Aguilera y Pagliaroni se sumaron al cuestionamiento de la suspensión de la ley de Juicios por Jurados por parte del STJ
Los diputados provinciales de la UCR elevaron una nota al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, el diputado Rafael Williams, en la que manifestaron que la suspensión de la Ley XV N° 30 es “gravosa en cuanto a la institucionalidad” de la Provincia.
Los diputados María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni presentaron este viernes una nota al diputado Rafael Williams, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, para que, a través de él, toda la comisión pueda accionar frente a la suspensión de la Ley XV N° 30 que establece el Juicio por Jurados y el juicio con vocales legos. La suspensión fue concretada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) a través de una acordada.
Los legisladores radicales consideraron a la medida “además de arbitraria, contraria a la división de poderes constitucionalmente establecida y atenta contra los derechos adquiridos por los ciudadanos”.
En la nota, los legisladores radicales refirieron al Acuerdo de Plenario N° 5.101/2022 por el cual el STJ dispuso “la suspensión de la puesta en marcha de la Ley XV N° 30 en el ámbito del Poder Judicial del Chubut, hasta tanto se apruebe la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos para el Poder Judicial, que permita la cobertura de cargos necesarios para su implementación”.
Aguilera y Pagliaroni subrayaron que esta decisión es arbitraria y se adopta “excediendo las atribuciones constitucionales del Poder”.
Entre otros fundamentos que hacen a aspectos constitucionales, en la nota puede leerse que “el Superior Tribunal de Justicia se arroga, sin facultades constitucionales para ello, la posibilidad de determinar la suspensión de una ley a través de un Acuerdo de Plenario. Y no solo ello, sino que se trata de una ley que operativiza una garantía constitucional como es el Juicio por Jurados y Juicio por Vocales Legos”.
“Lo hace con fundamentos equivocados que invocan preceptos constitucionales extraordinarios que la Constitución no establece, dado que la sanción, derogación, modificación o suspensión es facultad exclusiva del Poder Legislativo y esta Honorable Legislatura nada se ha resuelto al respecto”, agregaron.
Por último, Aguilera y Pagliaroni sostuvieron que este procedimiento resulta “gravoso en cuanto a la institucionalidad que guarda el avance sobre facultades que no les son propias, con el único propósito de cercenar derechos y garantías que la propia Constitución establece”.
E instaron a todos los diputados de la Comisión a “adoptar una postura activa ante la gravedad institucional de esta suspensión por acordada y exigir la plena aplicación de la Ley XV N° 30 ya en vigencia”.
