Quieren reforzar controles y modificar el uso de las fotomultas

Presentaron un proyecto de emergencia vial y proponen modificar el uso de fotomultas, así lo expresó la diputada nacional Patricia Vázquez, quien habló con la prensa y brindó detalles de la propuesta que busca aplicarse en todo el país. 

El objetivo es "destinar recursos y generar un plan que reduzca la siniestralidad vial, fortaleciendo y reforzando los controles presenciales", aseguró.

“Queremos reglas claras y orden. Se intentará que la ley de tránsito sea de orden público para terminar con la dispersión de normas provinciales y municipales, manteniendo la unicidad y seguridad jurídica al ciudadano que esta ley impone y queremos implementar, en el plazo de un año como máximo, el sistema de scoring en todo el país, que lleva más de 16 años esperando”, señaló la diputada.

“El sistema de scoring logró consenso entre todas las provincias del país en el año 2022. Una metodología para avanzar hacia un único sistema de descuento de puntos por infracciones de tránsito en la Licencia Nacional de Conducir”, añadió.

QUÉ SUCEDE CON LAS FOTOMULTAS

En un principio, Vázquez tomó como ejemplo a la provincia de Buenos Aires, respecto a las multas y reveló que “en lo que va del año, lleva recaudado más de 67 mil millones de pesos y los convenios de los municipios con las universidades, porque tercerizan en las universidades y a su vez tercerizan en CECAITRA el servicio, supuestamente, técnico para el uso de las máquinas o cinemómetros que tengan que ver con las cámaras de seguridad vial, de foto multa”. 

“Todo muy sinuoso. Por eso se propone pasar de un esquema recaudatorio a una verdadera política de prevención vial”, señaló.

“Con mi proyecto, las fotomultas dejan de ser el único elemento de constatación de faltas para pasar a ser solo auxiliar y de apoyo al control que, como ya indica el artículo 70, debe ser presencial con el objetivo de hacer cesar al infractor en su conducta”, aclaró.

Cabe recordar que CECAITRA es una asociación civil sin fines de lucro, que incluye a empresas de equipos tecnológicos vinculados a la seguridad vial.  En este marco, Vázquez señaló que “los convenios que se firman con los municipios, universidades y con CECAITRA, son, evidentemente, una caja política”.

Por último, la diputada aseguró que “para cortar con el curro de las universidades y de las empresas intermediarias que se llevan el 50%, y en algunos casos aún más, de la recaudación por infracciones, se propone crear un fondo con el 100% de los montos recaudados para afectarlos a obras de infraestructura vial, educación vial y asistencia en siniestros viales”.

En tanto, “para los automovilistas alcanzados por estas multas hay que tratar el tema de la coherencia en la prescripción de las sanciones. Lo establecido en la ley de tránsito va más allá del tiempo que el Código Penal dispone para la prescripción. Por eso, la modificación retoma la redacción original del artículo 89, sosteniendo un año para faltas leves y dos años para faltas graves”, concluyó.

Con información de iProfesional, redactada y editada por un periodista de ADNSUR