Viviendas por sexo: Nación usa a Comodoro para desarticular los IPV
El caso local de coimas y favores sexuales fue usado por el Gobierno Nacional para justificar centralizar la entrega de viviendas
Los 31.000 millones de pesos que el gobierno de Mauricio Macri pretende destinar este año para la construcción de viviendas sociales serán centralizados en el ámbito nacional, con la puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado “evitar los abusos”, que en el Ministerio de Rogelio Frigerio adjudican a “provincias gobernadas por el PJ”. En concreto, los listados de adjudicatarios de cada provincia del país serán revisados por el gobierno nacional, antes de proceder a la entrega.
El tema fue expuesto durante la reciente reunión del Consejo Nacional de la Vivienda celebrado en San Juan, donde se mencionaron como ejemplos los casos de irregularidades tanto en la provincia anfitriona como el juicio que aún está pendiente sobre las ex autoridades del IPV en Comodoro Rivadavia.
La acusación contra Reyna
Vale recordar que Abel Reyna fue acusado por los delitos de cohecho, tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, imputaciones en las que su defensa admitió responsabilidad al decidir avanzar en un proceso de juicio abreviado (esto implica reconocer la culpa en los delitos investigados): según anticipó la fiscalía, el hecho podría derivar en una pena de prisión de 4 años, más la inhabilitación para cumplir cargos públicos, algo que su defensa pretende cambiar por “cargos políticos”: la diferencia no es menor, porque el ex funcionario es además empleado de planta municipal, por lo que su defensa apunta a que no pierda el empleo, si bien acepta no ejercer nuevas funciones políticas.
La acusación alcanza con distintos grados de responsabilidad a otras siete personas, en su mayoría ex funcionarios de la delegación local del IPV, a partir de irregularidades detectadas en la entrega de casas entre los años 2011 y 2014, en las que se detectaron adjudicaciones a personas que no reunían los requisitos legales para hacerlo, a partir de alteraciones en los registros y a cambio de dinero o favores sexuales de mujeres adjudicatarias.
El proceso tiene pendiente la designación de un nuevo juez para resolver sobre la suspensión del juicio a prueba para Claudia Leonori, Vanesa Cónsoli Medina y Raquel Antimilla, quien esperaban beneficiarse con esa medida, pero la fiscalía se opuso porque las casas objeto de las irregularidades investigadas no fueron restituidas al organismo provincial.
Por otro lado, fue aceptada esa modalidad para otros tres imputados con participación menor en los hechos, quienes cumplen tareas comunitarias por dos años, desde septiembre pasado, mientras que Darío Acosta solicitó a través de su defensa ir a un juicio oral y público.
