RAWSON (ADNSUR) - En los últimos días pasó a comisión un proyecto de ley presentado por la diputada del PJ-FpV Viviana Navarro para que se declare hasta diciembre de 2019 la emergencia tarifaria de los servicios (electricidad, gas, agua corriente y cloacas) en todo el territorio de la provincia. Por lo tanto, no podrá haber aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

Además, se establece que hasta el 31 de diciembre de 2019 no se podrán cortar los servicios a las PYMES y en los domicilios cuyos usuarios sean jubilados, desocupados, en situación de vulnerabilidad, con familiares que presenten algún tipo de discapacidad y carenciados registrados en los padrones municipales.

Tampoco se les podrá cortar los servicios a las entidades de bien público sin fin de lucro dedicadas a la promoción de la cultura, el deporte, la salud, a los cultos religiosos ni a las Cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas, que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) bajo el régimen de Empresas recuperadas.

Será aplicable también a las demás entidades de la economía social en general, inscriptas en el Instituto de Economía Social (INAES), domiciliados en Chubut.

El proyecto de ley que establece como autoridad de aplicación a la subsecretaría de servicios públicos deberá restablecer en forma inmediata y sin costos la reconexión de los suministros que se encuentren cortados por falta de pago.

Todos afectados por el tarifazo

Entre los fundamentos, la diputada comodorense dijo que una familia para mantener una temperatura adecuada necesita desembolsar el 20% de su ingreso, “entonces el hogar pasa a estar en situación de extrema pobreza”.

Recordó que desde diciembre de 2015, se han venido sucediendo continuos aumentos de tarifas, junto a permanentes incrementos de combustibles, y del costo de los alimentos básicos, “por lo tanto, los afectados por los aumentos de tarifas de servicios públicos no son sólo los usuarios residenciales, sino un abanico de sectores como centros culturales, comedores, sindicatos, cooperativas, comercios y MiPymes; entre otros”.

No duda que cada vez son más las familias chubutenses que no pueden pagar sus facturas, situación que impacta además en las industrias y comercios que deben cerrar, o se ven obligados a despedir personal por el mismo motivo.

Navarro considera que el estado provincial no puede seguir mirando para otro lado cuando hay cientos de familias que no pueden hacer frente a esta brutal política tarifaria impuesta desde el Gobierno Nacional.

Sostuvo que los aumentos que se han implementado en las tarifas de servicios son muy superiores a la suba de los ingresos de la población, “y hay severas dificultades para hacer frente a esos gastos en un contexto de empobrecimiento generalizado y escandaloso”.

Frenar el desquicio

Para Navarro, declarar la emergencia tarifaria es fundamental en un contexto de anarquía de mercado en el que las tarifas de servicios públicos no son razonables, no son equitativas, ni son justas; “el tarifazo y las políticas energéticas impuestas son una estafa y es necesario dictar una norma que frene este desquicio de aumentos de las tarifas porque las medidas económicas decididas por el Gobierno Nacional van a traer como consecuencia la imposibilidad para miles de chubutenses de hacer frente al pago de las tarifas y por consiguiente a la utilización de los servicios”.

Navarro expresó que el Gobierno Nacional ha adoptado una política de ajuste que agrava las condiciones de vida en los hogares vulnerables, “se ha revertido la política de redistribución del ingreso, hay transferencia de recursos desde los sectores medios y pobres hacia los grupos concentrados de poder económico”.

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