Corrupción de segunda línea: prostitución y coimas de $15.000 por vip

COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa / ESPECIAL PARA ADNSUR) -  En la misma semana en que se recordó a nivel nacional la lucha contra la trata de personas, que abarca explotación tanto de condiciones laborales como de sometimiento sexual, en Comodoro Rivadavia se concretó la acusación fiscal que involucra a un ex jefe de policía y ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad del municipio en una trama de maniobras que, de acuerdo con el tenor de la investigación, se basaba en recibir favores o en plantear la exigencia de coimas de 15.000 pesos semanales por “departamentos vip” o whiskerías que funcionan en la ciudad.

Los casos de corrupción en segundas líneas no son nuevos en la historia reciente de la ciudad, aunque no hay expedientes con resultados contundentes que marquen un freno a este tipo de actividades ilícitas desde organismos estatales.

Con la acusación presentada por la Fiscalía el viernes quedó encaminada la posibilidad de un juicio contra el comisario Alejandro Pulley, acusado por cohecho pasivo; y  el ex secretario de seguridad del municipio, Antonio Zúñiga, además de otros integrantes de ese organismo, Andrés Juvenal Velázquez (condenado por homicidio culposo, tras atropellar y matar a una persona con un vehículo oficial) y Víctor Barrientos, imputados por exacciones ilegales.

La diferencia entre ambas figuras penales es sutil, pero sirve como ejemplo para evidenciar comportamientos que en determinados ámbitos (y en tiempos de un relativismo moral del “todo vale” o “…y si todos lo hacen…”) pueden aparecer naturalizados: el primero se limita a recibir dádivas para dejar de cumplir una función (por ejemplo, la vigilancia contra un lugar en el que se explota a mujeres sometidas a prostitución).

En el segundo la acusación es por exigir dinero: en este caso, según el fiscal Martín Cárcamo, desde esa dependencia municipal se exigía un monto de 15.000 pesos por semana, en al menos un “departamento vip” (eufemismo comodorense para lugares donde se ejerce y explota la prostitución) y dos whiskerías, a cambio de evitar los controles sobre esos lugares (vale recordar que en la ciudad hay una ordenanza que prohíbe expresamente ese tipo de actividad).

La acusación se extiende además a la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que las penas previstas pueden ir desde un mínimo de 1 año de prisión hasta (dependiendo de la cantidad de casos que puedan probarse) un máximo de 18 años.

La acusación abarca además a las personas que regenteaban el departamento ubicado en Francia 510, Guillerma Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa.

El delito de explotación de la prostitución prevé penas que, considerando la cantidad de mujeres que resultasen víctimas en esta investigación concreta, podría implicar penas de entre 4 y 30 años de prisión.

OTRAS INVESTIGACIONES

La historia reciente permite remontarse hasta mediados de la década pasada, cuando una resonante causa por explotación de redes de prostitución hizo eclosión en el seno del área de Seguridad del municipio –conducida por Carlos Marsó-, aunque una sentencia posterior, que declaró la nulidad probatoria de las escuchas telefónicas en que se había basado aquella investigación, terminó diluyendo el accionar judicial.

A tal punto, que Marsó pudo volver a la función pública en el año 2011, al iniciar la intendencia Néstor Di Pierro, nuevamente desde la Secretaría de Seguridad, desde donde se impulsó la ordenanza “anti VIP” que, en la práctica, muy poco o nada ha servido para erradicar ese tipo de explotación en la ciudad.

Aunque con sus tiempos propios, el sistema judicial afronta en el plano local algunas causas que servirán como referencia en el futuro, a la hora de evaluar los mecanismos de control sobre actos de corrupción en la función pública.

Por ejemplo, está pendiente de definición el proceso que involucra a ex funcionarios del IPV, en la gestión de Abel Reyna como delegado, en una investigación que incluye una acusación de exigencias de favores sexuales y dinero a cambio de de casas, en una investigación que conduce también la fiscal Camila Banfi (responsable, junto a Martín Cárcamo, en la causa que involucra a los VIP).

LAVADO DE DINERO

Una de las investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción en la función pública sigue enmarcada en la justicia federal, en una causa que acumula más de un centenar de cuerpos y más de 10.000 fojas.

Según pudo constatarse en los últimos días a través de fuentes judiciales, la investigación por presunto lavado de dinero y otras negociaciones incompatibles con la función pública continúa en trámite y genera diligencias casi todas las semanas, a partir de los elementos reunidos tras una serie de escuchas telefónicas que involucró a funcionarios de la anterior gestión municipal, del intendente Néstor Di Pierro.

Aunque sin definiciones aun en torno a citaciones a prestar declaración indagatoria ni imputaciones concretas, la causa que surgió como desprendimiento de una investigación por narcotráfico (la denominada “apadrinados”) mantiene en vilo a una parte del poder político y empresarial.

El tipo de delitos que busca probarse, vinculado a maniobras de lavado de dinero y transferencias financieras de carácter internacional, además de una compleja red de verificaciones impositivas, impide por ahora conocer definiciones específicas, por lo que hasta ahora ha provocado más resultados en el terreno político que en el judicial propiamente dicho.

A nivel provincial, la reciente confirmación de la condena por parte del Superior Tribunal de Justicia contra la ex ministra Gabriela Dufour (junto a Omar Albornoz), por no haber preservado los bienes de Alpesca y provocar pérdidas de 5 millones de dólares al Estado provincial (ya que la empresa había sido estatizada), aparece como uno de los casos de resultado más concreto y verificable, al ratificar la condena a 2 años y 6 meses de prisión.

El tema entraña inevitables repercusiones políticas, durante los días previos a las PASO: es posible que esta semana se discuta en Legislatura, por impulso de diputados dasnevisas, si cabe o no la expulsión de la legisladora, bajo el argumento de “inhabilidad moral”, en similitud con lo ocurrido recientemente con el diputado Julio de Vido.