"La propuesta de eliminar ocho artículos de la ley de salud mental implica retroceder más de 20 años"

En medio de la polémica por las modificaciones en la ley de salud mental, desde el Colegio de Psicólogos de la provincia de Chubut ratificaron su completo rechazo a un cambio “que atrasaría 20 años” y que podría afectar a los pacientes más vulnerables.

Al respecto, quien se refirió al tema fue la presidenta de la institución, Vanesa Marín, que criticó lo que busca impulsar el Gobierno Nacional de Javier Milei y sostuvo también que es lamentable que “no se haya consultado con especialistas”.

“Nos oponemos de manera fuerte a la ley ómnibus, no estamos dispuestos como colegio, colectivo y profesionales a cambiar un paradigma que viene con un trabajo superior a 14 años con perspectiva de derechos. Todas las personas con padecimiento de salud mental tienen garantías de acuerdo al proceso que atraviesan”, indicó la referente del área de la región.

En detalles, y poniendo en cuestionamiento la normativa que el actual gobierno nacional quiere impulsar Marín, ejemplificó: “el concepto de salud tiene que ver con el posicionamiento del proceso donde se acompaña a través de una red que incluye a las familias y al equipo profesional. La propuesta de eliminar ocho artículos de la ley de salud mental implica retroceder más de 20 años a un modelo monovalente que restringe derechos, habilita la creación de instituciones cerradas como neuropsiquiátricos donde la persona quedaría internada de forma autoritaria por parte de un juez con un abogado sin que el equipo sanitario intervenga”, alertó.

Elogiando el actual funcionamiento, la presidenta del Colegio de Psicólogos de Chubut añadió que “la ley que se viene trabajando actualmente es adecuada”, pero que “lo que falta es la plena implementación para habilitar todos los dispositivos para que las personas acompañen este proceso”. Y si es aprobada por los legisladores, esto a futuro terminará “restringiendo derechos, limitando voluntades e incluso no habría consultas al equipo de contención (psicólogo, terapista ocupacional y al trabajador social)”.

“Cualquier persona que tenga un diagnóstico de salud mental podría ser encerrado, algo que no cura, tanto en situaciones complejas y las que no lo son tanto”. 

De esta forma y buscando impedir que “se retroceda 20 años” en un tema que costó y mucho sacar adelante, Marín planteó que “a nivel provincial se está haciendo un trabajo con entidades en defensa de la ley, la enviamos a los bloques y a partidos políticos de todos los colores con nuestro posicionamiento y nuestra invitación al diálogo”.

Por último, y siendo crítica con la gestión de Milei, sostuvo que algunos legisladores apoyaron sus dichos y los de muchos profesionales, y que también, hubo votos negativos. “Resulta avasallante que no hayan consultado con especialistas antes de plantear esto. Enviamos notificaciones a cada uno de los legisladores porque, claramente, tienen que tomar una decisión. Tratamos de llegarle a todos y algunos han respondido de forma favorable y otros directamente no respondieron”, finalizó.