Construyó una mansión en un área protegida de la Patagonia y ahora deberá demolerla por violar la ley
Si bien hubo advertencias durante la construcción, el millonario dueño las ignoró, violando una ley que prohibe este tipo de edificaciones ya que alteran la conservación de la flora y fauna.
Un municipio de la Patagonia tomó una drástica medida contra los propietarios de una mansión, construida en una zona estrictamente prohibida, al tratarse de un Área Natural Protegida. Ahora deberán demoler la gran construcción, que cuenta con dos plantas en un enorme terreno.
Se trata de una construcción de grandes dimensiones realizada en Paso Córdoba, correspondiente al municipio de Roca. Los millonarios dueños del lugar desafiaron las normas, violando diferentes normas y ordenanzas de edificación municipal.
La dirección de Medio Ambiente y Arquitectura de la localidad descubrió la gran obra, que viola la Ley Provincial 2669 y las ordenanzas 2583/97 de Protección del Área, 3454/01 del Plan de Manejo y el Código de Edificación Municipal.
La construcción tiene dos plantas y edificaciones adyacentes. No tenía plano aprobado, permiso municipal ni cartel de obra. Si bien se llevaron a cabo diferentes actas de infracción y la orden de paralización inmediata emitida por el municipio, los propietarios, con una actitud desafiante, continuaron con la construcción.
Buscando justificar la legalidad de la obra, los infractores indicaron “que la propiedad no estaba dentro del ejido municipal”, teniendo en cuenta un viejo litigio entre Roca y El Cuy. Subsanado este argumento, intentaron presentar un supuesto proyecto turístico, que fue rápidamente desmantelado por las autoridades debido a la falta de factibilidad ambiental.
Según precisó Mejor Informado, los expertos advirtieron sobre los devastadores impactos negativos e irreversibles para el ambiente: movimientos de terreno, incorporación de materiales ajenos al lugar, desmonte de vegetación, generación de residuos y la afectación de valiosos restos paleontológicos.
Sin ninguna excepción concedida por el Concejo Deliberante y después de agotar todas las instancias procesales, el Juzgado Municipal de Faltas aplicó una multa de 105,000 USAM, equivalente a 12,6 millones de pesos. También se ordenó la demolición inmediata de todas las construcciones ilegales y la restauración ambiental completa del área afectada para devolver el espacio a su estado natural.