COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Escuchá el audio) – La concejal Norma Contreras informó en Actualidad 2.0 que realizó una denuncia judicial contra sus pares del Concejo Deliberante que dieron impulso a la ordenanza que busca modificar las funciones del Ente de Control de Servicios Públicos. La edil, quien en su momento aprobó la ordenanza, explicó que la denuncia es por “mal desempeño de la acción pública, es decir que hay una alteración en las pautas que la misma ley establece”.

Contreras informó que “estoy ratificando y lo llevo a consideración del juez, cómo se dio el procedimiento y cómo se votó en el Concejo. Considero que no estaban las condiciones dadas. Esperé que hubiera otra actitud de parte de mis pares y lo pongo a consideración de un juez”.

A su vez, planteó que “el reglamento interno nunca se respeta, y respecto al tratamiento de esta ordenanza, considero que no tuvo el tratamiento que debió tener con la profundidad exhaustiva. Reclamé el contenido de la ordenanza, nunca la pude ver; cuando la solicité me dijeron que la habían enviado a Asesoría Letrada, y en ese paquete que se vota, cuando veo el contenido estoy segura de que no lo hubiera avalado”.

Respecto a quién dio origen a la ordenanza, recordó que fue “fundamentalmente a José Gaspar (Cambiemos) quien lo presentó desde la banca. Después me dijeron que el articulado lo había presentado el concejal Guillermo Almirón (FpV) cuando Gaspar dijo que fue Mario Soto (FpV), cosa que me resulta de contradicción, pero cualquiera de ellos lo pudo haber presentado”. Cuestionó que “tengo certezas de que no tenía dictamen”.

Contreras afirmó que “la denuncia ya está presentada” e involucra a “tres concejales y queda la secretaria legislativa porque ella se da cuenta en el momento" de lo ocurrido. "pero se dejó llevar y salió todo votado. Como secretaria legislativa tendría que haberle dado el tratamiento que esta ordenanza debía tener”.

Por tal motivo, afirmó que la denuncia es por “mal desempeño de la acción pública, es decir que hay una alteración en las pautas que la misma ley establece” y consideró que la intención es “simplemente las premuras a las que nos tiene acostumbrada el Ejecutivo. Siempre envían las cosas a último momento”.

Consultada sobre el perjuicio para la comunidad que genera la ordenanza, Contreras sostuvo que “es la manera y el procedimiento que se hace genera un vaciamiento legislativo y es quitarle esta facultad al organismo creado por la misma Carta Orgánica para vigilar el normal funcionamiento, sobre todo porque eso evitaría la existencia de corrupción”.

La concejal afirmó que “la denuncia fue presentada en el Ministerio Público Fiscal. A mí me parece que después de todo este análisis que a mi criterio no es regular, debería ser vetada y analizarse en su totalidad porque esta ordenanza no toma como referencia a la del 2011. Sale como una ordenanza nueva cuando tiene que tener una relación con la ordenanza del 2011”.

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