Se produjo un golpe de Estado en Birmania
El Ejército de Myanmar realizó un golpe de estado al tomar el control político del país este lunes y declaró el estado de emergencia por un año, según el canal de televisión controlado por los militares.
MYANMAR (ADNSUR) - El hasta ahora vicepresidente, Myint Swe, que fue nombrado en el cargo por los militares gracias a las atribuciones que les concede la constitución, asume la presidencia, mientras que el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, controlará a las autoridades.
La toma del poder se concretó pocas horas después de la detención de parte del Ejecutivo, entre ellos la líder de facto, Consejera de Estado y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y el presidente destituido, Win Myint, además de otros políticos y activistas.
"El Ejército de Myanmar debería liberar de manera inmediata e incondicional a Aung San Suu Kyi, cargos del Gobierno y todos los detenidos ilegalmente. Las acciones del Ejército muestran un completo desdén por las elecciones democráticas", afirmó Brad Adams, director de Human Rights Watch en Asia.
Las líneas de teléfono y comunicaciones permanecen cortadas desde primera hora de la mañana en todo el país mientras que el único medio de comunicación que está emitiendo es el canal de los militares, Myawaddy News.
El parlamento de Birmania tenía previsto celebrar este lunes la primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020, cuando la LND, formación de Suu Kyi, consiguió una victoria contundente. Los rumores de golpe de Estado corrían desde que el pasado martes el portavoz militar Zaw Min Tun no descartó la toma del poder por parte del Ejército tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre.
El ejército, que gobernó el país entre 1962 y 2011, cuando se inició una transición controlada hacia la democracia, finalmente rechazó el sábado esa posibilidad y garantizó en un comunicado su compromiso con la defensa de la constitución. Y la aplastante victoria electoral de Suu Kyi demostró su gran popularidad en Birmania, a pesar de su mala reputación internacional por las políticas contra la minoría rohingyas, a la que gran parte se le niega la ciudadanía y el voto, entre otros derechos.
Las supuestas irregularidades fueron denunciadas en primer lugar por el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), la antigua formación gubernamental creada por la anterior junta militar antes de disolverse.
La Comisión Electoral negó el fraude electoral en los comicios de noviembre, ganados por la Liga Nacional para la Democracia al conseguir el 83 por ciento de los 476 asientos del Legislativo.
El USDP fue el gran perdedor de las elecciones, al lograr solo 33 escaños, y se negó a aceptar los resultados, llegando a pedir que se celebren nuevos comicios organizados por el Ejército.
Los militares, que redactaron la actual Constitución en un plan de ruta para lograr una "democracia disciplinada", contaban ya con grandes poderes en el país, al disponer del 25 por ciento de los escaños del Parlamento y de los influyentes ministerios del Interior, Fronteras y Defensa.
Condena de la comunidad internacional
Varios países condenaron rápidamente el golpe de estado perpetrado por el Ejército de Myanmar y exigieron la liberación de los presos políticos. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos se mostró "alarmado" por los acontecimientos y pidió a los militares que se adhieran "a las normas democráticas y al imperio de la ley".
"Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultados de las recientes elecciones o impedir la transición democrática de Birmania y tomará acciones contra los responsables si no se desandan los pasos tomados", dice el comunicado emitido por la Casa Blanca.
Australia también pidió la liberación "inmediata" de todos los líderes del país asiático e instó a las fuerzas militares a respetar el estado de derecho y "los resultados de las elecciones de noviembre de 2020".
En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó "firmemente" el arresto de Aung San Suu Kyi y dijo que "la declaración de transferencia de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales a los militares (...) representa un duro golpe a las reformas democráticas en Birmania".
