RAWSON (ADNSUR) - En los últimos meses se han generado al menos otros cuatro fallos que hacen lugar a recursos de amparo presentados por magistrados chubutenses que se valen del artículo constitucional que protege la intangibilidad salarial, lo que derivó en la orden al Ministerio de Economía de pagar inmediatamente los sueldos atrasados a los beneficiarios, además de abonar en adelante en tiempo y forma, con la consecuencia de que esto debe contemplarse incluso antes de que cobren el resto de los empleados públicos activos y pasivos.
Fuentes del Ejecutivo confirmaron el dato a ADNSUR, y confiaron que se va a seguir dando prioridad a la orden que emana de un artículo legal, pero que el peligro es que "va a llegar un día en que vamos a pagar primero al Poder Judicial y después vendrán los otros, jubilados, enfermeros, policías, docentes". Según se explicó este funcionario, esto obliga a una "contabilidad paralela" porque hay que hacer una liquidación especial para este grupo, porque son los primeros que cobran, haya o no fondos.
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Hay que recordar que el primero de estos fallos se conoció hacia fines de agosto, ante la presentación de una magistrada del área de Familia de la ciudad de Trelew, y luego fueron ingresando presentaciones similares que lograron casi por "goteo" resoluciones favorables, dispuestas en todos los casos por conjueces -son abogados que reemplazan a los jueces que se ven inhabilitados de intervenir-.
Si bien desde Fiscalía de Estado se había apelado el primero de los fallos porque había emanado de un abogado residente en Mar del Plata, después se sumaron otros amparos de conjueces de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia que quedaron firmes, por lo que se generó un precedente que marca un camino para otros magistrados que quieran recurrir al artículo 170 de la Constitución Provincial al considerar que el Estado de alguna manera violó la norma que establece que sus ingresos salariales son intocables.
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Desde el gobierno se mostró preocupación ante la posibilidad de que esto derive en una presentación masiva de amparos, provenientes de magistrados que están incluidos en el cuarto rango con sueldos superiores a $ 150 mil pesos a los que se deben dos meses además de una cuota del aguinaldo de julio y todo el aguinaldo de diciembre. Lo que preocupa en el Ejecutivo es que la consecuencia si esto se generaliza, sería que deberían destinarse a magistrados y funcionarios judiciales una masa importante de fondos que hoy no está prevista y que podría ir en detrimento de otros trabajadores del Estado.