Qué aspectos abarcaría una enmienda a la Carta Orgánica Municipal de Comodoro

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una posible enmienda a la Carta Orgánica Municipal de Comodoro Rivadavia ha sido materia de análisis en círculos cerrados del entorno del intendente Juan Pablo Luque, aunque sus principales espadas políticas niegan con vehemencia esta información. La posibilidad de habilitar una reelección, aunque no sea el objetivo prioritario hoy, es una carta política para evitar la dilución de poder que suele afectar a gobernantes que no tienen esa perspectiva de continuidad.

La alternativa de modificar sólo dos artículos y la nueva concepción del Ente de Servicios Públicos, con el objetivo de recuperar el control autónomo y el poder de sanción sobre las concesionarias, podría implicar la llave que abra la puerta para concretar varios objetivos, tanto en el terreno de la gestión y como en la estrategia política.

“No es un tema en agenda y tampoco estamos pensando en forma prioritaria en esto”, enfatizan colaboradores cercanos al intendente. De todos modos, vencidas algunas resistencias iniciales, en otros círculos se insiste en una concepción jurídica que no parece cuestionable en sí misma: el rol de vice intendente no es una función vinculada al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo. 

Restringir la posibilidad de un segundo mandato a un intendente que antes fue vice, se razona en tal sentido, es limitar la posibilidad de concretar proyectos que demandan más tiempo, más aún en una ciudad con las complejidades urbanas de Comodoro.  

“A todo esto –agrega un interlocutor que conoce de cerca los despachos oficiales- hay que sumar el contexto de pandemia del año pasado y que sigue proyectándose en este segundo año de mandato. Es una idea que se habló en algún momento, porque hay sectores dentro y fuera del peronismo que nos piden revisar esto, pero no hay mucho más ni se ha tomado ninguna decisión. Hoy no está puesta la cabeza en una reelección, sino en hacer una buena gestión en la ciudad”.

No es una idea inventada por esta agencia. En distintos tonos, los concejales oficialistas Daniel Vleminchx y Gustavo Reyes salieron a hablar públicamente sobre aspectos que podrían ser necesarios readecuar en la COM, aprobada en 1999, como los vinculados a temas de género, nuevas tecnologías, ambiente, etc. Aunque intentaron poner paños fríos al tema de una posible reelección, tampoco pudieron negarlo con vehemencia.

Aquella primera línea argumental, ligada a los objetivos de gestión, se refuerza con otra, vinculada a una estrategia de poder. Aunque para el común de la gente es difícil de aceptar, o entender, todo funcionario en ejercicio de poder necesita generar expectativa de continuidad: en clave política, es “manejar el ordenamiento hacia dentro”, en un momento de muchas complejidades económicas y sociales. En concreto: evitar la dispersión de fuerzas y que crezcan alternativas opositoras internas.

“Algo parecido le pasó a Carlos (Linares) –recuerdan en algunos pasillos partidarios-. Tardó mucho en definir si iba a ir por la gobernación y no tenía reelección como intendente, no ordenó a tiempo, tuvo armados paralelos y terminó generando una dispersión que, cuando se definió para ser candidato, había perdido parte de su poder y de sus posibilidades”.

Hay otro aspecto que podría dar sustento a la expectativa de reelección es la buena imagen que mide Luque, según se observó en diversas encuestas que circularon en las últimas semanas. Se trata de un activo que permite que en algunos ámbitos se especule en torno a estos temas, aun cuando no le resulte cómodo que se instale en la agenda pública.

Otra carta que podría jugar: sin avanzar en una reforma integral de la Carta Orgánica, que requiere un complejo proceso de convocatoria a una convención constituyente y a un análisis integral, la alternativa pasaría por modificar sólo dos artículos de la constitución municipal. Por esa vía, se requiere la aprobación de una mayoría calificada en el Concejo Deliberante, con 8 votos (con los que hoy cuenta el oficialismo) y la opción de someter luego esa modificación a un referemdum, tal como estipula el artículo 145 de la Carta Orgánica actual.

