Presentaron un amparo contra el decreto de Javier Milei para privatizar las represas
Los abogados Mariano Mansilla y Juan Kairuz presentaron la acción ante la Cámara Federal de General Roca.
Luego de la determinación del Gobierno nacional, de Javier Milei, de poner en venta el paquete accionario mayoritario de las represas hidroeléctricas ubicadas sobre el río Limay, un grupo de organizaciones políticas y sociales presentaron una acción de amparo ante la Cámara Federal de Roca, con el objetivo de anular el Decreto 718/24, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El decreto en cuestión establece que las concesiones de las represas hidroeléctricas serán prorrogadas por un año o hasta que se culmine el proceso licitatorio para su venta. Las organizaciones argumentan que esta decisión del gobierno atenta contra el dominio originario de los recursos naturales, tal como lo estipula el Artículo 124 de la Constitución Nacional.
El abogado y dirigente de UNE, Mariano Mansilla, junto al apoderado del partido, Juan Kairuz, presentaron esta acción de amparo, solicitando la suspensión inmediata del decreto y su declaración de inconstitucionalidad. "Si no queremos perder el manejo de nuestros ríos, hay que luchar", declaró Mansilla, subrayando la importancia de defender la soberanía provincial sobre los recursos hídricos.
La acción judicial destaca que el decreto, al no incluir a las provincias en el proceso de venta de las represas, viola el principio constitucional del dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. Este principio fue incorporado en la reforma constitucional de 1994, y otorga a las provincias la potestad exclusiva sobre los recursos naturales ubicados en su territorio.
El decreto faculta a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a definir normas relacionadas con la seguridad de las presas, el manejo de las aguas y la protección del medio ambiente, competencias que, según los demandantes, deberían estar bajo la jurisdicción provincial.
La decisión del Gobierno nacional de prorrogar por un año las concesiones de los complejos hidroeléctricos El Chocón, Alicurá y Piedra del Águila, en el río Limay, y Cerros Colorados-Planicie Banderita, en el río Neuquén, incluye la venta en los próximos seis meses del paquete accionario mayoritario de las sociedades que controlan esas represas.
Actualmente, las concesiones están en manos de compañías privadas: Orazul Energy es la controlante de Cerros Colorados, Enel de El Chocón-Arroyito, AES de Alicurá y Central Puerto de Piedra del Águila.