Con un kirchnerismo crítico por la ley ómnibus, en Diputados se acercan a concluir la primera jornada de tratamiento
La actividad continuará este miércoles desde temprano.
El debate culminó con la confirmación de que la reunión informativa del próximo miércoles iniciará a las 9 de la mañana. Contará con la participación del ministro del Interior, Guillermo Francos, y abordará la temática de la Reforma Electoral, así como los temas vinculados al Turismo y Ambiente. Posteriormente, de 14 a 16 horas, se espera la participación de Patricia Bullrich, seguida por la presencia del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, de 16 a 20 horas.
El jueves, en el evento programado, se espera la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell, así como del titular de la cartera de Cultura, Leonardo Cifelli, y el ministro de Transporte, Guillermo Ferraro. Abordarán temas relacionados con Transporte, Concesiones y el Régimen de incentivos para grandes inversores.
Durante la sesión, los diputados debatieron sobre diversos temas, entre ellos la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, modificaciones en el Código Civil, reglamentación de movilizaciones, derogación de la ley de creación del INADI, financiación de juicios por jurados y adopción de la toga en procesos judiciales. En relación a las modificaciones del Código Civil, el diputado Diego Giuliano cuestionó la falta de consulta a los sectores afectados, mientras que Cúneo Libarona explicó que solo se modifican ciertos artículos.
De acuerdo a lo puntualizado por Infobae, los legisladores Eduardo Toniolli y Cristián Castro abordaron el tema de la reglamentación de las manifestaciones. En respuesta a sus consultas, el ministro expresó su opinión sobre la confusión entre el derecho a la manifestación y las posibles perturbaciones, como cortar calles o amenazar, y las medidas punitivas asociadas.
Los representantes del bloque de Unión por la Patria expresaron su desacuerdo con el proyecto de Ley Ómnibus, especialmente en lo que respecta a la privatización de empresas estatales. Se cuestionó fuertemente la declaración de un funcionario público en la Cámara, quien sugirió que la crisis económica podría llevar a una suspensión del orden constitucional, considerando esto inadmisible. Se hizo hincapié en que el Procurador del Tesoro, como funcionario público y persona de confianza del Presidente, debe ser consciente de las consecuencias de sus palabras.