RAWSON (ADNSUR/Escuchá el audio) – El fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, hizo referencia a la respuesta que darán a Nación en torno a la distribución de la coparticipación. “Estamos terminando la oposición a la medida precautoria que solicitó la provincia de Buenos Aires”, precisó. Indicó que la respuesta será enviada “a fines de octubre. Estamos ultimando detalles y estamos cerca de las 70 páginas en la contestación de la demanda. Estamos reconviniendo sobre inconstitucionalidades, cuestionando la integración del carácter de terceros  de la provincia y se pidió que se nos dé el carácter de co-demandad, de modo que estamos abriendo un nuevo abanico en este bagaje de contestaciones”.

E indicó que “Buenos Aires pide una medida cautelar solicitando que se libere el tope de los 650 millones y en su defecto que se la integre como una provincia más en el reparto del remanente entre los 650 y el tope del 10%. Nos parece descabellado el planteo porque la cautelar coincide con el objeto de la demanda y la corte en su carácter restrictiva en el otorgamiento de medidas cautelares por lo que es materia de competencia del Congreso Nacional donde el legislador estableció el tope de 650 millones de dólares”.

“El gobierno nacional en lugar de oponerse, mejoró la demanda propiciando una anuencia sobre la medida cautelar requerida, diciendo que evitaría un eventual perjuicio a Buenos Aires. Es lisa y llanamente un allanamiento lo que hizo el Estado Nacional porque nos deja en un estado de cuasi indefensión por el carácter en el que nos integra como terceros”, remarcó.

Y consideró que “esto es así y por eso la presentación tiene mucho de jurídico pero también un gran condimento político. Entiendo que la demanda que ha incubado la provincia de Buenos Aires, cuenta con un guiño del gobierno nacional y esto me atrevo a decirlo porque la contestación de la Procuración del Tesoro va por esa línea. Es decir, una suerte de allanamiento, ha mejorado parte de la presentación de la demanda de Buenos Aires y hasta ha  prestado consentimiento con una medida precautoria”.

“Por eso en la última reunión de fiscales de Estado hemos optado por distintas posturas pero con un objetivo preciso como es defender la distribución del remanente de los fondos coparticipables, manteniendo los 650 mil millones que se establece por ley y diciendo que el foco de la cuestión tiene correrse y debatirse en el Congreso”, sostuvo.

Y agregó que “abrir esta vía en la Corte sería claramente perjudicial y abriría un camino preocupante porque daría el camino para que cada provincia pueda cuestionar los índices de coparticipación que le corresponde según cualquier ley. Y esto es lo que está intentando hacer la provincia de Buenos Aires, es decir, cuestionar un tope que se ha establecido a través de una norma en un debate legislativo. De hacer lugar la Corte a esto, cualquier provincia podría cuestionar que el 5% es ínfimo, pondría un porcentaje mayor y estaríamos en una situación de pleito con el Estado Nacional cuestionando y tratando de suplir funciones que son propias del Congreso de la Nación”.

Por último, remarcó que “el 13 de noviembre es el día 60 y es el momento en que se vence para presentar la demanda, tenemos planeado contestarlo antes y vamos a tratar de contestar entre fines de este mes y primera semana de noviembre”.
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