La petrolera estatal pidió que se incluya en la Consolidación de Deudas de la provincia.

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Petrominera pidió a la Contaduría General de la Provincia que se incluya en la de Consolidación de Deudas de la provincia el juicio perdido con Pampa Energía por 6,7 millones de dólares, a lo que se suma un monto 7,5 millones de pesos que debe pagar a los abogados intervinientes en el litigio. Se trata de otra de las consecuencias del “proyecto Ingentis”, por el cual la provincia sigue afrontando pérdidas millonarias.

En total, sumando ambos montos y con el tipo de cambio actual, la firma debe afrontar un volumen de deuda cercano a los 7 millones de dólares, pero sus autoridades apuntan a que el Ministerio de Economía incluya esa acreencia en una ley recientemente creada para afrontar deudas del Estado.

La normativa de Cancelación de Deudas implica la posibilidad de pagar dichas obligaciones en bonos, del mismo modo que el Estado provincial apunta a pagar al resto de sus acreedores. En este caso, se trata del pésimo negocio (al menos para la provincia) iniciado en el año 2007 y que en poco tiempo evidenció su fracaso, por el que el Estado provincial, en este caso a través de una de sus empresas autárquicas, debe seguir afrontando pérdidas.

El fallo condenatorio en contra de Petrominera se notificó el 17 de agosto último y responde al Laudo del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la causa caratulada como “Inversora Ingentis S.A contra Petrominera Chubut”, expediente 951/2013.

En concreto, la empresa estatal deberá pagar U$ 6.774.805,58 a favor de Pampa Energía, quien inició el reclamo debido a que la empresa estatal no terminó de pagarle el 24% de las acciones que acordaron que ésta le compraría, en el año 2010.

Denuncia penal inconclusa

Ese convenio por la compra de acciones –que el gobierno provincial ordenó por entonces a la empresa estatal- quedó suspendido cuando la Fiscalía de Estado, por entonces a cargo del actual diputado Blas Meza Evans, presentó una demanda judicial para que se investiguen presuntas irregularidades cometidas en el proceso de formación de la empresa, que apuntaba a construir parques energéticos que, en menos de un año, resultaron en un fracaso absoluto.

La tranquera en un terreno de Dolavon, donde se montaría una central termo eléctrica de 400 mw y 100 mw de energía eólica, resultaron por años el reflejo más acabado de aquel fracaso, por el que la provincia dispuso fondos para la compra de dos turbinas: una quedó en poder de Pampa Energía y la otra sigue arrumbada en un depósito de Estados Unidos, acumulando deudas por el depósito fiscal impago desde hace 8 años.

La denuncia planteada en el año 2012 está en manos del fiscal Daniel Báez, que en 2014 ordenó una pericia contable sobre la empresa, en la que surgió la falta de documentación respaldatoria de muchas de las operaciones realizadas, al tiempo que se dejaron entrever posibles maniobras de vaciamiento.

En los últimos días, desde la fiscalía se indicó a esta agencia de noticias que la causa no está archivada aun, informándose que se solicitó información a organismos nacionales de investigación financiera.

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