En ese caso, la enmienda empezaría por el artículo 93, que es el que equipara al período de “vice intendente” como un primer mandato en la Intendencia, a la hora de pensar en un segundo período al frente del Ejecutivo Municipal.

Se resolvería así, además, otra necesidad político partidaria: si se llegó a hablar de una posibilidad de candidatura testimonial de Luque al Senado (lo que también es rechazado con fuerza desde el gabinete municipal), para traccionar votos en base a su buena imagen, mucho menos dañino que esa opción sería una consulta a la ciudadanía, en coincidencia con las próximas elecciones legislativas nacionales, en torno a si está de acuerdo con la posibilidad de un segundo mandato del actual intendente. Un “sí” a esa opción sería equivalente a votar al actual intendente.

Un primer artículo a reformar, entonces, sería el 93, que en su concepción actual dice:
“El Intendente y Viceintendente duran en su mandato cuatro (4) años, pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con el intervalo de un período”. Ese sería un artículo a reformular. ¿Cuál podría ser el segundo?

Los cambios en el Ente de Control de Servicios Públicos

En paralelo, en la última sesión del Concejo Deliberante ingresó un proyecto de ordenanza, elaborado por el Ejecutivo Municipal, por el que se apunta a que el Ente de Control de Servicios Públicos recupere el rol con el que fue creado originalmente. Es decir, con facultades para controlar y sancionar a las concesionarias de servicios públicos, de manera autónoma al municipio, sobre el que eventualmente podría ser también controlador, por ejemplo si un servicio fuera prestado por el municipio.

La iniciativa tiene un interesante cuerpo normativo, que apunta a restituir el poder que se le quitó al mismo organismo en el año 2017, cuando una ordenanza modificó su conformación y disminuyó sus funciones, transformándose en los hechos en un ente burocrático, sin mayores facultades para mejorar la calidad de los servicios públicos o para sancionar a las prestatarias.

“Queremos un órgano de control fuerte porque no le tenemos miedo a los controles”, dijeron en ámbitos oficiales, que estuvieron trabajando en la elaboración del proyecto. Es que también el municipio, si eventualmente tomara a su cargo alguno de los servicios públicos, debería ser controlado y circunstancialmente sancionado por ese Ente.

La nueva norma apunta a conformar un organismo con capacidad técnica y se advierte un fuerte énfasis en ese perfil. Tratándose de una dependencia que deberá resolver sobre las concesiones de servicios públicos en los próximos dos años, que debe controlar a concesionarias que reciben millonarios subsidios del municipio, como las empresas del transporte público o la recolección de residuos urbanos, parece un objetivo más que loable.

En todo el cuerpo filosófico del proyecto, que apunta a devolver el espíritu original con el que fue concebido originalmente en la Carta Orgánica Municipal, se advierte una vía de salida, o una llave de entrada, a una posible modificación de la COM.

En algunos círculos, se admitió que podría evaluarse un cambio en el artículo 117, que habla de la conformación del Ente: éste plantea la participación de un representante del Ejecutivo y otros dos por las minorías (oficialismo y oposición) del Concejo Deliberante. ¿Podría pensarse en una enmienda, que ceda el lugar que corresponde al Ejecutivo, a un representante designado por la Universidad Nacional de la Patagonia?

“Es una posibilidad”, admitió una fuente con acceso diario al despacho municipal. Sería una confirmación de la búsqueda de autonomía que se busca devolver al Ente de Control, llevando al plano práctico el enunciado de devolverle un perfil técnico por sobre los cargos político partidarios,  al tiempo que permitiría viabilizar un sistema de controles eficientes en la prestación de servicios esenciales y toda la discusión tarifaria que será profunda en los próximos dos años, cuando haya que normalizar la relación costos y distribución después de la pandemia.

Se trata, en definitiva, de ideas y análisis jurídico políticos en danza. Aunque nadie lo confirmará oficialmente, vale recordar una vieja máxima del periodismo: decir que hay mucha gente con paraguas, no equivale a decir que está lloviendo.