Violencia política hacia mujeres en Chubut: diputada presentó un proyecto y las otras legisladoras se indignaron
Luego que la Ministra de Educación denunciara "acoso político de género" tras no presentarse a la interpelación citada por la Legislatura Provincial, la diputada Cecilia Torres Otarola presentó un proyecto que provocó polémica, ya que para las demás legisladoras "interpelar a una ministra no es violencia de género".
RAWSON (ADNSUR) - En la sesión de este jueves en la Legislatura Provincial, la diputada Cecilia Torres Otarola, presentó un proyecto de declaración para instar a los tres poderes del Estado a respetar la Ley XV N.º 26 de Protección Integral, igualdad de oportunidades y equidad de género de la Provincia del Chubut, y así abstenerse de transmitir mensajes libres de violencia y de reproducir comentarios que conlleven implícitamente contenido violento y/o discriminatorio.
Este proyecto se conoce pocas horas después de que la Ministra de Educación, Graciela Cigudosa, presentara una denuncia por "violación y acoso político de género", y pidiera que "cese el hostigamiento" hacia su persona tras no haberse presentado a la interpelación solicitada por los diputados provinciales.
Por su parte, la diputada Estela Hernández, expresó durante la sesión que existe "violencia política" y que a veces ésta "es ejercida contra las mujeres", pero marcó una diferencia fundamental: "tanto interpelar a una ministra como hablar de sus funciones no es violencia de género. La violencia de género se ejerce cuando se habla de una mujer o se minimizan sus acciones por su condición de mujer, y acá es justamente lo contrario. Cuando pedimos equidad es esto: equidad entre hombres y mujeres en igual función, que sea respetado de la misma manera y también cuestionado de la misma manera si esas funciones no se cumplen como se deben".
Qué dice el proyecto de declaración
En su proyecto, Torres Otarola recuerda que "se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento, o amenazas, cometidos por una persona o un grupo de personas, directamente o a través de tercero, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus derechos", y enumera algunos ejemplos de funcionarias y políticas chubutenses que padecieron circunstancias como las descriptas en la ley.
Así, cita lo sucedido a la actual diputada Provincial, Sra. Gabriela Dufuor, en 2014 cuando era Ministra de Desarrollo de la Provincia del Chubut, quien expuso públicamente que era víctima de violencia de género por los embates en su contra, por haber faltado dos veces a una interpelación, además de exponerse un certificado médico que daba cuenta de su padecimiento de “crisis de angustia".
También menciona el hostigamiento público, hacia ella misma - citada en tercera persona a los fines formales de redacción del proyecto-: "En el año 2018, al publicar una foto personal en redes sociales, (Torres Otarola) fue víctima de violencia mediática, ya que diferentes medios, reprodujeron un mismo mensaje de misoginia hacia su persona, con la clara intención de hostigar a su persona y minimizar su desempeño político, por su condición de mujer"
Menciona igualmente a la diputada Florencia Papaiani como víctima de violencia política cuando fue agredida y recibió amenazas en su despacho por parte de un sector gremial, durante el conflicto docente del año 2018; similar a lo que le ocurrió hace algunos días a la actual ministra Graciela Cigudosa.
Además, cita "los agravios que ha padecido la actual candidata a vicegoberndadora de la alianza Cambiemos en nuestra Provincia, Sra. Fernanda Abdala, a quién, burdamente, diferentes sectores y medios de comunicación han hostigado y acusado de acceder a su postulación por favores sexuales, minimizando su participación publica y su desarrollo en el ámbito político
A partir de lo que expone en su proyecto, propone que se inste a "no reproducir a través de redes y medios de comunicación e institucionales, mensajes que expresen violencia de género en cualquiera de sus modalidades, sea mediáctica o política", y remarca que "los tres poderes del Estado deben darle cumplimiento a la Ley XV N.º 26 y transmitir mensajes libres de violencia, absteniéndose de reproducir comentarios que conlleven implícitamente contenido violento y/o discriminatorio".