Golpe al bolsillo: cuáles son los aumentos de precios que diluyen tu sueldo

Los datos de la inflación de marzo, que fue la más alta de los últimos 20 años a nivel país, proyectan un arrastre fuerte para abril y mayo. Aunque podría descender levemente, este mes hubo suba de precios en tarifas de gas, que volverá a elevarse, al igual que la electricidad, tras las audiencias públicas convocadas para mayo. Los alquileres ya se actualizan cerca del 55 por ciento, mientras que los alimentos no dan tregua. 

De acuerdo con los registros oficiales del INDEC, el Indice de Precios al Consumidor de marzo, que trepó hasta el 6,7 por ciento, fue el más alto desde septiembre de 2018, cuando había registrado el 6,5 por ciento. De ese modo, marzo de 2022 tuvo la inflación más alta desde septiembre de 2002, a la salida de la convertibilidad, cuando había llegado al 10,4 por ciento mensual.

A esos datos, relevados en un informe de Chequeado.com, hay que agregar una referencia adicional. En la Patagonia, el índice trepó al 7,4 por ciento en el tercer mes de este año, manteniéndose como la región más cara del país. 

La canasta básica para definir la línea de pobreza, en ese tercer mes del año, se ubicó en 89.690 pesos para una familia de 4 integrantes, según el último informe del INDEC. En Comodoro Rivadavia, los cálculos del Observatorio de Economía de la Universidad de la Patagonia, que dirige el contador César Herrera, elevan habitualmente esa referencia en un 15 por ciento más caro, lo que significaría un monto superior a los 103 mil pesos, sin contar los alquileres.

Para no ser indigente, la misma familia necesita un ingreso mínimo de 39.862 pesos, lo que en la urbe petrolera se elevaría hasta cerca de los 46 mil pesos mensuales sólo para la compra de alimentos. 

Esas referencias pueden tener factores regionales propios, como puede ser el caso de localidades del interior provincial. Desde Río Mayo, por ejemplo, el periodista Pablo Soto, director de Cable Canal de aquella ciudad, elaboró un cálculo proyectando datos del INDEC, que elevan la canasta básica a 118 mil pesos en el mes de abril en aquella localidad. La línea de indigencia, paralelamente, llega hasta casi 66 mil pesos.  

Alquileres: en busca de un nuevo índice de actualización

Hay que recordar que en las mediciones oficiales no se considera el costo del alquiler, por lo que a los valores de canastas básicas hay que añadir cifras que hoy van desde los 20 mil pesos para una persona que vive sola en un mono ambiente sencillo, hasta no menos de 50 mil en departamentos para una familia no muy numerosa. 

La discusión en torno a las modificaciones a la ley de alquileres pasa fundamentalmente por encontrar un índice de actualización menos hostil para los inquilinos, ya que las actualizaciones correspondientes al mes de abril llegaron hasta el 54 por ciento.
Entre los cambios a la norma, se busca determinar un coeficiente menos hostil para los inquilinos, mientras los propietarios e inmobiliarias reclaman la posibilidad de volver a actualizar cada seis meses, en lugar de 12.

Parece difícil que se encuentre una alternativa que conforme a todas las partes. La diputada nacional por Chubut Stella Hernández dijo esta semana que se apunta a encontrar un mecanismo que se rija más por la evolución de los salarios que por la inflación. 

Si la fórmula no conforma a los propietarios, terminará provocando un nuevo efecto de caída de la oferta, algo que ocurre cuando los propietarios optan por retirar sus casas a la espera de una mejora de precios. 

En esa discusión se suma el proyecto del diputado José Luis Gioja, que apunta a crear un impuesto a la vivienda vacía. La iniciativa cosechó críticas de la oposición, pero también algunos reparos desde el oficialismo.

Sin créditos hipotecarios para facilitar la construcción o ampliación de viviendas, ni una política intensa en cuanto a construcción de viviendas sociales, la perspectiva es que la ley de alquileres podrá sumar algún parche más, pero seguirá lejos de resolver el drama de la vivienda para muchas familias. Vale recordar que en Comodoro Rivadavia hay un padrón de 11 mil inscriptos en el IPV, lo que de por sí refleja una demanda con pocas chances de ser satisfecha.

Las tarifas volverán a subir por el acuerdo con el FMI

En abril comenzó a regir la suba de tarifas de gas. Tal como había anticipado ADNSUR, los consumos de este mes tendrán un costo promedio del 14 por ciento más caro que el precio pagado hasta el mes anterior, para usuarios residenciales, lo que representó la mitad de lo que aspiraba a elevar la distribuidora Camuzzi Gas del Sur, según la presentación realizada en enero.

El gobierno nacional ya convocó a las audiencias públicas para el mes de mayo, en las que volverán a discutirse adecuaciones tarifarias que en este caso se vinculan a uno de los compromisos adoptados ante el FMI: para bajar los subsidios que el Estado nacional aporta a los consumos de gas y electricidad, por lo que los usuarios tendrán que soportar una mayor parte de ese costo.

Así, a la suba que podría plantear la distribuidora de gas, que tendría un piso del 15 por ciento sólo para compensar el pedido formulado a principios de año, se suma las variaciones de la inflación de los primeros meses del año y el margen de reducción de subsidios comprometido por el gobierno.

Buena parte de los subsidios, que este año podrían demandar 12 mil millones de dólares, según las estimaciones previas al encarecimiento del petróleo y gas por efecto de la invasión de Rusia a Ucrania, se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, donde una factura promedio de electricidad, en barrios de alto valor inmobiliario, puede ubicarse en 1.000 pesos, muy diferente a lo que se paga en las demás regiones del país. 

Sin embargo, también hay una parte de subsidios que llega a los usuarios de Comodoro Rivadavia. La última factura de energía que la cooperativa comodorense le compra a CAMMESA refleja que el monto total asciende a algo más de 179 millones de pesos, pero al mismo tiempo se advierte, en la factura impresa, que el subsidio del Estado nacional es de 202 millones de pesos. Esto significa que el costo total es de 381 millones de pesos, mientras la recaudación actual por la “boleta de la luz” en Comodoro oscilaría los 255 millones de pesos, según pudo saber esta columna.

Lo anterior implica que, dependiendo en qué proporción se reduzcan los subsidios, la factura mayorista volverá a elevarse. Ya tuvo un ajuste en febrero, del 34 por ciento para usuarios residenciales y del 50 por ciento para industriales, según indicaron fuentes del ámbito energético, por lo que la SCPL hizo un pedido de adecuación tarifaria de 17 y 23 por ciento para cada sector, respectivamente. Esas subas están en análisis en el Ente de Control de Servicios Públicos, pero no se descarta que en breve puedan sumarse otros pedidos, en sintonía con lo que ocurrirá con el gas.

“Con las audiencias públicas de mayo, seguramente el costo de la energía volverá a subir –reconocieron desde la entidad comodorense-. Antes del congelamiento de tarifas (desde agosto de 2019), la Secretaría de Energía autorizaba aumentos cada tres meses”.

De ese modo, una de las consecuencias visibles del reciente acuerdo con el FMI comenzará a hacerse más visible en la presión sobre las tarifas de los servicios públicos en general, lo que a su vez vuelve a presionar sobre la rueda de la inflación.