Propuesta final: las dos opciones que presentará Chubut a Nación para cancelar la asfixiante deuda heredada con el Fondo Fiduciario

Ya solucionado el pago del Tidech ante Anses con la emisión de un nuevo bono, y en vías de renegociación la deuda en dólares con los acreedores del Bocade, el monto aún pendiente por aproximadamente 100 mil millones de pesos -unos 120 millones de dólares- de Chubut con Nación por los sucesivos tramos tomados en la gestión anterior con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) se ha convertido hoy en la mayor piedra en el zapato para una administración solvente.

No es una deuda más, sino LA DEUDA del momento, ya que lo firmado entre Sergio Massa y Mariano Arcioni establece que todo ese monto de dinero, debe cancelarse en los próximos 10 meses y una tasa ajustada por CER, en un país con una inflación galopante: sencillamente impagable, al punto que compromete los ingresos por coparticipación en un volumen que afecta al 30 % de la masa salarial de los estatales.

Ante el combo de deudas que fue descripto como una “bomba financiera”, los responsables económicos de la gestión de Ignacio Torres elaboraron un plan de desendeudamiento que afirman es sostenible en el tiempo, pero buena parte de ello depende del visto bueno de la administración de Javier Milei.

Justamente ese fue el origen del enorme conflicto de dimensiones nacionales que enfrentó a ambos dirigentes: la negativa de la Casa Rosada a autorizar a Economía y al BCRA a habilitar los trámites para aceptar las propuestas de pago de Chubut, decidiendo en cambio, ejecutar el cobro de manera inmediata del FFDP.

El carácter intempestivo y arbitrario de esa decisión, contraria a la histórica política de la Nación con las provincias en los últimos 30 años, fue el argumento del fallo del juez federal Hugo Sastre, quien basándose en el perjuicio que esto traería aparejado en los servicios esenciales de la provincia y en los salarios -de carácter alimenticio- hizo lugar al planteo del fiscal de estado, Andrés Giacomone, y detuvo el débito de la coparticipación.

La medida judicial trajo alivio momentáneo a las cuentas provinciales, aunque la batalla judicial continúa, ya que Nación presentó por un lado una inhibitoria contra la competencia del juez ante la Corte Suprema, y por el otro apeló el fallo con la vía inmediata superior, es decir, la Cámara de Apelaciones, algo que ocurrió en las últimas horas y fue confirmado a esta columna.

El dato de última hora, es que el viernes por la tarde, en el Salón de Presidencia del Banco del Chubut, se terminó de cerrar cómo seguirá la estrategia por parte del estado provincial, con una oferta de pago a Nación que incluirá dos propuestas alternativas.

Fue en una reunión de la que participaron el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner, y el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone. Los artífices en los que Ignacio Torres dejó en manos el éxito de la negociación que tiene dos vías: una ante el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, y otra ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre.

Las dos propuestas

El argumento que elevará la provincia del Chubut se basa en que el objeto del FFDP es, entre otros, “asistir y financiar el saneamiento de las deudas de los estados provinciales, su renegociación y/o su cancelación” y que el Ministerio de Economía de la Nación cuenta con las facultades para “modificar las condiciones financieras de las deudas que mantienen las jurisdicciones provinciales”, pudiendo “acordar quita, espera y novación de deudas, tanto de capital como de intereses”.

Los representantes de Torres argumentarán en su planteo que desde la asunción en diciembre de 2023 “se ha venido aplicando una política fiscal provincial destinada a controlar el resultado primario, ordenar y priorizar el gasto y cumplir con las obligaciones financieras existentes con razonabilidad, asegurando la continuidad normal del funcionamiento del Estado Provincial”.

Y es “en este marco que la Provincia plantea como herramienta para enfrentar la deuda contraída con el FFDP ofrecer dos opciones de pago que entendemos importan condiciones razonables que permiten honrar la misma sin por ello poner en compromiso el cumplimiento de los servicios esenciales del Estado”.

La primera opción propone el canje de deuda por una Letra en U$S a 10 años de plazo, bajo el fundamento fiscal financiero que replica políticas aplicadas por la actual administración en el manejo de sus pasivos financieros, particularmente de aquellos de la Tesorería con los bonistas y con el BCRA. 

La segunda opción consistiría en saldar la deuda utilizando un esquema similar al adoptado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para la suscripción de deuda con las provincias, también con el plazo para la cancelación será a 10 años.

En ambos casos se propone que Chubut pague en las mismas condiciones a las cuales acceden al financiamiento dentro del mismo sector público entre el gobierno nacional y las provincias con el BCRA y la Anses. Este es el argumento central, al ser una deuda entre estados, y no un contrato entre privados, debe seguirse el mismo tipo de cláusulas que ya se aplican en este tipo de obligaciones entre organismos públicos.

Cómo sigue

Tal como ocurrió con la medida autosatisfactiva dictada por el juez Sastre respecto al Fondo de Sostenimiento del Transporte, también impulsada por Chubut, el gobierno nacional fue por la inhibitoria ante la Corte y la apelación ante la Cámara. Considera nula la competencia del juez y a la vez los argumentos del fallo, por lo cual, plantea una guerra judicial.

Hasta ahora Chubut no ha sido notificada, pero el próximo paso es que el ministro de Economía, Facundo Ball, eleve estas dos propuestas a su par de Nación, Luis Caputo, y después ambas ofertas sean adjuntadas a la causa que se lleva adelante en el juzgado federal, para demostrar que Chubut ha dado cumplimiento a lo que planteó el juez en el fallo, que instaba a las partes a sentarse a negociar.

El argumento de fondo, es que Chubut muestra voluntad de pago, pero en condiciones lógicas, con tasas razonables y a mayor plazo, de manera que esto no afecte en lo inmediato sus obligaciones esenciales. 

La historia de Nación como acreedor en este tipo de casos, muestra que siempre se optó por asistir a los estados provinciales y ayudarlos a salir de una situación de asfixia, a diferencia de lo que ocurre en esta oportunidad, donde se busca ejecutar de cualquier manera y sin importar las consecuencias.

El cambio es tan notorio, que es lo que lleva a Ignacio Torres a hacer la única lectura política posible: se trata de un apriete del estado central que busca disciplinar a una provincia chica, como ejemplo para el resto de los estados que en el futuro puedan animarse a enfrentar a la Casa Rosada.

En los próximos días, esta oferta será un paso clave para mostrar que Chubut tiene un plan para salir del pozo, y que acata los fallos judiciales. Mientras tanto, podría esperarse que Nación pueda abrir una vía de diálogo que no obligue a que la sangre llegue al río, una actitud que aún no se ha visto. 

Por lo pronto, la cumbre de gobernadores del último jueves en Puerto Madryn, sirvió para que los mandatarios renueven el respaldo a Chubut, y envíen una señal de fortaleza regional. La pelota ahora está en manos del gobierno nacional.