El pasado jueves 15 de agosto, legisladores de Chubut, familiares y colaboradores recibieron ataques por un grupo de seis personas. En este marco, Ignacio Torres, mandatario provincial se refirió al hecho y aseguró que “no vamos a permitir que se utilice la violencia como método de intimidación y extorsión”.

Además, valoró el rápido accionar de la Justicia que ordenó a los agresores una restricción de acercamiento y contacto hacia sus víctimas, durante tres meses.  

“Nunca más vamos a permitir en Chubut delitos de esta naturaleza”, remarcó Torres. “De ahora en más, los patoteros, violentos e incendiarios deberán pagar las consecuencias”, añadió.

Asimismo, explicó que en la provincia “no vamos a permitir que se utilice la violencia como método de intimidación y extorsión”. En tanto, dejó en claro que “pondremos todo lo que está a nuestro alcance para desterrar, de una vez por todas, las actitudes cobardes y patoteras que tan frecuentes fueron durante mucho tiempo”.

“De ahora en más, los patoteros, violentos e incendiarios deberán pagar las consecuencias”, añadió Torres Foto: Ilustrativa

Por otra parte, el vicegobernador Gustavo Menna, quien amplió la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal, coincidió con Torres y sostuvo que “no vamos a permitir la violencia y el apriete de ningún intolerante que quiera imponer sus ideas por la fuerza”. En tanto, reveló que “vamos a denunciar cada hecho violento o de amenazas que ocurra, en persona o en las redes”.

“La respuesta del Ministerio Público y de la Justicia para poner las cosas en su lugar; y expresar, una vez más, mi solidaridad con Andrea Aguilera, Luis Juncos y sus familias”, indicó Menna.

LOS HECHOS

Respecto a las agresiones, ocurrieron el pasado jueves 15 de agosto, en un local comercial cercano a la Legislatura de la Provincia. Allí, un grupo de personas atacó, insultó y amenazó a los legisladores Andrea Aguilera y Luis Juncos, así como a familiares, colaboradores y a una joven menor de edad.

Cabe mencionar que se trata de un grupo de manifestantes que previamente habían presenciado y turbado la sesión legislativa de ese día, así como la sesión especial del 26 de julio, de la que fueron desalojados por orden del presidente del órgano.

Luego de la denuncia efectuada por la legisladora y el vicegobernador Gustavo Menna, la Justicia ordenó prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio (telefónico, mensajes, redes sociales) por el plazo de 90 días a los seis manifestantes.

En tanto, de acuerdo a la decisión de la jueza penal María Laura Martini, las medidas de protección serán “extendidas a un radio de 500 metros de la Legislatura Provincial, a los domicilios (de los damnificados) y al Colegio” al que asiste la joven agredida, “así como a cualquier otro lugar donde los ofendidos se encuentren o frecuenten”.

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