Una sanción polémica y la evidencia de que los “fueros” no protegen a los más débiles

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - No se trata de buscar “héroes” ni de sobre valorar el trabajo de Iturrioz, como acaso exageradamente hizo el consejero Claudio Mosqueira, quien llegó a decir en la sesión que los fiscales Iturrioz y Nápoli se animaron a “poner el cascabel al gato”. Hay todavía un debate muy amplio en torno a la posibilidad que dieron los acusadores –y consintió el juez- a los empresarios que pagaron coimas a funcionarios públicos, durante el festival de la obra pública en una provincia que hoy se ve quebrada y paralizada, como para medir el tamaño real del cascabel. O si hay felinos más grandes que quedaron a salvo de ruidos molestos.

En la sesión quedó claro que tanto los dos fiscales como el juez del caso cometieron un error importante y de eso no hay dudas: nos guste o no, los fueros a favor de los funcionarios públicos son una garantía prevista por la Constitución Provincial y como tal deben ser respetados. La detención de Martín Bortagaray, quien era ministro en funciones al momento de salir esposado de la Casa de Gobierno, significó una falta contra aquel principio constitucional. Salvo que hubiera estado cometiendo un delito en flagrancia, o se hubiera planteado antes la inconstitucionalidad del artículo 248, no podía ser detenido ese día, ni siquiera por las pocas horas que pasó en una comisaría.

Sin embargo, la sanción contra Iturrioz resulta desproporcionada. Sobre todo si se considera que su colega y compañero de investigación, Marcos Nápoli, no mereció ningún reproche por parte del Consejo (las decisiones fueron divididas y se impusieron por una ajustada mayoría). Y el juez del caso no irá al jury, pero sí podría recibir un apercibimiento o sanción de tipo administrativa por parte del Superior Tribunal de Justicia. Acaso esa vía, la del reproche jerárquico –como propuso también el presidente del cuerpo, Martín Montenovo-, era la más adecuada para los 3 magistrados intervinientes, pero la disparidad de criterios deja un margen de duda muy grande.

“Alguien a quien ellos investigaron se enojó”

Fue el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi –en su rol de integrante del Consejo-, quien sumó elementos técnicos y también de tono político, aunque elípticamente, para dejar entrever otro trasfondo en la sanción. “Estamos acá porque alguien a quien ellos investigaron se enojó… y por eso los denunció”, manifestó Panizzi en la sesión, para fundamentar su postura de que el jury no resultaba aplicable a los fiscales. En todo caso, argumentó el ministro, las garantías del proceso deben ser veladas por el juez del caso y no por los fiscales, por lo que el error, si resultaba reprochable, correspondía al juez. Pero fue más lejos: dijo que ese error resultó eximible, debido a que el propio interesado en el caso, es decir Bortagaray, no planteó el perjuicio provocado por la detención y violación de los fueros, rechazando incluso un recurso de su defensor para que se lo liberara en base a esa prerrogativa constitucional.

El dictamen del consejero Luis Torrijos, quien tuvo a su cargo la elaboración del sumario, fue lapidario y apuntó a llevar al jury a los dos fiscales, sugiriendo la sanción administrativa para el juez. Si bien todos los consejeros ponderaron el trabajo técnico del consejero, que representa al partido Chubut Somos Todos ante el cuerpo, fue inevitable vincular esa pertenencia política con la vehemencia de la argumentación en la sesión. La forma en que se dio la votación, sin embargo, con apoyo de otros representantes, sin dicha pertenencia política, funcionan como un contra peso frente a lo que salió a plantear el otro fiscal involucrado, Marcos Nápoli (que resultó eximido, sin ninguna sanción), quien le dijo al diario Jornada que el consejero estuvo motivado por su amistad con Pablo Das Neves.

Más allá de las interpretaciones políticas, cuesta entender que la diferencia tan disímil en el tratamiento para cada una de las sanciones se haya basado en criterios como el arrepentimiento expresado por Nápoli desde un primer momento, mientras Iturrioz reiteró hasta el final que volvería a actuar del mismo modo, admitiendo que si cambiara ahora sería para mejorar su situación personal. O se llegó a mencionar la delgadez del juez Piñeda, como señal de su afectación personal por el error cometido.

Hay errores más graves que otros

Es probable que Iturrioz no sea destituido. La acción en su contra ante el Tribunal de Enjuiciamiento debe ser impulsada por el procurador general Jorge Miquelarena, quien ha avalado la tarea investigativa de los fiscales, aun en aspectos más controvertidos del proceso, como la mencionada aceptación de las “probation”, que siguen causando fuertes discusiones en la sociedad.

Sin embargo, es insoslayable contrastar la “gravedad” con la que se evalúa el error de Iturrioz, Nápoli y Piñeda, frente a otros hechos que derivaron en consecuencias mucho más graves. Por caso, el homicidio de la niña Yasmín Chacoma, cuyo homicida y violador era un preso de Trelew –un deleznable sujeto llamado Miguel Pallalaf- condenado por haber violado a dos adolescentes, pero que sin embargo fue beneficiado por un permiso de salida transitoria que aprovechó para fugar y reaparecer en Comodoro Rivadavia. El resultado es conocido: una víctima inocente fue violada y asesinada, por un delincuente que aprovechó una “falla” del sistema, ya que no se hizo ningún tipo de evaluación sobre el proceso de reinserción que ese sujeto estaba llevando adelante, como para determinar si estaba en condiciones –y el resultado muestra que no- de obtener ese beneficio.

Fue hace varios años (el 14 de septiembre de 2013) y el Consejo de la Magistratura tenía otros integrantes. Más allá de algún amague de sanción y evaluación sobre la responsabilidad del juez que firmó ese permiso, no hubo siquiera un sumario para saber si había actuado acorde al marco normativo vigente, o si dio el beneficio sin sopesar todos los elementos y el riesgo que implicaba dicha decisión. Ni sanciones, ni errores, ni reproches administrativos.

La comparación puede resultar forzada, pero no tanto. Alcanza para comprobar, una vez más, que entre los fueros no hay lugar para proteger a los más débiles.