Comodoro y los pasivos de una ciudad demasiado pasiva

¿Quién paga el costo de lo que alguna vez fue una gran ilusión de incursionar en el futuro de la mano de las energías limpias, pero terminó siendo una de las grandes decepciones y reflejo claro de otro proyecto frustrado para Comodoro Rivadavia? La imagen del aerogenerador de la SCPL quebrado sobre el cerro Chenque simboliza no sólo el deterioro de un parque eólico que alguna vez fue pionero en Sudamérica, sino también el fracaso de otro proyecto en el que ni siquiera se previeron las consecuencias ambientales.

“¿Quién va a poner la plata para desmontar los molinos que ya no sirven?”, se escucha preguntar en ámbitos cercano a la Cooperativa y también al municipio. Es que se trata de un pasivo ambiental, propio de todo tipo de actividad productiva o industrial, en el que no se contempló en su momento a quién correspondería asumir el costo futuro del desmantelamiento.

El pasivo ambiental es un tema en sí mismo, cualquiera sea la actividad: vale recordar que la reciente reversión del área Bella Vista, que operaba antes Sinopec, motiva aún largas discusiones para determinar si el costo de la reparación ambiental tras el fin de la concesión de esa explotación petrolera será absorbido por la compañía china o requerirá de una larga contienda judicial por parte del Estado.

La historia del parque eólico pareció destinada a fracasar, si se recuerda que desde un primer momento las señales fueron negativas. Es que a poco tiempo de que llegaron los 16 aerogeneradores de Gamesa, provenientes de España (con una potencia de sólo 660 Kw cada uno, vale recordar que hoy los equipos de Manantiales Behr entregan 3,3 mw, es decir 5 veces más de potencia), la devaluación del año 2002 transformó la deuda original de 9 millones de dólares/pesos (el negocio se hizo a fines de la era de la convertibilidad y el “1 a 1”) y se multiplicó por 4. Un intento de devolución de los equipos no prosperó, pero avanzó en cambio una larga refinanciación que permitió pagar la deuda en 10 años.

Antes ya se contaba con 8 equipos Mikon de 750 kw (fabricadas en Dinamarca y con muy buenos rendimientos) y otros 2 Micon de 250 Kw, que habían sido el puntapié inicial a la aventura de la generación eólica en la ciudad de los vientos.

La teoría no era mala y el emplazamiento del nuevo parque contó con el apoyo de Greenpeace, en una fuerte cruzada contra la industria petrolera. Sin embargo, los aprendizajes no fueron rápidos y en medio primaron caprichos políticos por sobre los técnicos: hay quienes recuerdan que estaba claro que la cima del cerro Chenque no era un lugar propicio por la violencia de los vientos, pero se mantuvo la ubicación de algunos equipos allí como reflejo de una política orientada hacia el cambio de paradigma energético y la reconversión productiva de la ciudad, algo que sonaba bien desde el discurso, pero que evidenció resultados adversos rápidamente en los hechos.

Otro factor explica también el fracaso rotundo de la generación eólica. El parque Antonio Morán de la SCPL nunca pudo ser ingresado en los planes de desarrollo eólico impulsados en la década pasada, que llegó a reconocer tarifas de 120 dólares por Mw/h de potencia generada, para incentivar la industria, mientras que a la entidad comodorense nunca se le reconocieron más de 30 dólares por Mw/h, lo que fue licuando la relación entre costos de generación y mantenimiento y el producido de la energía generada.

Así, el negocio eólico ha estado destinado desde el principio sólo para algunos protagonistas, mientras el resto es actor de reparto e incluso limpia la sala y levanta la basura al final de la marketinera película.

Quienes conocen del tema advierten dos inconvenientes: las horas grúa para desmontar un equipo de estas características (cada marca tiene sus propios requerimientos de equipos y herramientas necesarias), se miden en varios millones de pesos (no menos de 5 días de tarea intensa, dependiendo de condiciones climáticas como viento y lluvia). Si esto se multiplica por la cantidad de 26 aerogeneradores que no funcionan y que serían irrecuperables casi en su totalidad (el año pasado se anunció un plan para recuperar 5, pero la necesidad de respuestas importados en dólares habría frenado esa sana intención), es fácil deducir que en el estado en que se encuentra la entidad (cuyas conducciones llegaron a este quiebre por malas decisiones y negocios de dudosa calidad, no sólo por políticas energéticas desacertadas ni exclusivamente por vientos huracanados), no podrá exigírsele un desmonte total.

El segundo aspecto que apuntan observadores particulares es que cuando se hace este tipo de emplazamientos en tierras privadas, parte del contrato incluye la contratación de un seguro para el día en que, precisamente, los equipos se tornan obsoletos o su nivel de deterioro impide la reparación.

De este modo, se termina de enterrar una inversión que en su momento costó más de 10 millones de dólares, ya que a la compra de equipos hay que sumar los bonos de carbono, que se recibieron de Japón pero que luego la entidad tuvo que devolver porque no pudo seguir con la generación de energía limpia.

Así, es probable que la ciudad deba acostumbrarse a que con el paso de los años, cada tanto un ruido de chapas y acero crujiente le indique que otro de los viejos gigantes cae doblegado por los vientos, aunque en este caso no podrá contarse con ningún Quijote para desafiar tanta inoperancia e imprevisión.

Fotos: ypf.com, infobae.com, ypf.com