Luego de que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires prohibiera el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y privadas, este pasado lunes se presentó una acción de amparo en la Justicia para dejar sin efecto la resolución que comenzó a regir el pasado 9 de junio y que impide aquellas expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@” como “chiques”, “bienvenidxs” o “alumn@s”.

La iniciativa fue impulsada por la madre de una alumna y una docente. Se trata de las referentes de izquierda María Celeste Fierro (mamá de una niña de 6, docente e integrante del MST en el FIT unidad) y Vanesa Gagliardi (docente de Biología, referente de Educación Sexual Integral y diputada porteña electa por la banca rotativa del FIT Unidad).

En el escrito de 35 páginas, que dio a conocer el portal Palabras del Derecho, las mujeres sostienen que la medida dictada por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, es “discriminatoria”, “atenta contra la libertad de expresión y también contra la identidad de género y de expresión”.

Sigue la polémica en Buenos Aires. Foto (Archivo).

Según las dirigentes, la normativa radica en “restringir nuestros derechos (y de las demás personas afectadas) a la libertad de expresión, al imponer una forma de comunicación profundamente discriminatoria hacia las personas que no se identifican con el género masculino ni con el femenino, personas no binarias, a través de la ‘regulación’ -que es de hecho una prohibición- del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de CABA”.

“El retroceso empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba. Al deterioro social generalizado, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo de la Ciudad y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Soledad Acuña y su jefe Horacio Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad", señalaron en referencia a los argumentos a los que recurrió la ministra Acuña para defender la resolución.

"Allí están las causas del reflujo en la comprensión de textos. Si no se revierten esos problemas estructurales, prohibir en forma arbitraria el uso de la ‘e’, la ‘x’ o la ‘@’ sólo implica discriminar y cercenar derechos”, culminaron.

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