Cámaras: el problema es quién paga uso de energía y mantenimiento

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La polémica desatada entre los gobiernos provincial y municipal en torno a la instalación del nuevo sistema de video vigilancia en la ciudad dejó en evidencia un viejo problema, que está sin resolverse desde el año 2013, es decir los dos últimos años del gobierno anterior y el año y medio que va desde la actual gestión: la SCPL era la encargada de realizar el mantenimiento del sistema de vigilancia anterior, por el que reclama una deuda de al menos 2 millones de pesos al Estado provincial y por cuya falta de pago hoy funciona menos de la mitad del centenar de unidades instaladas en la ciudad. Según pudo saber ADNSUR, el problema para la instalación del nuevo sistema no está tanto en la autorización para utilizar los postes y otras instalaciones, sino en quién pagará la deuda anterior y cómo se abonará la energía que necesitará el nuevo sistema, anunciado desde el año pasado con la instalación de 55 nuevas cámaras de video vigilancia.

En efecto, la SCPL estaba contratada por el gobierno provincial para realizar el mantenimiento del sistema de video vigilancia. Sin embargo, desde 2013 el gobierno dejó de pagar y acumuló una deuda de 2 millones de pesos, sin contar intereses ni otras facturas correspondientes a períodos posteriores, debido a que también en este caso (al igual que por el convenio incumplido del acueducto) la entidad dejó de facturar para evitar el costo financiero del IVA de cada factura impaga.

A consecuencia de esa situación, como ya informó ADNSUR en otras ocasiones, el servicio dejó de prestarse y hoy funciona menos de la mitad de las 105 cámaras que se habían instalado años atrás. Con el nuevo sistema, el gobierno provincial pretende instalar otras 55 cámaras de última tecnología (con detección de rostros y patentes de vehículos), según los anuncios oficiales, instalándose la polémica sobre el trámite de autorización ante la SCPL.

Más allá del cruce que pareció saldarse con la lectura del convenio formulada por el ministro Gilardino en Actualidad 2.0, al detallar que el artículo 4 establece que el municipio deberá gestionar las autorizaciones correspondientes para el uso de instalaciones por parte de la SCPL, el problema por resolver se vincula a la deuda mantenida por el Estado provincial, no sólo la que está impaga desde el año 2013, sino también para el futuro uso de energía en base a los nuevos equipos. Desde la Cooperativa mantienen silencio respecto al tema: “si hasta ahora no pudieron ponerse de acuerdo con el gobierno por los 105 millones que le reclama por el convenio del acueducto, por este tema que es un monto menor sería sumar una pelea más que en definitiva no aporta nada”, dijo otro de los observadores.

Asimismo, trascendió que el gobierno provincial rescindirá el contrato de mantenimiento con la cooperativa comodorense, debido a que para esa función ha contratado a una sola empresa que preste el servicio en todas las ciudades donde se instaló el nuevo sistema. Hasta ahí parece una estrategia que apunta a optimizar costos, aunque de acuerdo a lo que pudo saber esta agencia, a partir de fuentes vinculadas al tema, la misma empresa habría sondeado a la SCPL para subcontratarla y desarrollar el  mantenimiento del nuevo sistema en la ciudad petrolera, una vez que el mismo sea instalado.

Lo concreto es que mientras las cámaras siguen esperando a que los funcionarios se pongan de acuerdo y un nuevo centro de monitoreo llegue para empezar a atenuar uno de los problemas más urgentes de la urbe petrolera, la inseguridad sigue mostrando que la delincuencia corre con ventaja.