Un dictamen de AFIP acusa a Di Pierro y Boyero de integrar una asociación ilícita por su desempeño en el municipio de Comodoro

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Un dictamen de la AFIP acusa al exintendente de esta ciudad y actual integrante del directorio de YPF, Néstor Di Pierro, y a quien se desempeñó hasta el año pasado como secretario de Obras Públicas, Abel Boyero, de encabezar una asociación ilícita en perjuicio del municipio de Comodoro, en el marco del plan de obra pública implementado en los últimos años.

El escrito, al que tuvo acceso ADNSUR y que tiene fecha del pasado 15 de mayo, es otro eslabón en la investigación que encabeza el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, en una causa que incluye, entre otros delitos, el lavado de activos. La investigación de la jueza Federal Eva Parcio incluyó allanamientos al edificio de la municipalidad, Concejo Deliberante, empresas y domicilios particulares de los involucrados.

El lapidario informe del organismo nacional explica operatorias fraudulentas en el municipio, a través de empresas constructoras locales y mediante firmas de las que los propios funcionarios acusados, sus respectivas parejas e hijos; formaban parte.

En un dictamen que ya forma parte del expediente que se instruye en Comodoro, la AFIP plantea la necesidad de adoptar medidas cautelares desde el inicio de las actuaciones que incluyan el embargo de los inmuebles propiedad de los investigados y que se corresponden como producto del delito investigado. Apunta en este caso a Di Pierro y su actual pareja e incluye a las empresas Golfo San Jorge SA y Maxicom SRL.

Pide la inhibición general de bienes respecto de todos los imputados, sus familiares y sociedades que integran. “Al respecto, debe considerarse que, de acuerdo con los argumentos reseñados, corresponde ordenar las medidas que resulten necesarias no sólo para asegurar el decomiso, sino también para asegurar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso cuando, como ocurre en autos, se configuran los extremos legales de verosimilitud del derecho y peligro en la demora”.

El dictamen asegura que, de caer una sentencia sobre los acusados, se debería fijar una multa  “de 2 a 10 veces de la deuda verificada”. También se pide se disponga la prohibición de salida del país para todas las personas que se encuentren imputadas en la presente causa”. Las penas previstas por los delitos van de los 3 a 10 años de cárcel.

UN GRUPO “ORGANIZADO” PARA EL FRAUDE

El dictamen analiza en el caso de los funcionarios y empresarios sus respectivos patrimonios y relaciones familiares. Según la AFIP y de acuerdo a la tarea de investigación y fiscalización realizadas hasta la fecha, “se estaría frente a un grupo organizado de personas ­con una conducción claramente centralizada en la persona de Néstor Di Pierro” que al amparo de la utilización de entramado de sociedades, operatoria entre empresas pertenecientes en lo formal a grupos de personas diferentes, “las que se sucedieron e intercambiaron en figurar como prestadoras de bienes y servicios para la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y llevar a cabo en forma sistemática una serie de maniobras sostenidas en el tiempo”.

En las operatorias y como socio de una de las empresas que prestaba servicios, está el exsecretario de Obras Públicas, Abel Boyero.

Esto “les permitió el manejo y dirección de los fondos municipales, muchos de ellos destinados a paliar los déficits y desastres climáticos ocurridos durante los últimos años en la ciudad, utilizando dichos fondos discrecionalmente, y generando para su propio provecho, gran cantidad de dinero que luego lo volcaron en la construcción de inmuebles, la compra de vehículos, todo para dar apariencia de legalidad a los fondos que habían sido obtenidos ilícitamente”.

El dictamen acusa a Di Pierro de “disimular los incrementos patrimoniales y disposición de fondos, a partir de empleos falsos, plazos fijos y adquisición de vehículos que eran locados a empresas que también forman parte dela organización criminal que se investiga, dotando de fondos e ingresos que luego justificaban mayores incrementos patrimoniales que el mismo manejaba; la incorporación de inmuebles por parte de su pareja actual y su hijo, los que no tienen capacidad económica ni actividad económica que justifique dichos fondos”.

Según el informe, en las operatorias fraudulentas, que incluyen facturas apócrifas, están involucradas firmas como Euromas SA; Cargo SA; Golfo San Jorge SRL, Ana Vial SA.

Según la AFIP,  existen claros elementos .que configuran los delitos de lavado de activos, asociación Ilícita para delinquir, falsedad documental, evasión tributaria  “sin descartar la existencia o adecuación típica de las conductas que se describen o que surjan de la investigación que se solicita, en otras figuras penales distintas de las reseñadas”.

Di Pierro  utilizó su cargo y decisión administrativa a los fine de realizar ­ por si o funcionarios dependientes ­ la contratación irregular de empresas que no contaban con la capacidad técnica ni logística ni económica para realizar las obras o prestar los servicios contratados” a través de un grupo de empresarios y del propio Boyero.

El informe sostiene que “utilizaban su red de empresas tanto para la consecución de las obras contratadas por la municipalidad, o su tercerización, a los fines de lograr los fondos que luego eran disimulados por Di Pierro para los incrementos patrimoniales que fueron detectados”.

A Di Pierro “rendían cuentas los restantes miembros de la organización. Lo que se encuentra acreditado, a modo de simple ejemplo, con la reiterada ingeniería en la constitución de sociedades que eran sucesivamente utilizadas por parte de la organización para sus fines (por ejemplo lavar dinero), la reiteración en carácter de concurso real homogéneo de la defraudación a la Administración Pública, la existencia de un  plan genérico o "maestro” y la existencia de un modus operandi previamente determinado, eficiente, y afinado para la concreción inmediata del perjuicio patrimonial, el manejo de fondos discrecional marginales a lo largo del tiempo”.