En una conferencia de prensa realizada en el SUM de Vialidad Provincial en Rawson luego de la reunión de gabinete, el gobernador Ignacio Torres, junto al vicegobernador Gustavo Menna y el ministro de Economía, Facundo Ball, anunciaron que Chubut pagó en cuatro meses 70 millones de dólares, la mitad de lo pagado en cuatro años de la gestión anterior, especialmente en vencimientos del Bocade.

De este modo, anunciaron que fue desactivada la "bomba financiera" heredada y que el ahorro de gastos de un 60%, ubicó a Chubut entre las 3 provincias mejor administradas a nivel nacional. 

A continuación, Torres dijo que se enviará un paquete de leyes a Legislatura para que la provincia mejore en el ranking de transparencia, que es lo que está impidiendo la llegada de inversiones privadas, y anticipó que comenzará un ambicioso plan de obra pública especialmente en rutas nacionales con recursos propios para avanzar en el desendeudamiento con Nación. Y dijo que el viernes se firmara junto a Neuquén el traslado de la obra de las plantas de compresión de gas natural en Gobernador Costa y Río Senguer y que luego se gestionará el traspaso de la deuda del Procrear.

Torres expresó “estos 6 primeros meses era los más complejos respecto de vencimientos de la deuda. Financieramente, teníamos que atravesar el primer obstáculo de los primeros 3 meses y -el último viernes- el vencimiento del BOCADE”.

“Cuando el ministro habla del 50% del pago de la deuda del Gobierno anterior, estamos hablando de los 6 años en los que se pagaron 140 millones de dólares y -la mitad de eso- lo pagamos en apenas 4 meses. Es la irresponsabilidad del Gobierno anterior de poner los vencimientos muy cercanos a los primeros meses de gestión”, reprochó. Luego, Torres repasó “por un lado, el BOCADE que es el vencimiento en dólares y, por el otro, el Fondo Fiduciario ‘famoso’ que generó el conflicto que tuvimos en la Justicia y que –finalmente- nos dio la razón”.

“Esa deuda que originalmente era de 40 millones de dólares terminó siendo de más de 140 millones de dólares. Fue una deuda irresponsable y criminal atada a una tasa sujeta a la inflación. Hay un reconocimiento a la provincia porque hubo responsabilidad fiscal y porque con la ley que elevamos a la Legislatura de ‘Responsabilidad Financiera’ se cumplió la premisa de no endeudarnos para cubrir gasto corriente ni se utilizó 1 peso de deuda a partir del primer mes en el que asumimos”, enfatizó.

“Este Gobierno tomó la decisión de tomar un camino de austeridad, cubrir los gastos corrientes con recursos propios, fondearnos para poder sortear los vencimientos de la deuda y –en paralelo- poder contener a los sectores más vulnerables con distintos proyectos de emergencia. Hubo un trabajo a diario viendo los ingresos y los gastos con todos los ministerios y también los Municipios tuvieron un rol muy importante”, valoró.

“A partir de hoy, la ‘bomba financiera’ está desactivada y era de uno de los principales condicionamientos para que vengan inversiones. Una vez ordenada la cuestión financiera con superávit primario, nos hacemos cargo de los compromisos y las obligaciones”, agregó.

“La deuda con CAMMESA se acordó. Hay un esquema de desendeudamiento. Lo mismo tienen que hacer las distintas Cooperativas Eléctricas de toda la provincia en un esquema en el que la provincia va a auditar la administración de todas las Cooperativas. De nada sirve un ordenamiento económico y financiero a nivel provincial si ni hay un compromiso de los municipios y los estamentos del Estado”,  indicó.

“En este proceso que viene, vamos a elevar un paquete de leyes ‘Transparencia Institucional’, ‘Acceso a la Información’ y ‘Ética Pública’ para –en el corto plazo- revertir el mal rankeo en el que quedamos y que podamos ser una plaza atractiva para las inversiones”, anticipó.

“Hoy hay un esquema de responsabilidad económico/financiera y calidad institucional que exponemos en todas las rondas para traer inversiones. De acá a 2 años, la provincia tiene que estar rankeada entre las mejores provincias con mejor calidad institucional y atraer las inversiones”, proyectó.

“En las próximas semanas vamos a presentar propuestas concretas para hacernos cargo del PROCREAR y del mantenimiento de las rutas para que se reconozca esa obra como una deuda para compensar deuda. Nos desendeudaríamos haciendo obra nacional. El Estado Nacional le debe a Chubut más de 40.000 millones de pesos”, completó el Gobernador de la provincia, Ignacio Torres.

“CHUBUT ES LA PROVINCIA QUE TUVO MEJOR DESEMPEÑO EN REDUCCIÓN DE GASTOS”

Por su parte, el ministro Ball precisó “hasta el momento, se habían pagado 146 millones de dólares y hoy estamos pagando el 50% para completar las dos cuotas de nuestra gestión.  Y aseguró “este esfuerzo fiscal no es sencillo pero está dando sus frutos. En estos 4 primeros meses del año, cumplimos y desactivamos la ‘bomba financiera”.

El vicegobernador Gustavo Menna destacó “el dato a resaltar es que este desempeño fue posible porque el Gobierno tuvo responsabilidad en la administración del gasto y determinación política para plantarse en defensa de la provincia”.

“Chubut es la provincia que tuvo mejor desempeño en la reducción del gasto de lo que es necesario reducir. En el devengamiento de gastos en términos reales, hubo un descenso interanual de más del 60%. Esto significa responsabilidad en la ejecución del presupuesto. Esto indica un manejo responsable que conduce a este superávit primario”, explicó.

“Las deudas deben ser honradas. El compromiso del BOCADE implica una sangría de millones de dólares que podrían estar abocados a inversión de lo que necesita la provincia. Pero ese compromiso asumido en el 2016 –refinanciado de manera irresponsable en el 2021- alargó esa deuda hasta el 2030 (que vencía en el 2026) con la misma tasa de interés del 2016. Fue una de las peores renegociaciones porque sostuvo una tasa muy alta”, recordó.

“A eso hay que sumarle el compromiso del ‘Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional’ que implicó –desde el 2020 hasta el 2023- no pagar la deuda contraída y además sumarle nueva deuda cargada sobre esta administración. Ahí estuvo la determinación política para plantearle al Gobierno Nacional la necesidad de una refinanciación en cuanto a plazos y a la tasa porque era usuraria que se ajusta por inflación”, subrayó.

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