COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Consejo de la Magistratura de Chubut tratará en la sesión que comienza este martes 30 de agosto -y se prolonga hasta el 1 de septiembre , en Puerto Madryn, sendos temas polémicos que involucran a dos juzgados de Comodoro Rivadavia. Por un lado, la comisión de admisibilidad debe resolver si da curso a la denuncia que formuló la AFIP contra el juez de Ejecución Gustavo Toquier, quien afronta una acusación por presunto mal desempeño por su rol en el concurso preventivo que involucra a la empresa Oil Combustibles, de Cristóbal López. A consecuencia del mismo caso, el juez comodorense ha sumado una segunda denuncia, en este caso por parte de la Inspección General de Justicia. Por otra parte, el Consejo debe tratar la designación del abogado Francisco Romero, quien ya fue seleccionado y cuenta con acuerdo legislativo para ser juez penal, en el marco de la polémica originada por la suspensión temporal de su matrícula, a partir de una sanción del Colegio de Abogados de esta ciudad.

La sesión que el consejo desarrollará entre el martes 30 de agosto y el jueves 1 de septiembre tendrá un especial interés para temas que involucran directamente a la ciudad petrolera. Uno de esos temas está vinculado a las denuncias que afronta el titular del Juzgado de Ejecución número 1 de esta ciudad, Dr. Gustavo Toquier, quien afronta dos denuncias originadas en su intervención en el concurso de acreedores que involucra al empresario Cristóbal López.

AFIP negarse a remitir el expediente hacia el Juzgado de Ejecución Número 4 de la Ciudad de Buenos Aires la competencia para intervenir en el concurso Oil Combustibles SA “insolvencia fiscal fraudulenta” medida cautelar que ordenó evitar actos que implicaran una separación de Oil Combustibles

DOS DENUNCIAS CONTRA TOQUIER

Tal como informó ADNSUR oportunamente, ya se ha sorteado la comisión de admisibilidad para evaluar la denuncia que hizo la AFIP contra Toquier; dicha comisión deberá informar, en la sesión que comenzará el martes próximo, si los argumentos son válidos para iniciar un sumario. En caso negativo, la denuncia quedará archivada. Si la respuesta, en cambio, es afirmativa, se abrirá un plazo legal de 90 días en el que un consejero (que sería designado en la misma sesión) elaborará el sumario correspondiente, al término del cual el Consejo debe resolver si hay méritos para iniciar un juicio de destitución –para lo cual se debe convocar al Tribunal de Enjuiciamiento- u otro tipo de sanción, en caso de constatarse mal desempeño.

Además de la AFIP, ha ingresado al Consejo una segunda denuncia contra Toquier. En este caso fue promovida desde la Inspección General de Justicia, con argumentos similares a la primera, es decir por haber denegado el magistrado local la remisión del expediente hacia el juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, desconociendo la competencia de aquel (y pese a que la Procuración General de la provincia emitió un dictamen en el que reconoce la competencia a favor del juzgado de Buenos Aires).

En esta nueva denuncia, se debería designar a la comisión para que produzca un nuevo dictamen (que sería tratado en una próxima sesión del Consejo, no antes de 30 días). Sin embargo, por tratarse de un mismo magistrado y por razones originadas en un mismo expediente, con argumentos similares, fuentes del organismo no descartaron que pudiera asignarse la resolución a la misma comisión de admisibilidad que trató la denuncia de la AFIP, para centralizar y agilizar la definición.

¿ROMERO JUEZ?

Otro tema de aristas polémicas a tratar por el Consejo de la Magistratura es la designación del Dr. Francisco Romero como juez penal. El abogado local ya superó las instancias del concurso de oposición y fue seleccionado por el pleno tras su examen en junio último, obteniendo posteriormente el acuerdo legislativo. Ahora el Consejo debe resolver la designación, lo cual habitualmente es una mera formalidad, aunque en este caso se suma una circunstancia extraordinaria: al momento de jurar como juez, la matrícula del Dr. Romero estaría suspendida temporalmente –por 4 meses- a raíz de una sanción que le aplicó el Colegio de Abogados en el año 2013. Tras un largo litigio judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario, en mayo de este año, en contra de aquella sanción, por lo que la misma volvió a tener vigencia. De este modo, se da una situación atípica, que el pleno del Consejo deberá resolver por primera vez en su historia.

“La matrícula queda bloqueada de hecho al momento de asumir como juez, pero una cosa es bloquearla por ley y otra que esté suspendida por una falta disciplinaria –confió una fuente del Consejo, para reflejar el análisis que se hace por estas horas-. Ahora bien: al momento de rendir y de ser seleccionado, la matrícula no estaba suspendida, como así tampoco cuando fue a reunirse con la comisión de Legislatura que brindó su acuerdo. La situación es por demás particular y veremos cómo se resuelve”.
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