“El camino no es prohibir la minería, sino hacer leyes que garanticen controles por parte del Gobierno y la sociedad”

La socióloga Natalia Casadidio y el antropólogo Maximiliano Peluso coincidieron en que “el camino no es prohibir la minería, sino hacer leyes que garanticen controles por parte del Gobierno y la sociedad”. Lo dijeron en una charla organizada por la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut (CAPEM), como parte de su conversatorio sobre minería y medio ambiente.

Casadidio y Peluso fueron los expositores de la charla “Hacer o prohibir, ¿a quién beneficia?” que, al igual que las restantes organizadas por la CAPEM, se transmitió en vivo a través de Facebook. Participó también como anfitrión Mario Bensimón, vicepresidente de la CAPEM.

“Valoro este espacio para seguir trabajando sobre los mitos y ayudar a la sociedad a comprender mejor la importancia de las actividades productivas”, dijo Casadidio, socióloga, magíster en Política y Planificación Social y especialista en Gestión Social.

“El interés que me llevó a estudiar sociología -comentó- fue la pregunta acerca de cuál es el mejor camino para que exista mayor bienestar. En este caso la pregunta es si prohibir las actividades productivas es el camino, o tenemos que buscar, como lo está haciendo el mundo en general, una forma de gestionar lo ambiental y lo social para producir de manera responsable”.

En este sentido analizó que “el movimiento prohibicionista de las actividades productivas acciona a partir del supuesto que la sociedad, el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas tienen incapacidad para gestionar de gestionar lo ambiental y lo social”.

Estos movimientos, agregó, “accionan a través de mecanismos como las leyes que ponen obstáculos para desarrollar la actividad, como se vio en Mendoza, donde con la ley 7.722 se prohibieron sustancias tóxicas que solo se utilizan en minería, y no para otras actividades como la vitivinicultura que también usa cianuro, al igual que para fabricar papel, plástico, y las farmacéuticas”.

Casadidio indicó en sentido: “La gran pregunta es por qué los países más desarrollados pueden explotar sus recursos y nosotros no. ¿Qué incapacidad tenemos por la cual debemos prohibir estas actividades?”. Graficó el argumento con los datos que “Islandia tiene 42 minas operativas, Suecia es el mayor productor de hierro de la Unión Europea, con 16 minas en operación, Noruega es el tercer exportador de petróleo del mundo luego de Arabia Saudita y Rusia”. “Y estos países -dijo- son muchas veces modelos de los movimientos prohibicionistas”.

“Los argumentos se basan en posverdades, que son una distorsión de la realidad. Es más fuerte la creencia en algo que una verdad vinculada a una comprobación técnica y científica”, explicó.

Recordó que participó de un estudio en base al mapa de conflictos mineros. “Existen 28 en la Argentina. En el 71% de los casos no hay desarrollos mineros. Y donde hay operaciones mineras no hay conflictos ambientales. Sí hay algunas denuncias aisladas, pero sin comprobaciones científicas de la contaminación que se denuncia”.

En este contexto indicó además: “La pregunta también es qué pasa si no hay actividades productivas. La respuesta es la Meseta del Chubut, donde ha habido un proceso de despoblamiento que ha sido estudiado”.

“La gente se va de sus territorios porque no tiene posibilidad de trabajar y desarrollar sus actividades productivas, con todas las consecuencias ambientales que eso implica. Porque una ciudad, como Trelew y alrededores, que empieza a recibir gente que no tenía prevista, genera un colapso en los servicios, en el acceso al agua, en la energía, la educación, la salud”.

“Generar actividades productivas es una solución para esos problemas también”, consideró.

Desarrollo del ser humano

Por su parte, Peluso, antropólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que “la antropología es una ciencia que estudia al hombre en su relación con todos sus medios, productivos, simbólicos, religiosos”, y repasó que “en nuestro continente, los incas tenían zonas específicas designadas para trabajar la plata, el oro; eran quienes hacían los bienes suntuarios y religiosos”.

“La minería -dijo- está muy vinculada al desarrollo del ser humano, no solo en cuanto a objetos cotidianos, sino en relación con los simbólicos. Muchas cosas que se han creado, esculturas o grabados, tienen una alta carga de contenido simbólico religioso”, por lo cual en sus comienzos “no era solo una actividad productiva, sino también relacionada con una visión del mundo”.

En este sentido dijo que “cuando uno escucha determinados discursos, pareciera que la minería hoy es la misma que se hacía en la mina de Potosí en 1700 o 1800”.

Indicó que su trabajo profesional se desarrolla en el ámbito público, y “tiene que ver con lo ambiental en relación con las actividades productivas, como la industria del cuero, de la carne, entre otras”.

Consideró que “los supuestos de los que parten algunos sectores no tienen que ver con lo técnico, sino con lo ambiental y la contaminación. Toda actividad humana genera algún tipo de contaminación. Entonces, ¿se trata de prohibir toda actividad humana o empezar a regular lo que hay que regular?”.

Agregó que “la salud es uno de los supuestos que se utilizan para prohibir actividades, muchas veces sin conocer los procesos para producir un insumo”.

Y analizó: “Hay un a priori ideológico maniqueo: el capitalismo es malo y las empresas son malas. Entonces el razonamiento es que la actividad extractivista es moralmente mala, por lo cual hay que prohibirla”.

“Uno de los supuestos que arraigan en estos movimientos es que se van a llevar nuestros recursos o que el agua vale más que el oro. Son slogans sintéticos”, en los cuales, dijo, no se tienen en cuenta “las necesidades de un país que tiene 50% de pobreza, que intentó tener un proyecto industrial y que hoy lo necesita más que nunca, incluyendo a la minería y otras actividades que también son atacadas”.

“Nosotros también somos ambientalistas: estamos a favor del control. Las empresas más grandes, que suelen ser las más demonizadas, son las que más cumplen con las normativas ambientales. En lugar de prohibir, el Estado tendría que acompañar el desarrollo de esas pequeñas empresas que a veces por volumen o por capital no logran adecuar sus procesos”, dijo.

Y finalizó: “La reflexión es mucho más profunda que un slogan publicitario”.