Qué dice el borrador del DNU que promueve ampliar la Corte Suprema a 25 miembros

Ante la advertencia de la oposición de paralizar el Congreso si el oficialismo avanza con el pedido de juicio político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la antesala del inicio del período extraordinario de sesiones que comenzará este lunes, el kirchnerismo aceleró con la presión sobre Alberto Fernández para que por DNU reforme el Máximo Tribunal y lo amplíe a 25 miembros.

En los últimos días los alfiles de Cristina Kirchner, el gobernador de Chaco Jorge Capitanich y el senador nacional Oscar Parrilli, fueron los que le pusieron voz al reclamo del sector más duro del Frente de Todos para que el Presidente rompa el bloqueo parlamentario de Juntos por el Cambio con la firma de un decreto que busca erosionar y condicionar la autonomía de la Corte.

Según publica Infobae, el borrador del DNU del proyecto de reforma del Máximo Tribunal fue propuesto por el senador bonaerense del Frente de Todos y ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, quien en las últimas horas publicó en su cuenta de Twitter que “para evitar la proscripción definitiva de Cristina es imprescindible pensar en candidaturas que ofrezcan las mejores propuestas para ganar las elecciones y, entre otras cosas, llevar adelante una moderna, seria, profunda y democrática reforma judicial”.

El texto apunta a modificar el artículo 21° del decreto ley 1.285 para ampliar a 25 miembros la Corte Suprema. Cada gobernador y el jefe de gobierno de la Ciudad elevará al Presidente una dupla garantizando la paridad de género. El mandatario será el encargado de seleccionar a uno de los dos candidatos propuestos que luego deberán contar con el acuerdo del Senado. Considerando que el número es impar, en el documento se aclaró que el Jefe de Estado “deberá garantizar la máxima paridad de género posible”. De no alcanzar el visto bueno de la Cámara Alta, se deberá solicitar una nueva dupla.

Si bien el borrador da un plazo de 30 días hábiles -una vez oficializada la normativa- para que las Provincias y la Ciudad presenten a sus duplas de jueces, el kirchnerismo busca acelerar, que Alberto Fernández firme el DNU para presionar a los gobernadores a elevar a sus designados de forma inmediata. Ven en este artículo un artilugio para operar sobre los legisladores a tratar la iniciativa en el Congreso.

En caso de que gobernadores o el alcalde porteño no presente sus dupla en el plazo establecido, el mandatario -que propondrá a uno de los 25 miembros- también elegirá a los candidatos de esos distritos.

El propio kirchnerismo reconoce que este artículo se puede declarar inconstitucional ya que la Constitución establece que es el Presidente quien nombra a los magistrados de la Corte con el acuerdo del Senado. Sin embargo, en el borrador del DNU, el oficialismo se excusa sosteniendo que como el Jefe de Estado seguirá siendo quien designe a los postulados por los gobernadores para pasar al acuerdo de la Cámara Alta, considera que el único que podrían plantear la inconstitucionalidad es el propio Presidente.

En el documento se incluyó una cláusula transitoria que incluye a los actuales miembros del Máximo Tribunal. Al considerarse a Juan Carlos Maqueda oriundo de Córdoba; a Carlos Rosenkrantz de la Ciudad de Buenos Aires; y a Horacio Rosatti de Santa Fe, dichas provincias no podrán proponer duplas de candidatos hasta que se genere la vacante en cada una de ellas (a Ricardo Lorenzetti se lo considera designado por el Presidente de la Nación). Por lo tanto, en una primera etapa solo 21 gobernadores podrán proponer jueces. ¿El argumento que utilizó el kirchnerismo en este punto?: “Tener una Corte Federal”.

El oficialismo también busca la modificación del artículo 10 del decreto ley 1.285 mediante el cual los ministros del Máximo Tribunal ejercerán sus funciones desde la jurisdicción en la que fueron designados. Y los empleados de su vocalía también deberán estar radicados en dicha jurisdicción. Los candidatos propuestos por la Ciudad y por el Poder Ejecutivo, ejercerán sus funciones en CABA.

En tanto, los acuerdos de Ministros se realizarán por medios digitales y remotos. Una vez al mes habrá una reunión presencial que se llevará a cabo en una provincia distinta cada vez hasta completar todas las jurisdicciones del país.

Cómo sería el proceso de votación de una Corte de 25 miembros

El kirchnerismo busca con la modificación del artículo 23 quitarle la facultad al tribunal de dividirse en salas. Y de prosperar este borrador de DNU, se sortearán tres jueces para admitir y rechazar recursos interpuestos; cinco jueces distintos a los que admitieron el recurso votarían para resolver la cuestión final una vez admitido el recurso; nueves jueces (distintos a los tres que admitieron el recurso) para resolver cuestión final en casos en que la Nación, las Provincias o la Ciudad, o sus dependencias sean parte en los casos; trece jueces en los casos que la Corte Suprema tenga competencia originaria

Si hubiere desacuerdo, se requerirán los votos necesarios para obtener la mayoría absoluta de opiniones. El sorteo de los Ministros tendrá en cuenta el cúmulo de casos que tenga cada uno de ellos para que las designaciones sean equitativas en la cantidad de casos. Los sorteos deberán realizarse por medio de sistemas que serán observados por el Senado de la Nación, a través del organismo u Observatorio que al efecto sea creado.

El borrador del DNU incluye la modificación del artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la nación (Ley 17.454) y establece que en caso que un recurso extraordinario interpuesto sea “por arbitrariedad de sentencia”, la Sala que intervino “deberá remitir el expediente a la mesa de entradas de la Cámara para sortear otra Sala de la Cámara respectiva distinta a la que dictó la sentencia de manera arbitraria según las partes para que estos resuelvan la admisibilidad del recurso”.

Actualmente, la Corte puede rechazar recursos extraordinarios sin fundamentar su decisión. A partir de la modificación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el Máximo Tribunal tendrá que fundamentar razonablemente sus decisiones de admisibilidad o no de los recursos extraordinarios.

La propuesta de Durañona cuenta con el aval de Capitanich y del kirchnerismo que presiona para modificar la Justicia. Resta que Alberto Fernández ceda su firma.