del proyecto, la respuesta fue que “ellos se están jugando las candidaturas de cara a 2021”.

NEGOCIACIONES DE ÚLTIMA HORA

Por lo pronto, en la previa del “debate virtual” que se va cumplir en estos días, hay un tándem que hay que tener presente, porque puede llegar a ser decisivo, si se tiene en cuenta que la relación de fuerzas está muy pareja: Leúnda-Luque-Moyano-Taboada. Hablamos, claro está, del Vicejefe de Asesores de la Presidencia de la Nación, el comodorense Julián Leúnda; del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; del dirigente del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano; y del referente de Camioneros en Chubut, Jorge Taboada, conductor de una diputada como es Tatiana Goic.

Es fluido el contacto entre estos actores por estas horas y es probable que de aquí salga un posicionamiento que puede torcer la balanza, ya que si bien pueden estar en juego apenas dos votos en la Legislatura, podría ser la diferencia entre que el bloque del PJ aporte una sola mano a que aporte 3, como esperan en Fontana 50. Claro que para eso ocurra, los voceros de estos dirigentes advierten que hará falta más tiempo y varias modificaciones al proyecto original.

Por lo pronto, la mesa del PJ chubutense que integra la diputada Adriana Casanovas, pidió al Ejecutivo que retire el proyecto de zonificación para que en vez de tener un “tratamiento exprés”, se dé un debate amplio con todos los actores, especialmente del ámbito científico y académico. La diputada trabaja en la mesa del partido en sintonía con su referente histórico, Carlos Linares, pero a la vez mantiene un diálogo permanente con el intendente Juan Pablo Luque.

La postura de Linares es tajante, pero la de Luque, según pudo saber ADNSUR de sus allegados, apuntaría a que el proyecto tenga más tiempo de debate de aquí a fin de año, con la posibilidad de una nueva sesión a fines de diciembre en la que se pueden contemplar una serie de reformas que serían bien vistas por el mismo Leúnda y también por el sector de Camioneros: los puntos centrales a retocar -además de la discusión en torno a un ingreso mayor de renta y una redacción más explícita y clara sobre los controles ambientales-, pasan por la incorporación expresa de Petrominera Chubut como socia en las ganancias en el orden de un 5 %, y beneficios concretos para el puerto de Comodoro Rivadavia, que en la ley no tiene nada asegurado y todo parece apuntar al muelle madrynense.

LO QUE PUEDE PASAR

En el inicio del análisis hablamos de dos o tres escenarios para esta semana, en un contexto donde queda claro que no es fácil hacer un anticipo, ya que estas cuestiones suelen desencadenarse todas a último momento. Lo que sí queda a modo de resumen después de escuchar a los diferentes actores de todos los colores políticos, es que si el mandato de Nación -con el que coincide el mismo gobernador Arcioni según sus declaraciones-, es que la ley salga con el mayor consenso posible, no parece factible un tratamiento veloz en la comisión este miércoles para que salga en la sesión del jueves.

Las modificaciones pedidas por el intendente Luque en sintonía con algunos diputados, muestran que el proyecto aún necesita ser analizado a fondo, como se escuchó también desde Puerto Madryn en las oficinas del diputado del PRO, Sebastián López. Si bien un comunicado de la asamblea provincial de ese partido mostró una postura contraria al tratamiento, en el gobierno confían en que el legislador tenga “banca” de más arriba y que pueda acceder a dar su firma a un dictamen en la comisión, con la condición de que se incluyan reformas vinculadas a los ingresos por regalías y a los controles ambientales. En el caso de los dos diputados radicales, tanto Manuel Pagliaroni como Andrea Aguilera ya han fijado posición en contra, al expresar que en este contexto no están dadas las condiciones para aprobar la habilitación de la minería, en sintonía con la postura de la UCR a nivel provincial.

La sensación, después de tener un panorama con opiniones de protagonistas de distintas extracciones, es que no hay muchas chances de que el proyecto de zonificación sea aprobado con el texto original -si es que esa era la esperanza del oficialismo-, y que en todo caso, hace falta más tiempo para discutir reformas de fondo, con mayor participación de especialistas. Es una postura que cobra cada vez más fuerza, más allá de que hay otro grupo de diputados que ya adelantó que no votará la zonificación en ninguna de sus formas porque tiene una postura tomada en contra de la actividad minera, como los cordilleranos Rafael Williams, Carlos Mantegna y Zulema Andén, y las diputadas justicialistas Belén Baskovc y Mónica Saso. Un posicionamiento similar se escuchó en las últimas semanas de los diputados madernistas Leila Lloyd Jones y José Giménez. Y lo dicho, los dos diputados radicales no son tan tajantes respecto a la actividad, pero sí en cuanto al proyecto del gobierno.

Para este jueves, seguramente habrá un diputado ausente por cuestiones de salud, mientras que es probable que algún diputado oficialista se “desconecte” o pida abstenerse si el proyecto de zonificación llega al Orden del Día. De ser así, este jueves el proyecto 128 debería tratarse sobre un total de 25, por lo que un número de 13 legisladores podría ser suficiente para una mayoría, aunque hay quienes dudan desde el gobierno nacional y también en la órbita local, si es conveniente sacar una ley con mínimo apoyo que podría terminar siendo judicializada y frenada en los tribunales.

Será una semana corta por el feriado largo, pero no por eso menos intensa. El miércoles, en la comisión de Recursos Naturales, continuará la película del debate minero. En otras comisiones, hay varios temas pendientes para los que no alcanza el tiempo, y dos de ellos son el Presupuesto y la Ley Tributaria 2021, que podrían demandar más plazo. Sería la excusa para votar una prórroga del período de sesiones, que permita un “tiempo de descuento” hasta fin de año, en una provincia en crisis que discute, nada menos, cuál debe ser el camino hacia el futuro.