Baradel: "Vamos a evaluar medidas de fuerza para solidarizarnos con los docentes de Chubut"
El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, habló este miércoles a la mañana sobre el conflicto en Chubut, que se agravó aún más, con la pérdida de las dos docentes que fallecieron en Ruta 3 cuando volvían de una protesta que se llevó a cabo ayer martes en Rawson. "Este conflicto no puede durar ni una semana más", dijo el representante de los docentes bonaerenses.
CAPITAL FEDERAL - El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, se refirió a la muerte de dos docentes en la provincia de Chubut, en el contexto de la lucha que vienen llevando adelante estatales y maestros en la provincia por el atraso en el pago de salarios y cuyo conflicto recrudeció en las últimas semanas. Al respecto, el representante de los docentes bonaerenses declaró que "esas maestras tenían que estar en la casa, no volviendo en la ruta después de la protesta" y reclamó que el conflicto "no puede durar ni una semana mas".
Por ese motivo, Baradel, uno de los referentes de la CTA a nivel nacional, advirtió: "Nosotros vamos a ser claros y firmes hoy, vamos a llevar adelante una acción en todo el país para que termine el conflicto docente". En declaraciones a FM Futurock, aseguró: "Vamos a evaluar medidas de fuerza para solidarizarnos con los docentes de Chubut. Le pedimos al gobierno nacional que intervenga", y agregó: "Es increíble que todavía no haya respuesta para los docentes de Chubut".
En este sentido, criticó al gobernador Mariano Arcioni, tras haber anunciado un aumento de sueldo para él y el poder Ejecutivo de la provincia: "El gobernador de Chubut en vez de reacomodar la planta del ejecutivo, que pague los salarios en tiempo y forma. No tiene razón de ser que se aumenten los salarios en este contexto".
En la noche del martes, manifestantes incendiaron la Legislatura provincial y Casa de Gobierno en Rawson luego del fallecimiento de dos docentes en un accidente de tránsito, tras regresar de una protesta por el pago escalonado de salarios. El conflicto salarial afecta a todos los trabajadores públicos de la provincia patagónica.