Ordenaron la libertad de Milagro Sala por considerar vencido el plazo de la prisión preventiva
Así lo dispuso la Justicia de Jujuy por considerar que la dirigente de la Tupac Amarú debía tener ya una resolución. Sin embargo, y pese a que es la segunda medida similar que la beneficia en los últimos meses, deberá permanecer en su prisión domiciliaria a la espera de la resolución de una causa superior.
JUJUY (ADNSUR) – La dirigente social Milagro Sala recibió este viernes el beneficio de la libertad en una de las causas que las tiene como protagonista, al considerarse que se había cumplido el plazo legal para permanecer sin sentencia.
Esta situación se produjo en la conocida como “Megacausa”, que es la principal por la que está imputada la dirigente de la organización Tupac Amarú.
Sin embargo, Sala deberá permanecer detenida –actualmente en condición domiciliaria- a la espera de la resolución de la Corte Suprema en la causa “pibes villeros”.
La resolución del viernes establece que Sala y otras dos personas que recibieron el mismo beneficio deberán prestar “caución juratoria, fijar y mantener domicilio, y permanecer a disposición del Juzgado en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública y concurrir a todas las citaciones que se le formulen”.
La decisión fue tomada por el juez Rodolfo Miguel Fernández, quien se hizo cargo de la causa luego de que le anterior magistrado, Isidoro Cruz, fuera declarado incompetente para llevar adelante la investigación.
En el expediente que la mantiene con prisión domiciliaria, Sala fue condenada por ser la jefa de una asociación ilícita que desviaba dinero proveniente del Estado para la construcción de viviendas.
En esta causa, en enero pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy había rechazado un pedido de Sala, y ratificó su condena a 13 años de prisión en el marco de la causa conocida como “Pibes villeros” por asociación ilícita.
Esta causa es la que tiene a Sala presa con domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya y se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que cometió extorsión y fraude a la administración pública por la malversación de 29 millones de pesos en el programa “Mejor vivir 2”, por el que se recibieron fondos, pero no se concretaron las obras.
