Más control sobre planes sociales: El Gobierno quiere que beneficiarios estudien

CAPITAL FEDERAL - Hasta ahora, quienes cobran los $4.430 pueden realizar talleres o trabajar en cooperativas. Un nuevo plan fijará que obligatoriamente deberán completar la primaria y secundaria. Será un golpe político y económico para los movimientos sociales.

Tras dos años de evaluación, el Gobierno prepara un cambio radical en la política de planes sociales que heredó del kirchnerismo. Con la promesa de que “nadie que cobre un plan va a dejar de cobrarlo”, el objetivo de Mauricio Macri es que los miles de millones de pesos que cada año el Estado destina a auxiliar a los sectores más vulnerables continúen contemplando una contraprestación por parte de cada beneficiario, pero que ahora se enfoque fundamentalmente en educación y capacitación.

Desde lo político y lo económico, la medida representará un duro golpe a las organizaciones sociales. Implica una quita en los fondos que anualmente reciben del Estado y también en la influencia territorial, ya que el plan dejará atrás el viejo sistema de control de planes por planillas.

En el Gobierno aseguran que la decisión nada tiene que ver con la participación de las "Orgas" en la marcha del miércoles pasado de Hugo Moyano y juran que estuvo en análisis "durante varios meses". Y, en rigor, el memo interno al que accedió Clarín, en el que se detalla el plan, data de los primeros días de febrero. No obstante, la relación con los movimientos se enfrió en las últimas semanas.

En términos técnicos, el plan del Gobierno contemplará la eliminación de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen y la creación de uno nuevo, “Hacemos Futuro”, que involucre a los beneficiarios nucleados en ambos. Pero va más allá.

Es que el programa tiene dos ejes programáticos. El primero comprende la “Educación Formal Obligatoria”, por lo que los titulares de los planes deberán finalizar sus estudios primarios y secundarios.

“A los fines de permanecer en el programa, los beneficiarios deberán acreditar que se han inscripto y se encuentran cursando la educación formal obligatoria”, establece uno de los lineamientos del plan. "Cambiamos el paradigma: de unidades productivas que hacen sillas y mesas (entre otras cosas), pasamos a uno focalizado en brindar autonomía a la persona", dijeron en el Gobierno.

Luego, los beneficiarios podrán profundizar su “Formación Integral” y especializarse. El programa contempla cursos de formación formal, superior y/o profesional; y talleres formativos, brindados por organismos, incluso no gubernamentales.

“La idea es empoderar a las personas, garantizando en principio que concluyan sus estudios; y, luego, que se capaciten a través de cursos y prácticas para tener más chances de insertarse en el mercado laboral”, explicó una alta fuente al tanto del plan que pergeñaron entre la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, y el secretario de Economía Social Matías Kelly, cuyo padrino político, Mario Quintana, supervisó todo desde Jefatura de Gabinete.

Así, la gente podrá optar por cursos de formación en institutos primarios, secundarios y terciarios habilitados por el Ministerio de Educación. "Se va a invertir la carga de la prueba: en vez de que dependan de un puntero o de un jefe político que valide su asistencia en una planilla, podrán elegir de una larga lista de lugar dónde ir a formarse", se entusiasmaron en el Gobierno.

De todos modos, también se convalidarán los proyectos de centros que realicen prácticas, pero con alto impacto público -un punto reclamado por Macri- como obras de infraestructura.

Como contó Clarín el mes pasado, la intención inicial del Gobierno fue ampliar la cantidad de entes ejecutores, donde los 261 mil beneficiarios de planes que cobran los $ 4.430 por mes que les paga el Estado realizan alguna actividad a cambio.

Sucede que, además, cada uno de los 50 entes de las organizaciones reciben 12.000 pesos al año por cada beneficiario de un plan social, para cubrir costos administrativos, operativos e insumos que necesitan para cubrir las actividades como entes ejecutores. Es decir, en forma global se trata de unos $720 millones. Con este giro, dejarán de recibirlos. Habrá que ver cómo reaccionan.

Con todo, esta medida, que se anunciará en las próximas horas, también golpeará a municipios: no sólo en lo económico, dado que muchos se constituyeron como entes y perciben $18 mil al año por cada beneficiario, sino porque hay intendentes que utilizan el personal para tareas de mantenimiento, como ocurre en La Matanza, donde Verónica Magario los puso al servicio de la limpieza de la vía pública. Lo curioso -o no tanto- es que la particular metodología excede la ideología política y no sólo es propiedad del PJ: por caso, el intendente cambiemista Diego Valenzuela, de Tres Febrero, encontró en los Argentina Trabaja la solución a la limpieza del Metrobús en su distrito, por lo que deberá buscar una alternativa.

Stanley acordó con Quintana que los fondos que se ahorrarán con este cambio -este año superarán los $1.500 millones- serán destinados a obras de infraestructura para mejorar barrios vulnerables. Ahí sí podrían entrar las organizaciones: a los líderes piqueteros, que pasarán hoy por Desarrollo tras largas semanas de distanciamiento, les ofrecerán ponerse al frente de esas tareas.

Fuente: Clarín