COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Además de los ingresos por regalías, la actividad petrolera genera para la provincia un monto que puede estimarse en el orden de los 4.000 millones de pesos anuales en concepto de impuesto a los Ingresos Brutos, según datos que en su momento presentó el gobierno provincial con las alícuotas vigentes el año pasado. Preocupa en el sector que se intenten fijar nuevos tributos, en una actividad que resulta de extrema sensibilidad a la inestabilidad fiscal, como lo refleja hoy la situación en Vaca Muerta, donde permanecen latentes alrededor de 2.000 telegramas de despidos.

Tal como informó ADNSUR en forma exclusiva, el año pasado las regalías petroleras totalizaron 367 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 17.600 millones de pesos, a lo que se suman además otros 1.000 millones de pesos en concepto de regalías gasíferas.  

Sin embargo, los ingresos por la actividad petrolera concentrada en el sur de la provincia no se limitan sólo a las regalías, sino que a esto se suma el aporte de impuestos, como es el caso de los Ingresos Brutos.

Uno de los indicadores para estimar lo que el Estado provincial recauda por esta vía es a partir de los datos presentados por el gobernador Mariano Arcioni el 3 de septiembre último, cuando convocó a intendentes y dirigentes gremiales de toda la provincia, para exponer datos vinculados a la crisis de la economía provincial.

Ingresos Brutos al petróleo y refinados

En ese marco, al cuestionar los alcances del decreto 566 que había aplicado el gobierno de Mauricio Macri, por el que congeló los precios de los combustibles y también aplicó un tipo de cambio diferenciado para las operaciones petroleras, se presentaron proyecciones que daban cuenta de la recaudación provincial por este impuesto, con y sin el decreto, ya que la recaudación se redujo en forma proporcional al tope aplicado a los precios.

El dato que permite establecer el monto recaudatorio está plasmado en una de las placas que conformaron la presentación oficial en esa jornada: por Ingresos Brutos, el gobierno proyectaba a recaudar un total de 1.136 millones de pesos en el trimestre que va desde septiembre a noviembre, por lo que al estimarse el total anual, el tributo permitiría recaudar más de 4.400 millones de pesos.

La proyección realizada por Rentas en esa oportunidad daba cuenta de una recaudación de 991,7 millones de pesos por aplicación del impuesto sobre el petróleo crudo, más otros 144 millones sobre productos refinados y el total de la comercialización.

Por impacto de las medidas nacionales, que tuvieron una continuidad parcial después de diciembre (el precio de los combustibles se mantiene congelado desde diciembre, aunque no así el tipo de cambio para operaciones petroleras), esa recaudación se veía disminuida en un 36%, equivalente a unos 400 millones menos de lo que hubiera correspondido en todo el año.

Aún con esa merma, la industria habría aportado no menos de 4.000 millones de pesos, tomando como base los números oficiales de aquella presentación gubernamental. Ese monto representa más de la tercera parte de los 12.000 millones de pesos que el Ejecutivo había previsto recaudar en el proyecto de presupuesto 2019.

Para el presupuesto 2020, se proyecta un incremento del 22% en lo recaudado por Ingresos Brutos, mientras que el total de ingresos por tributos provinciales se estimó en los 21.000 millones de pesos, sumado a la proyección de algo más de 25.000 millones de pesos por regalías petroleras.

Preocupa la presión tributaria

En ese marco, la situación de crisis que vive hoy la provincia genera preocupación en distintos ámbitos, particularmente por lo que puede implicar la presión de algunos sectores para incrementar impuestos a uno de los pocos sectores productivos que sigue generando ingresos genuinos y mantiene además más de 11.000 puestos laborales en blanco, sin contar el empleo indirecto, en el sur provincial.

La alta sensibilidad de la industria petrolera a la inestabilidad fiscal se ve reflejada hoy parcialmente en la región, pero mucho más crudamente en Neuquén, donde el referido decreto 566 y los efectos posteriores, que hoy mantiene el gobierno nacional, llevaron a la principal operadora del país, YPF, a reducir inversiones en el orden de los 900 millones de dólares, lo que sumado a freno de otras operadoras motiva la posibilidad de 2.000 despidos, que quedaron en suspenso mientras se mantiene el acuerdo de conciliación y a la espera de una nueva ley nacional que dé certezas para la inversión en el sector.

Los planes de inversión, que deben ser presentados por las compañías en el mes de marzo, se definen por estos días con la mirada puesta tanto en lo que ocurre en el plano internacional –con un mercado tan volátil como se reflejó en el último mes, que va desde subas rápidas por tensiones geopolíticas hasta caídas inesperadas por factores tan diversos como la aparición del coronavirus- como en las definiciones políticas nacionales y provinciales. Vale recordar también que la exportación de petróleo de Chubut aporta recursos importantes al Estado nacional, a través del sistema de retenciones, que en 2019 totalizaron no menos de 6.000 millones de pesos, sin contar el aporte de otros productos primarios exportados desde la provincia.

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