CHILE (ADNSUR) - Manifestantes volvieron a movilizarse este viernes en Chile para demostrar al gobierno de Sebastián Piñera que no están conformes con las respuestas que dio frente a los reclamos sociales. Si bien lo hicieron de forma pacífica, grupos de encapuchados se enfrentaron con la policía, saquearon una parroquia e incendiaron un histórico edificio de la céntrica Universidad Pedro de Valdivia.

Los violentos incidentes ocurrieron a pocos metros de la Plaza Italia, en Santiago, epicentro del estallido social que ya lleva tres semanas. La gran mayoría de la gente se manifestó con cánticos y banderas, pero pequeñas células aisladas se apartaron de la multitudinaria marcha y provocaron graves disturbios.

Aunque hubo diferentes puntos de convocatoria en la región Metropolitana y en distintas ciudades el país, la más importante tuvo lugar nuevamente en la principal arteria capitalina, la Alameda Bernardo O’Higgins y Providencia.

“La tercera marcha más grande de Chile” o “La tercera es la vencida”, fueron las consignas para este viernes en la tarde, cuando diversas agrupaciones se sirven de Whatsapp, Facebook e Instagram para convocar a marchas pacíficas que buscan rivalizar con los 1,2 millones de personas que el 25 de octubre se reunieron históricamente en el centro de Santiago, y con otra no tan multitudinaria del 1 de noviembre.

Hubo dos sectores que concentraron mayoritariamente en esta protesta: camioneros y estudiantes. Los primeros se dirigían hasta el exclusivo barrio de La Dehesa, al oriente de la capital chilena, donde viven los sectores más ricos, y se detuvieron algunos minutos con sus vehículos para regresar luego al centro de la ciudad y sumarse a la manifestación general.

Los camioneros exigen una sustancial rebaja en los peajes de carreteras y que se anulen sus multas por no pagar sus deudas a las concesionarias privadas que construyeron las impecables rutas que tiene Chile.

Los estudiantes fueron el otro foco masivo, como lo vienen siendo desde un principio. Protestaron en varios sectores de Santiago y anunciaron una gran protesta para el lunes en rechazo a medidas de seguridad anunciadas el jueves por el presidente Piñera, que incluye una ley que endurece las sanciones contra los autores de saqueos, barricadas y manifestantes encapuchados.

Los incidentes más graves tuvieron lugar muy cerca de Plaza Italia. Un grupo de jóvenes con la cara tapada ingresó a la sede de la Rectoría de la universidad privada Pedro de Valdivia e incendió el antiguo edificio, que data de 1915. Más de 20 dotaciones de bomberos tuvieron que trabajar en el lugar para controlar las llamas de esta casona, y tuvieron inclusive la ayuda de manifestantes que se plegaron con mangueras y aparatos de extinción.

El rector de la Universidad, Rafael Rosell, dijo que “es muy triste para Santiago perder su patrimonio” y que un hecho así ocasiona “un daño muy grande a la comunidad”.

La imagen de grupos pequeños realizando disturbios contrastaba con una inmensa mayoría de manifestantes que se concentraba pacífica y alegremente en Plaza Italia con banderas de la diversidad sexual y de la comunidad mapuche.

Al avanzar la tarde se agudizaron los incidentes en varios barrios de la capital chilena. Otro episodio violento ocurrió en la iglesia de La Asunción, donde un desprendimiento de la marcha saqueó el lugar. Los jóvenes encapuchados tomaron los bancos y las imágenes religiosas y las arrojaron a la calle, donde construyeron una barricada. Luego incendiaron todos los objetos.

La principal demanda que se escuchó era avanzar con una reforma de la Constitución, algo que por ahora elude el gobierno de Piñera. Sin embargo, el jueves los alcaldes decidieron efectuar consultas ciudadanas incluyendo la pregunta si apoya o no una nueva constitución. Con esto puso en jaque los denominados diálogos a los que iba a convocar el Ejecutivo, y ya el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, dijo que quedarán pendientes para dar lugar a los encuentros comunales.

En estas tres semanas de protestas, al menos 20 personas han muerto y más de 3.000 han sido detenidas. Según la Cruz Roja chilena, 2.500 personas resultaron heridas desde el estallido social hace 22 días.

La Fiscalía Nacional informó ayer que abrió 1.089 investigaciones penales por denuncias “de violencia institucional” cometida por efectivos policiales. Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado abusos de las fuerzas de seguridad contra los arrestados que incluirían torturas y vejaciones, entre otros abusos.

Los manifestantes prometen continuar con las protestas en la medida en que no haya respuestas concretas por parte del gobierno de Piñera.

Fuente: Clarín

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