Universidades: bajo presupuesto y recortes en la agenda pública

COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa / Especial para ADNSUR) -  El conflicto de las universidades pudo finalmente instalarse con fuerza en los últimos días, reflejando hasta qué punto el tema educativo no suele integrarse en los primeros órdenes de prioridades de la agenda pública y el debate social. Así como las encuestas muestran que el problema de la inflación y salarios ocupa, con implacable lógica ligada a la subsistencia, un primer lugar en ese ranking de preocupaciones, desplazando a la corrupción al segundo o cuarto lugar, según la consultora, la educación suele aparecer desde el quinto peldaño hacia adelante.

El abrazo simbólico realizado a la Universidad Nacional de la Patagonia permitió recuperar una mirada substancial sobre el sistema educativo público. Fue una docente universitaria, la ingeniera Paula Ramos, quien detalló una estadística pocas veces valorada: 8 de cada 10 egresados de esta institución, señaló la docente del área de Ingeniería, son primera generación de profesionales en sus familias, al tiempo que expresó su emoción porque en su cátedra (Organización de Obra) muchos estudiantes son hijos de albañiles.

En esos dos enunciados aparece en toda su magnitud la educación como motor de progreso social, aunque muchas veces la misma resulta sometida a los arbitrios de recortes presupuestarios e incumplimientos incluso con lo proyectado para el año en curso, además de los ajustes impuestos por la devaluación y las metas exigidas por el FMI en el nuevo endeudamiento externo.

PRESUPUESTO BAJO Y SALARIOS CON TECHO

Para 2018, el presupuesto aprobado para las universidades del país fue de 95.000 millones de pesos, lo que si bien superó levemente a la inflación del año anterior (26% de aumento presupuestario frente a 25% de tasa inflacionaria, según datos relevados por Chequeado.com), aparece el problema de las subjecuciones de ese presupuesto.

En la Universidad de la Patagonia, el no envío de partidas sumaba 25 millones de pesos hasta la primera semana de agosto, según informó el rector Carlos De Marziani, lo que empezó a saldarse parcialmente recién en el octavo mes del año.

A ello se suma el problema de la paritaria docente: el gobierno mantiene la propuesta situada en torno al 15% de incremento a lo largo del año, cuando todas las proyecciones hoy arrojan una inflación con un piso no inferior al 30%.

Un relevamiento de La Izquierda Diario puso en blanco sobre negro las siguientes cifras: “si lo convertimos a dólares (tomando un dólar a $30,5), el presupuesto universitario es de U$3.300 millones”, mientras que “a saldar vencimiento de deuda se destinarán u$78.000 millones (casi 24 veces más)”. El mismo medio advierte rumores de que el presupuesto 2019 podría ser nominalmente igual al de este año, lo que en la práctica representa un recorte en casi un tercio.

CORRUPCIÓN: HECHOS VERSUS CONSTRUCCIÓN

El viernes por la tarde, hubo otra actividad en la sede universitaria comodorense, signada por un paisaje de acampe pacífico de estudiantes del CUP que se sumaron para visibilizar el reclamo. Hubo una jornada convocada por las Licenciaturas en Ciencia Política y Comunicación Social, a fin de reflexionar sobre temas centrales al momento actual. “Corrupción, medios y descreimiento” fue uno de esos espacios abiertos para la reflexión.

Vale aquí retomar un interrogante que intentó exponer en esa instancia, acaso de forma incompleta, quien firma esta columna: ¿cómo separar –para sancionar- los hechos reales de la corrupción, respecto de lo que puede calificarse como “construcción mediática?”. Por los términos binarios en que se dirime hoy la realidad político social del país y la región, pareciera que repudiar la coima en la obra pública (“hecho” reconocido por empresarios a nivel provincial y nacional) equivale a estar de acuerdo con los recortes a asignaciones familiares o al recorte universitario, o con la eliminación del fondo sojero o con la timba financiera que beneficia a los mismos sectores de siempre y hunde a la mayoría de quienes ponen el lomo para trabajar o dirigir sus comercios o empresas de modo honesto cada día. Cierto es que existe una construcción mediática que tiende a exagerar lo que intenta mostrar con fruición de un lado, para ocultar del otro. Pero no debería perderse de vista que el relativismo moral del “es todo un invento” o “estos también roban”, o “la corrupción sólo está en el cuarto lugar de las preocupaciones, según las encuestas” termina siendo funcional para que quienes “inventan”, “roban” y “corrompen” mantengan su velo de impunidad. Que, como se ha dicho también desde este espacio, la corrupción no tiene monopolio exclusivo de signo político alguno.

Luego, la corrupción como fenómeno que atraviesa a todas las capas sociales, debería motivar nuevos consensos para delimitar lo no permitido: la sanción debería abarcar tanto al inspector municipal que intenta coimear a un comercio, como al empresario poderoso, provincial o nacional, que hizo negociados con el anterior y con el actual gobierno, como también a los funcionarios que llegan al cargo para recaudar para su propio enriquecimiento y el de sus jefes políticos. Para ello, sería elemental (pero poco probable) acabar con la impunidad de actores judiciales que, como el mago que concentra la mirada del público en un lugar del escenario para distraer de lo que pasa en el otro,  avanzan con exagerado entusiasmo para investigar algunos hechos, pero tranzan desfachatadamente el cajoneo de otros.