COMODORO RIVDADVIA (Por Raúl Figueroa / Especial para ADNSUR) - El golpe planteado por la eliminación del adicional por zona desfavorable en las asignaciones familiares ha sido un eslabón más en la dura cadena de situaciones que impactan en la región, signada por los 1.800 embargos judiciales impulsados por la AFIP y que según se refirió desde la Cámara de Comercio días atrás, la mayoría pertenecen a Comodoro.

La tasa de interés aplicada sobre anticipo de pagos a pymes regionales llevó a empresarios locales a iniciar trámites ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para evaluar el posible abuso de posición dominante.

El riesgo de aplicar decisiones en forma centralizada y sin percibir los impactos concretos en cada espacio de la extensa geografía argentina puede derivar en inequidades profundas, peor aun que las que hoy ubican a Chubut como una de las provincias más perjudicadas a la hora del reparto de recursos, pese a ser una de las que más aporta en la construcción del producto bruto interno del país.

Así, por ejemplo, una provincia que en la primera parte del año explicó buena parte de los ingresos de divisas al país (cuya balanza comercial es altamente deficitaria) por exportación de petróleo y pescado, o que produce 5 veces más la energía que consume en su territorio, sigue penando en busca de la refinanciación de deuda con el Estado nacional para afrontar su costo de funcionamiento.

O se resigna a que los habitantes de su interior provincial vivan a oscuras o condenados a la pobreza energética.

Está claro que no todo es atribuible a la responsabilidad del gobierno nacional, sino también a la propia impericia de los sucesivos gobiernos provinciales, pero la mayor responsabilidad emana de una política nacional que desconoce las implicancias y necesidades del interior profundo, o que ve a la Patagonia como un territorio supuestamente “favorecido” por lo que desde Puerto Madero o la Plaza de Mayo puede verse como un lejano territorio marcado por “privilegios regionales” y riquezas petroleras, pero que en el terreno oculta serias postergaciones estructurales y sociales que ningún gobierno nacional, cualquiera fuera su origen pudo, supo o (ni siquiera) quiso reparar.

ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

En ese marco, los impactos negativos siguen siendo múltiples. Los intereses de financiación que puede pagar una familia que no puede asumir el costo total de la tarjeta de crédito son equiparables a las situaciones que afrontan las pymes de la región, con el agravante de que éstas tienen un efecto multiplicador, por la cantidad de puestos de trabajo que involucran.

Un empresario local contactó recientemente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para consultar si hay abuso de posición dominante en la decisión de una operadora petrolera que para adelantar por 30 días el pago de una factura –insumo vital para afrontar el pago de salarios- aplicó una tasa de interés del 65% anual. Quienes se desempeñan en el sector, saben que esas tasas pueden superar el 80% cuando apelan al circuito financiero paralelo.

“Nosotros no tenemos manera de revertir nuestra situación ante semejante desigualdad –expresa la nota dirigida a la C.N.D.C-, lo que cobramos se nos va en pago de sueldos y aportes… y pago de usureros intereses. Estamos en las provincias de Chubut y Santa Cruz, lo cual de arranque ya no es fácil vivir”.

¿LLEGA EL "UBER" PETROLERO?

La respuesta del organismo sugiere formular la denuncia pertinente, pero hay escepticismo respecto de los resultados concretos que puedan lograrse, en un contexto en el que se favorece la especulación financiera y la producción o prestación de servicios avanza peligrosamente a transformarse en la mera colocación de personal o equipos, en forma cada vez más eventual, dejando de lado el “know how” característico de la región.

La “uberización” de servicios, se comenta en despachos de barrio Industrial, es otra modalidad que avanza peligrosamente, con la demanda de tareas vía telefónica al momento en que se requieren (desplazando contrataciones estables), jugando con la oferta y demanda, emulando el servicio de taxis espontáneos que ha explotado en el centro del país.

Así, la “previsibilidad”, valor tan mentado por quienes confían en que las fuerzas del mercado son capaces de ordenar y regular el funcionamiento social como si fuera un organismo natural, parece quedar reducida a sólo algunos grupos con poder de decisión para guiar los cambios que más los favorecen.

Para el resto, lo único previsible es un futuro incierto.

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