COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Con el petróleo cotizando alrededor de 55 dólares, en los valores más altos desde mediados de 2015, el problema del golfo San Jorge pasó a medirse no tanto en términos de precio, sino de costo. En realidad, lo que evidenció la crisis internacional desatada a mediados de 2014 es la capacidad o incapacidad de países y regiones para adaptarse al ritmo de un mercado cada vez más volátil e impredecible: los que se adaptaron, hoy ven el futuro con mejores perspectivas, fortalecidos por la suba de acciones y por haber aprendido a producir con precios más bajos.

La nueva suba de precios está enmarcada no sólo en el acuerdo de la OPEP para recortar su producción desde enero, sino también al posicionamiento de países externos (entre los que se cuentan Rusia, México, Kazajistán, Malasia, entre otros)  a ese cartel internacional (encabezado por Arabia Saudita y al que integran países latinoamericanos como Venezuela y Ecuador), que el fin de semana último adhirieron  al recorte, que totalizaría alrededor de millones de barriles menos de crudo por día.

Con estas señales del mercado internacional, la región deberá afrontar un nuevo escenario, en el que el gobierno nacional acordó liberar los precios del barril en el mercado interno, es decir que impactará plenamente en el barril criollo, así en las subas como en las bajas.

La movilización convocada para hoy martes, en la recordación del 109 aniversario del Descubrimiento del Petróleo en Comodoro Rivadavia, buscará llamar la atención sobre las consecuencias negativas que hoy provoca aquella debacle de precios, más por inercia del último año y medio transcurrido, que por efecto de la situación actual. En efecto, independientemente de que ahora el mercado internacional arroja señales positivas, la política energética del país ha quedado enredada en contradicciones y paradojas varias.

Un ejemplo de aquellas paradojas sería el anuncio de un aumento de combustibles del 8% a partir del 7 de enero, en base a la suba del precio internacional del petróleo, aun cuando las naftas y el gasoil no bajaron de precios en el país cuando el crudo cotizaba a 30 dólares (por causa, entre otras, del “barril criollo”, sostenido precisamente por esos mismos precios). Según explican desde el sector, “lo que en realidad pasa es que muchas operadoras están comprando el crudo, o facturándolo, a un precio por debajo del mercado interno, en un acuerdo entre privados en el que el Estado tiene muy pocas herramientas para intervenir”, dijo una de las fuentes que conocen el tema de cerca, admitiendo incluso el perjuicio que se produce para el Estado al liquidar las regalías por debajo del precio de referencia.

Pero si el problema hoy está dado por costos más que por el precio del barril, una frase escuchada y repetida en los últimos días en ámbitos del barrio Industrial de Comodoro pone en charlas cotidianas de café lo que por otro lado se evidencia por las decisiones del gobierno nacional: “la prioridad está en Neuquén y mientras el petróleo de San Jorge siga teniendo estos costos, la situación es inviable”.

Frente a ese orden de prioridades, la movilización sindical de hoy buscará fijar el reclamo contra decisiones que parecen inexorables: no sólo el freno a los telegramas de despidos (“siempre se anuncia lluvia, pero el agua cae en otra parte”, confió un funcionario provincial en las últimas horas, relativizando la concreción de las anunciadas 1.600 cesantías), sino también para evitar que la discusión del costo incluya sólo a los derechos laborales.La postergada discusión por “productividad y eficiencia” quedó trunca: para el sindicato es lisa y llana “flexibilización laboral”; para la industria es readecuar estructuras que quedaron sobredimensionadas al calor de los precios altos, cuando la renta petrolera posibilitaba disimular aquel crecimiento más allá de lo necesario en la cantidad de mano de obra o los tiempos de producción. En el medio de ambas posiciones, urge hallar criterios para una discusión racional que impida que la cuenca se asfixie en un proceso de auto combustión.

“Esa discusión se abrió desde Chubut a comienzos de año, cuando estábamos dispuestos a debatir la jornada de 8 horas, pero las operadoras tenían otra urgencia, que pasaba por recuperar cientos de millones de dólares que el Estado nacional les debía por programas de incentivos de años atrás –reflexiona una de los actores que siguió de cerca aquel proceso-. Lo que pasa es que después toda la discusión se dispersó: las operadoras atrás de los bonos para recuperar deuda y del subsidio a la exportación; los sindicatos con sus elecciones internas y se fue pateando la pelota para llegar a fin de año”.

La discusión debería basarse en algunos ejes básicos. Eficiencia, para lograr que la actividad sea económicamente viable. Productividad, evaluando no sólo el costo laboral como única variable, sino la inversión y relacionado a ello, la renta obtenida por operadoras (quiénes ganaron y quiénes perdieron más, durante el último año y medio y de qué forma); y Racionalidad, para entender que todos tienen algo para ceder, si lo que se pretende no es solamente la salvación de alguna de las partes en pugna.

Una región, cuya mayor parte de habitantes sufre diariamente sus propias crisis laborales, sociales y de incertidumbre económica, así lo espera.

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